La migración nos desnuda

Abelardo Morales G. *

Hemos dicho en varias oportunidades que Costa Rica ha optado por una política migratoria equivocada, ahora cada vez más injusta y con rasgos despóticos. Eso se deriva de la traducción, hecha por el Gobierno, de un problema social y económico en un tema de seguridad nacional. Las doctrinas de seguridad nacional, valga recordar, tuvieron en América Latina funestas consecuencias, y su aplicación en los asuntos migratorios ha convertido a la migración en un delito y a los inmigrantes en delincuentes.

La migración no se ha frenado sino que, muy por el contrario, se ha convertido en una aventura cada vez más riesgosa y vulnerable frente al incremento de las redes de tráfico que han hecho de ella un negocio lucrativo donde traficantes y policías se dan la mano.

Por eso preocupan los operativos policiales como el ejecutado a tempranas horas del 30 de enero en la ciudadela La Carpio, así como la presencia intimidatoria de la policía de migración en varios lugares de reunión de los inmigrantes. El de La Carpio fue un operativo “tipo ratonera”, ejecutado deliberadamente a la hora en que obligadamente hombres y mujeres salían de sus casas a trabajar. Ese tipo de operativos, aunque se dijera que estaban dirigidos al control de la violencia, infunde más temor y crea un sentimiento de vulnerabilidad y de desprotección entre los inmigrantes.

Sin duda que la acción policial estaba dirigida en contra de los nicaragüenses.

Mientras reprime de esa manera, el Estado no crea las condiciones para que los indocumentados cuenten con las posibilidades legales e institucionales para ponerse a derecho, una medida humanitaria básica para poner orden realmente sobre la cuestión migratoria. ¿Pero en verdad, este gobierno estaría interesado en ordenar la temática migratoria, con medidas legislativas, laborales y sociales, no solo policiales?
Si Costa Rica es uno de los países con altos índices de inmigración, es porque se han desarrollado condiciones en su mercado laboral que requieren de trabajadores con las características que tienen los nicaragüenses. Esa es la nueva fuerza de trabajo para algunas de las nuevas formas de acumulación y competitividad exigida a las empresas y a la economía costarricense en el mercado internacional. Los inmigrantes no son quienes causan la migración, aunque sean ellos los que emigren, por lo tanto este es un problema del desarrollo económico de este país y no de su seguridad nacional.

Lo que reciben los inmigrantes, específicamente los nicaragüenses, es un salario en la escala de los peores que se pagan en este país. También reciben salud, educación y otros beneficios, por los que muchos de ellos no cotizan. Pero los verdaderos beneficiados son empresas agrícolas, constructoras, establecimientos comerciales y de servicios, y otros tantos, que no pagan a las instituciones las cuotas patronales a las que están obligados por ley. Ese “dumping” social lo pagan los inmigrantes, los asalariados locales y las demás empresas, eso es completamente cierto. Y entre los costos que pagan los inmigrantes están la represión policial y el creciente rechazo de costarricenses que los consideran los culpables de todos sus males. Esta es una modalidad de discriminación que nos recuerda que la Costa Rica “igualitaria” ya se había terminado para los costarricenses, y entonces no queda lugar dentro de ella para los extranjeros. Así entendido, los salarios y beneficios sociales, como la salud o el bono escolar que recibe un inmigrante o sus hijos, son un beneficio que pierde un costarricense.

En consecuencia, lo que dicen algunos jerarcas de instituciones públicas sobre el costo financiero de los servicios que requiere esa población, mucho sin datos confiables, está dirigido a reforzar entre los costarricense la idea de excluir a los inmigrantes de la protección social. Ese mismo sentimiento lo reproducen, en algunos medios de comunicación, los oficiantes de la xenofobia, un cáncer que carcome a esta sociedad y que sirve de justificativo ideológico para la represión policial.
Por eso, la definición hecha por el gobierno de la migración como un problema de seguridad nacional es un error. Pero es una definición congruente con la afirmación ideológica del lugar que esta fuerza de trabajo desempeña dentro del nuevo modelo productivo local. El aparato policial como sistema represivo del Estado ejerce el monopolio legítimo de la fuerza, de manera discriminatoria, contra los trabajadores y trabajadoras inmigrantes nicaragüenses. El objetivo de esa cruzada es “detener y deportar” a los indocumentados. Aunque el mismo sistema que rige en materia migratoria, así como la falta de voluntad política de las autoridades públicas, son los que propician que el régimen de indocumentación predomine entre esa población. Ese es un abismo legal que separa a las personas de sus derechos, principalmente del derecho a tener derechos.

En consecuencia, el manejo de la política migratoria bajo un enfoque de seguridad nacional, como deliberadamente ha sido reconocido, es un viraje muy peligroso que puede tener un conjunto de efectos negativos. Entre ellos, el maltrato y la discriminación creciente contra los nicaragüenses, y la creación de nuevos conflictos con Nicaragua. Pero sobre todo, nos llama la atención sobre la necesidad de sacar el manejo de problemas que tienen una raíz social, como la migración, la pobreza o la violencia familiar, del ámbito policial, para que nos pongamos a pensar los costarricenses acerca del verdadero rumbo que se le debe dar a las consecuencias del modelo económico y social que ya se ha implantado en este país.