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Delitos electorales: espada de Ortega
Sentencia pende sobre Bolaños
• Gobierno abrió la
Caja de Pandora y ahora Jueza Méndez está lista
para emitir sentencia
• US$17 millones y C$163
millones manejó PLC en campaña electoral
de 2001
• Contraloría se queja
de secretismo de los bancos, CSE y PLC para determinar
abusos
Lourdes Arróliga
Lo que comenzó en 2002 como una decidida campaña
en contra de la corrupción de parte del presidente
Enrique Bolaños, despuntando con el juicio de
la “guaca”, al cabo de dos años
se ha revertido en una pesadilla para el propio mandatario.
Luego que la Contraloría
envió esta semana
el informe de la auditoría especial sobre delitos
electorales, la jueza Juana Méndez estaría
dando los últimos retoques a una sentencia que
podría derivar en la solicitud de desaforación
de Bolaños.
Desde el palco político,
los sandinistas pretenden usar el juicio como su mejor
carta de negociación
con el gobierno, mientras negocian con el PLC el destino
del reo Arnoldo Alemán en la Cárcel Modelo,
en Tipitapa.
“Para los sandinistas es una arma poderosa, pero
es desafortunado que se emplee al Poder Judicial como
arma política. Hemos transformado la justicia
en instrumento de negociación, incluso para decidir
si un reo va a la cárcel o a su casa. Todo se
ha vuelto carta de negociación”, declaró Carlos
Tünnerman, ex embajador.
Pero Méndez deslindó cualquier vinculación
política con el caso: “Dada la naturaleza
y características de este tipo de juicios, surgen
comentarios, especulaciones, apreciaciones y análisis,
pero no quiere decir que por eso el juez esté decidiendo
con criterio político”.
El caso de los delitos electorales
inició en
2002, a raíz de la acusación de la Procuraduría
conocida como la “guaca”. En ese entonces,
Méndez fijó competencia para conocer
irregularidades ocurridas durante la campaña
electoral del PLC e inició las investigaciones
judiciales. La Fiscalía y Contraloría
también tomaron cartas en el asunto.
Ahora la judicial está preparada para emitir
sentencia. “No me he impuesto una fecha, he estado
analizando las partes del expediente para determinar
elementos”. La judicial no descartó decretar
auto de prisión en contra “de algunas
personas o de todos los procesados” sin que necesariamente
estén concluidas todas las investigaciones vinculadas
al caso. “No necesariamente tienen que estar
concluidas las investigaciones para fallar”,
puntualizó. Informe de Contraloría
El informe enviado por el
ente fiscalizador a la jueza Méndez determinó la cantidad de dinero
que la alianza PLC-Camino Cristiano-Resistencia recibió para
financiar su campaña electoral, un dato manejado
como secreto de Estado por dicha agrupación
política.
De la documentación analizada, correspondiente
a los ingresos de las 13 cuentas bancarias pertenecientes
a la Alianza PLC-CCN-PRN y manejadas en el Banco Caley
Dagnall (cinco cuentas) y Banco de la Producción
(siete cuentas) el ente fiscalizador verificó que
se depositaron un total de US$17,236,963.64 y C$163,630,089.10,
detallados de la siguiente manera (ver cuadro abajo).
Pese a los datos obtenidos,
la Contraloría se
quejó de no poder comprobar si hubo o no abuso
de los recursos del Estado en la campaña electoral
de los liberales, tal y como se ha manejado hasta el
momento. La razón ha sido el secretismo con
que se han manejado las autoridades del Consejo Supremo
Electoral, el PLC y los bancos involucrados.
En el informe de la Contraloría se reportan
al menos 3 cheques emitidos por la Presidencia Ejecutiva
de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL,
ahora UNION-FENOSA), a favor del PLC, en cuentas manejadas
en el Banco Uno. Otro cheque, el número 159,
fue librado por la Presidencia de la República,
en el rubro “Proyecto de Hospitales-México”.
En comunicación del
cinco de marzo del 2004, la Directora Ejecutiva
del Banco Uno confirmó a
la Contraloría que dichos cheques —números
131, 108 y 162— fueron librados de la cuenta 514893-12-1
perteneciente a ENEL, “los cuales estamos procediendo
a solicitar información a dicha institución
para que nos aclaren el concepto y origen de los fondos
que fueron depositados en la cuenta bancaria 10010011592181
a nombre del PLC”.
| Depósito |
Doláres |
Córdobas |
| Efectivo |
8,090,624.55 |
50,850,244.42 |
| Cheques |
6,513,966.32 |
65,729,539.12 |
| *Otros |
2,632,372.77 |
47,050,305.60 |
| Total |
17,236,963.64 |
163,630,089.10 |
| *Corresponden a transferencias
entre cuentas, notas de crédito y capitalización
de intereses. |
| Fuente: Contraloría General
de la República |
Alcances de la sentencia
Más allá de los
movimientos bancarios, el debate radica en el alcance
que podría tener
la sentencia judicial, principalmente porque no existe
jurisprudencia sobre el tema.
Para Roberto Courtney, director
ejecutivo de Etica y Transparencia, cualquier fallo
condenatorio resultaría
afectando al PLC. “No creo que sea posible pasarle
sentencia a ningún candidato o persona en particular
sin primero afectar la personería del partido
jurídico que está detrás. Antes
de que la plata le llegue a Bolaños, toca al
Partido Liberal, y, por tanto, cualquier castigo a
persona, sería posterior al partido bajo cuya
sombrilla ocurre todo esto. Es difícil imaginar
que podrían castigar a personas, sin primero
quitar la personaría jurídica”.
Este escenario afectaría los intereses del PLC,
abriría una franca negociación con los
liberales y un campo de batalla en el Consejo Supremo
Electoral.
Tünnerman recordó que Bolaños podría
enfrentar un proceso de desaforación, lo cual
también podría ser motivo de negociación
con el PLC.
“El PLC lo puede poner en una situación
difícil: le damos los votos para que no lo desaforen,
pero queremos algo a cambio. Colocan al Ejecutivo en
una posición complicada, porque tiene que acudir
a los votos del PLC. Aunque no se hayan cometido los
delitos, hay un proceso, y seguramente la jueza acudirá a
la Secretaría de la asamblea para pedir la desaforación”,
dijo Tünnerman. Funcionarios protegidos
Sobre el tema de la inmunidad
de Bolaños, la
jueza Méndez afirmó que la Constitución
protege a los funcionarios únicamente en los
actos que realiza durante el ejercicio del cargo.
“Entonces aquí hay un montón de personas
que han sido protegidas por la inmunidad, pero la han
adquirido mucho después de las circunstancias
que se están investigando. Ahí hay un planteamiento
que tendré que sopesar para ver a quienes les
puede cubrir esa humanidad”, dijo.
Pese a la polémica, el jefe de la bancada liberal
en el Parlamento, Enrique Quiñónez, opinó que
el mandatario debe terminar su período. “Bolaños
empujó a Arnoldo a la justicia sandinista, ahora
no quiere ponerse en manos de ella. Aquí sobrarían
los votos (para desaforarlo), en lo personal yo sería
uno de los que sin ningún remordimiento votaría
por la desaforación de Enrique Bolaños
y que enfrente los tribunales”, dijo Quiñónez.
Pero luego afirmó: “De lo que queremos
hacer a lo que debemos de hacer hay miles de kilómetros
de distancia y esperaríamos la posición
política de nuestro partido. Yo creo que al
final el partido va a decir que lo mejor es que termine
su mandato y no desaforarlo”.
Tünnerman afirmó que no hay un procedimiento
claro de cómo enjuiciar a un presidente. “No
está establecido, eso crea un vacío legal,
por eso don Enrique no formalizó su renuncia”.
A juicio del fiscal Julio Centeno,
no hay jurisprudencia sobre el caso. “Ni siquiera me atrevo a sacar
especulaciones, las cosas están muy dramáticas”,
se excusó. ¿Y los empresarios?
La pregunta que todavía flota en el ambiente
es quienes son los verdaderos implicados en el tema. ¿Será la
juez quien determinará la responsabilidad de
los empresarios vinculados al caso?. Marco Mayorga
Lacayo, uno de los involucrados en las cuentas de financiamiento
de la campaña electoral del PLC, deslindó responsabilidades.
“Mi situación es como testigo, como todas
las cosas, participé, inicié pensando que
iba a tener tiempo con entusiasmo, y después no
me dio tiempo de meterme en nada. Ni siquiera pude meterme
a lo que pensaba, organizar fiestas, pero no pude dedicarme
para nada. Ni he querido averiguar”, dijo Mayorga.
El empresario fue firma libradora
de una de las cuentas investigadas. Afirma que
la misma no se utilizó durante
la campaña electoral. “Yo tenía
firma, pero nunca se usó, afortunadamente. Nunca
recibí dinero de nadie, nunca recogí nada.
Al final no me dio tiempo de nada. Ni nunca fui a una
reunión. No tuve tiempo de meterme”. |
