Gasto acumulado: US$16 millones
El fiasco de las pensiones

	¿Millonario gasto para nada?; piden eliminar elefante blanco, organismos internacionales deberían asumir préstamos

Oliver Bodán

La suspensión del nuevo sistema de pensiones ha generado serias críticas entre diferentes sectores del país, sobre todo por el gasto que ha significado la instalación de este nuevo elefante blanco, ahora en reposo: 43 millones de córdobas y 14 millones de dólares.

Según Cairo Amador, Vice Superintendente de Pensiones, esta cantidad de dinero ha ingresado por medio de dos partidas presupuestarias, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM); y fondos de contravalor que entregó el Seguro Social, entre otros rubros.

“Estás hablando de 12 a 14 millones de dólares. Pero no es sólo para nosotros, eso tiene que ver por un lado con la modernización del Seguro Social y tiene que ver en parte con la modernización de la Superintendencia de Bancos. Esto de alguna manera es integral”, explicó.

En cualquier caso, las críticas son inevitables una vez que el gobierno suspendió el proceso de formación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por un período de seis meses.

Una comisión interinstitucional —compuesta— por el Ministerio de Hacienda, Banco Central de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Superintendencia de Pensiones (SIP)-- decidirá la suerte de las AFP.

La historia del sistema de pensiones inició en abril de 2000, cuando los diputados aprobaron la Ley 340, Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, creando la Superintendencia de Pensiones (SIP) y sentando las bases de un nuevo sistema que regiría a los cotizantes menores de 43 años: unos 240 mil, equivalentes al 80 por ciento del total. El resto (62 mil) permanecería en el INSS.

Todo este proceso fue una de las condicionalidades para que Nicaragua ingresara a la iniciativa HIPC. “Los organismos internacionales plantearon por la vía escrita que ellos iban a paliar el impacto de la reforma en lo que hacía a 80 millones de dólares por los próximos 20 años. Ahora sacan el hombro y nos dicen que los financiemos nosotros”, explicó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.

Sin embargo, haciendo honor a la historia, fue por el consenso de 3 diputados sandinistas que la Ley 340 se aprobó, ya que votaron en contra de dicha iniciativa y de esa forma hicieron quórum.

Eliminar elefante blanco

Ana Quirós

Ahora el proceso está actualmente en suspenso. Ante esta inactividad, los diputados sandinistas proponen derogar dicha ley y eliminar la estructura presupuestaria que alimenta al elefante blanco

“Me parece ilógico que en el presupuesto aparezca un aprovisionamiento presupuestario para la SIP, si no tiene a nadie a quien supervisar. Si no hay controlados, ¿para qué jodido querés un contralor? ¿Quién te garantiza que son seis meses? Puede ser un año, pueden ser dos. ¿Y si al final se determinar que el sistema no sirve para nuestro país?”, afirma Gutiérrez.

Irónicamente, recordó el parlamentario, hace apenas un mes viajó a Chile una delegación de la Asamblea Nacional, en compañía de Ramiro Sacasa, Superintendente de Pensiones, para conocer “in situ” las supuestas ventajas del sistema.

Ahora serán los contribuyentes quienes deberán costear con este modelo suspendido por seis meses. “Terminaremos asumiendo todas y todos, no sólo los desmejorados, porque la deuda contraída con el BM y el BID es deuda pública, de todos los nicaragüenses. Además de eso, pareciera que se nos olvidó que nos subieron las cuotas, que era el otro punto de esa discusión”, afirmó Ana Quirós, miembro de la Coordinadora Civil.

Quirós se refiere a los inicios de la Ley 340, cuando se subió la cuota de cotización para el patronal y el empleado, pues dicha medida serviría “de colchón” para cubrir el déficit del nuevo modelo de pensiones.

Algunos, como el economista independiente Néstor Avendaño, esperan que los organismos internacionales informen “con transparencia” cuánto le han prestado a los nicaragüenses “en esta aventura establecida en forma clandestina entre sus funcionarios técnicos y los servidores públicos de Nicaragua, que no han contado con el respaldo nacional para negociar a favor del bienestar de la población”.

“Si hubiera cierta vergüenza profesional y autoridad moral, las instituciones de Bretton Woods tendrían que asumir toda la deuda vinculada con la reforma estructural de la privatización de la administración de los fondos de pensiones de seguridad social. Pero tengo grandes dudas que la asuman. Recordemos que son bancos”, dijo Avendaño.

Para despejar cualquier duda sobre el manejo de los recursos públicos, la Contraloría decidió en su sesión del jueves pasado solicitar al Superintendente de Pensiones un informe sobre ingresos recibidos vía presupuesto, préstamos, donaciones y “toda la información que tenga que ver con todos los gastos en que ha incurrido para manejar” dicha institución. También requiere el estado financiero al 30 de junio de 2004.

¿Plata bien gastada?

Pero el Vice Superintendente de Pensiones, Cairo Amador, justifica el dinero gastado hasta el momento para impulsar el proceso, dado que se requerían, entre otras cosas equipos de alta tecnología.

“Se necesitaba todo el equipo técnico necesario para poder cumplir a cabalidad esa función. Ibamos a estar en red permanente con todos los bancos, con las AFP, Ministerio de Hacienda, Banco Central y la Bolsa de Valores, diario íbamos a saber cuales eran los niveles de transacciones de cada uno de ellos”, señaló.

Según Amador, de no haber ocurrido la suspensión de seis meses, en las próximas semanas el Consejo Directivo de la SIP aprobaría el funcionamiento operativo de las AFP ya aprobadas.

“Esto no se debería caer precisamente porque hay una experiencia acumulada, hay un acervo de capital humano en esta Superintendencia que se ha especializado en el tema de las pensiones, de manera que lo que podemos ofrecerle a la Presidencia de la República y a la nación es nuestro ánimo de encontrar un esquema viable, potable y que sea consensuado a nivel nacional”, afirmó Amador.

Falsas expectativas

Sin embargo, el diputado liberal Noel Ramírez recomendó no crear “falsas expectativas” de que con la apertura de una comisión interinstitucional se solucionará el problema.

“La verdad es que el sistema de seguridad social está quebrado desde hace más de quince años, cualquier solución tendrá que radicar en reducir beneficios a los asegurados y en la dirección de subir las tasas de cotización --reformas paramétricas-- o un ajuste fiscal de carácter global. No hay que crear expectativas que a través de diálogo y concertación, simplemente, el déficit financiero en el sistema de seguridad social va a desaparecer”, estimó Ramírez.

El ex presidente del Banco Central también identificó a la falta de crecimiento económico como una de las causas de la suspensión del proceso.

“El país venía con el 5 por ciento anual, y ahora se ha reducido a una tasa promedio del 1 y medio por ciento en los últimos tres años. Y eso obviamente impacta en el nivel de cotizantes al sistema y en el tema fiscal”, afirmó.

Responsabilidad de las IFIs

Amparo Ballivián

Ante la suspensión del sistema, no son pocos quienes critican el papel de los organismos internacionales involucrados en el tema. Según Quirós, “son los responsables principales y hoy se lavan las manos”.

“Pero aunque ellos tienen una enorme cuota responsabilidad, nuestro grito tiene que ser ante el gobierno, porque al Banco Mundial nosotros no lo elegimos. Y la Asamblea Nacional que aprobó esa ley es co partícipe”, señaló.

Avendaño coincidió con Quirós y afirmó que el FMI, BM y BID deberían cambiar su conducta en nuestro país. “Los nicaragüenses debemos exigirles transparencia a estas instituciones. Y por supuesto, también debemos exigirlas a nuestros servidores públicos. Ojalá que nos escuchen”, estimó.

“Creo que el pecado del FMI estriba en la falta de transparencia que tiene en la imposición de las políticas fiscales, monetarias y de reforma estructural, y en la falta de ética profesional cuando avala medidas que obstruyen la reducción de la pobreza en estos países pobres”.

“No se alejan de esta opinión el BM y el BID, que son los brazos ejecutores de las políticas de reformas estructurales que administra el FMI sobre las directrices del Consenso de Washington”, puntualizó.

Amparo Ballivián, representante del BM en Nicaragua, aseguró esta semana que hace cuatro años hicieron un estudio que indicaba que “debía existir holgura fiscal” para implementar el SAP, por lo que desde esa fecha le indicaron al Estado que el sistema “no era viable”.

Por su parte, Cairo Amador también defendió a los organismos internacionales: “es verdad que se equivocaron y en eso no hay vuelta de hoja, pero hay que reconocer que están reconociendo esas debilidades del sistema que están encontrando”.