El coletazo de los delitos electorales
¿Quién dará plata para esta campaña?

	Donantes privados cautelosos con financiamiento electoral

Oliver Bodán

La vigencia del proceso judicial por el caso de los delitos electoral, que involucra al propio presidente Enrique Bolaños, ha despertado un clima de cautela entre el capital tradicional, que con aportes de diferentes rangos apoya a los partidos políticos en los procesos electorales.

El caso de los delitos electorales inició en 2002, a raíz de la acusación de la Procuraduría conocida como la “guaca”. En ese entonces, la ex juez Juana Méndez fijó competencia para conocer irregularidades ocurridas durante la campaña electoral del PLC e inició las investigaciones judiciales. La Fiscalía y Contraloría también tomaron cartas en el asunto.

A la fecha el juicio está pendiente de fallo y al parecer ha puesto “en alerta” a los donantes de las agrupaciones partidarias, con el fin de evitar futuras querellas judiciales por el uso de los fondos.

La Ley Electoral prohíbe a los partidos recibir donaciones o aportes provenientes de instituciones estatales o mixtas, sean éstas nacionales o extranjeras, así como recibir donaciones privadas anónimas, salvo las colectas populares.

“Creo que es muy factible que el juicio por delitos electorales afecte el financiamiento de la próxima campaña. Pero también la credibilidad del organismo electoral y el sistema cerrado de partidos actual”, opinó Manuel Ortega Hegg, director del Centro de Análisis Sociocultural (CASC), de la UCA.

El financiamiento privado constituye una de las principales fuentes de ingresos de los partidos en año electoral, el resto lo garantiza el Estado. En el caso de las elecciones municipales, por medio de una partida presupuestaria específica del punto cinco por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, destinada a rembolsar los gastos en que incurrieron los partidos o alianzas que hubieren participado en los comicios.

Según Ortega, existirá un clima de prudencia entre los donantes habituales de los partidos, dado el juicio en contra de Bolaños y la mayoría de sus ministros. “Algunos seguirán apoyando, pero buscando garantías de que el dinero será usado de manera transparente y para los fines del caso”, estimó.

Este es precisamente uno de los grandes vacíos de la actual Ley Electoral, que no regula de forma precisa el financiamiento que reciben las agrupaciones políticas. En el caso del juicio de los delitos electorales, se supone que dinero estatal fue utilizado para la campaña electoral del PLC, con el conocimiento del entonces candidato presidencial Enrique Bolaños.
“Las reglas actuales son muy laxas y los partidos y fuerzas políticas no suelen sentirse obligadas a rendir cuentas ni a la opinión pública, ni al Consejo Supremo Electoral (CSE) ni a la Contraloría. Y el CSE, al estar partidarizado, tampoco es muy exigente al respecto. Hay una especie de complicidad entre los partidos sobre el tema. La rendición de cuentas sólo se exige por razones políticas, dependiendo de las contradicciones entre los partidos mayoritarios”, señaló.

“Ocultismo” tradicional

De acuerdo a Ortega, si no hay presión ciudadana, se mantendrá el “ocultismo” tradicional con el que los partidos manejan sus fuentes de financiamiento en época electoral.

“Sin embargo, el clima actual sobre el tema de los delitos electorales se convierte en un instrumento de presión para tomar medidas que hagan más transparente el financiamiento electoral. La sociedad civil ha planteado una serie de reformas a la Ley Electoral, entre las que incluye una serie de medidas de transparencia en el uso y disposición de los recursos y la rendición de cuentas públicas, que incluye a los partidos políticos y al propio CSE”, argumentó.

Por su parte, el analista político Alejandro Serrano recomendó cautela al sistema judicial sobre el tema de los delitos electorales. “Hay que tener un enorme cuidado de no utilizar este caso como instrumento político, porque podemos llevar al país al caos y llevar a la desintegración del sistema institucional”.

De ocurrir un fallo judicial en contra del mandatario Bolaños, éste podría ser sometido a un proceso de desaforación en la Asamblea Nacional.
Según Serrano, debe vigilarse que las donaciones se realicen conforme la Ley Electoral. “Indiscutiblemente los donantes lo primero que perciben es qué grado de estabilidad, transparencia y credibilidad tienen las instituciones y las leyes en un país. Difícilmente se invierte en un país que está cuestionado todo su sistema jurídico institucional”, afirmó.