Ley “Bolaños” cae en limbo parlamentario

• AN reúne varias iniciativas de Ley de Carrera Judicial

Enrique Bolaños

Lourdes Arróliga

La principal iniciativa política del Presidente de la República en materia de reforma política, el proyecto de Ley de Carrera Judicial presentado por el mandatario Enrique Bolaños la semana pasada, tiene como objetivo reformar el sistema judicial. Pero, para algunos parlamentarios del PLC, la “ley Bolaños” únicamente servirá como “insumo” a la propuesta de ley que presentó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al mismo tema.

La Asamblea Nacional acordó enviar ambas iniciativas a la Comisión de Justicia este martes, para analizarlas y elaborar un dictamen de consenso.

En las reformas judiciales, el Ejecutivo propone la creación de un Consejo Nacional Administrativo y Carrera Judicial, que asuma las facultades administrativas de la CSJ para que ésta se dedique a funciones “exclusivas del orden jurisdiccional”.

Este punto medular de la ley fue calificado como inconstitucional por parte de magistrados de la Corte y diputados de la Asamblea Nacional.

El déficit presupuestario del Poder Judicial, es otro alegato para “no crear un órgano burocrático” en la instancia judicial, señalan fuentes consultadas por Confidencial.

FSLN y PLC evalúan

Edwin Castro, coordinador de la bancada sandinista, indicó que el proyecto servirá de “insumo”, a la vez que recomendó “revisar algunas partes” porque hay dos enfoques: “Primero dice que el Consejo Nacional es como una judicatura y quiere quitarle funciones administrativas a la CSJ para que sólo se encargue de la parte judicial, y eso es materia constitucional”.

“Pero las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno dicen que esto es una mala interpretación y dicen que es un órgano auxiliar y subordinado a la Corte”, dijo Castro. El diputado aseguró que analizarán los proyectos para alcanzar el consenso.

Sin embargo, para el diputado liberal, Noel Pereira Majano, miembro de la Comisión de Justicia, la propuesta del Ejecutivo, serviría para elaborar “mociones” a los dictámenes de minoría y mayoría que ya evacuó la Asamblea Nacional.

“Ya está el voto de mayoría y minoría (respecto a las reformas judiciales), está en el orden del día y se discutirá en su oportunidad. Eso no se puede dejar de un lado para darle cabida a otra ley. Eso significaría que el Ejecutivo violentaría la soberanía de la Asamblea”, dijo Pereira.

Según Pereira, el dictamen de mayoría también establece la conformación de un consejo, “para seleccionar, pero no para nombrar candidatos a jueces. Para darle el carácter legal lo tiene que nombrar la Corte”, dijo el diputado.

Proyecto cambiaría la justicia

Pero los artífices del proyecto consideran que si fuera aprobado en su totalidad, tendría “grandes alcances” porque abonaría a la despartidización del Poder Judicial, a través del nombramiento de jueces y magistrados por méritos profesionales, “no políticos”.

“Hemos visto a magistrados que visten las casacas rojas y rojinegras haciendo gala de su partidarismo”, criticó el doctor Fernando Zelaya Rojas, uno de los participantes en la elaboración de la ley.

Zelaya reconoce que la iniciativa podría tener un “negro futuro” en la Asamblea Nacional dominada por liberales y sandinistas.

“Pero la verdad es que el efecto que se ha producido tiene que conmover las conciencias de los diputados por muy politizados que estén, de decir, algo hay que hacer para mejorar el Poder Judicial”, expresó el ex magistrado de la CSJ.

Según Zelaya, el proyecto “está bien fundamentado desde el punto de vista jurídico y constitucional”.

“Algunos colegas dicen que desnaturaliza la atribución constitucional de dirigir y organizar el Poder Judicial que tiene la CSJ, pero no es así. El Consejo que se pretende formar es un organismo de la propia Corte, que preside el presidente de la Corte, otros magistrados, decanos y abogados de reconocida capacidad profesional”, explicó Zelaya.

“Es inconstitucional”

La ex presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, calificó de “inconstitucional” el proyecto, y consideró que “no tiene futuro”.

“La Constitución establece que le corresponde a la CSJ dirigir y organizar la administración de justicia, y los jueces son la esencia, entonces, si va a haber un órgano que va a llevar a cabo todo el proceso, y va a decir, aquí están, estos son los que van a nombrar, entonces ¿quién está dirigiendo el Poder Judicial, la CSJ o ese órgano?”, señaló Ramos.

Ramos sugirió establecer el proceso de nombramiento y sustitución de jueces propuesto en la Ley de Carrera Judicial, que presentaron en la Asamblea Nacional.

Para la magistrada no tiene sentido crear un aparato “administrativo burocrático”, que lo único que haría es aumentar la burocracia y los gastos al Poder Judicial.