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Lo que esconde la
polémica sobre los SAM 7
La visita a Nicaragua del Secretario
de Estado, Colin Powell, vino a poner sobre el tapete
nuevamente el tema de los cohetes Sam 7 y las contradicciones
que han surgido entre el Ejecutivo y los militares respecto
a este tema. Pero lo más importante es que otras
aristas de la política nacional y los intereses
norteamericanos en el país han quedado al descubierto
con este hecho. Veamos algunas de ellas.
La primera espina tiene que ver
con la supuesta subordinación de los militares
al poder civil. Las posiciones de los diferentes actores:
partidos políticos, ejecutivo y ejército,
indican que no existe un acuerdo al respecto; más
bien la situación se ha tornado tensa, especialmente
para el ejecutivo y los militares, quienes se encuentran
enfrascados en una fuerte contradicción de posiciones.
Eso nos hace pensar que los pasos avanzados en términos
de control civil sobre el aparato militar no fueron
realmente consistentes y que efectivamente, el Ejército
posee un nivel importante de autonomía y peso
dentro del sistema político nicaragüense.
Las transacciones políticas
en los primeros años de la transición
le permitieron al ejército un acuerdo político
con el ejecutivo y los partidos políticos. Este
acuerdo tenía como objetivo entre otras cosas,
resguardar la institución, su autonomía
institucional y política, y operar los cambios
internos necesarios a fin de prepararse para los nuevos
tiempos. Estos cambios se operaron bajo la forma de
un proceso de profesionalización y modernización,
que no ha sido otra cosa que la materialización
del acuerdo político y ha servido para fortalecer
al ejército jurídica e institucionalmente,
además de dotarlo de una nueva legitimidad social
y política. Eso explicaría cómo,
poco a poco, ha disminuido su protagonismo en los asuntos
políticos.
El acuerdo se mantuvo muy convenientemente
durante el gobierno pasado, pero las cosas comenzaron
a cambiar más rápidamente con la llegada
a la presidencia del ingeniero Bolaños. En este
cambio, Estados Unidos está jugando un papel
de primer orden.
Estos dejaron correr el acuerdo
político y los cambios en el ejército
durante los primeros años pero, sin tragárselos,
y esperaron atentos la mejor oportunidad. Mientras ésta
llegaba, se dieron a la tarea de fortalecer poco a poco
al Ministerio de Defensa y promovieron la preparación
de cierto número de civiles en los aspectos técnicos
e institucionales para el control de los aparatos de
defensa y seguridad.
La oportunidad les llegó
más temprano que tarde. Con el escándalo
del supuesto desvío de armas de Nicaragua a Colombia
y el involucramiento del ejército en la operación,
el gobierno echó a andar una iniciativa de desarme
regional que ha tenido como centro la destrucción
de los cohetes Sam-7 que posee el Ejército de
Nicaragua. Esto ha servido para reanudar el tema de
la subordinación de los militares a los civiles
y ha reavivado el interés por un marco jurídico
que algunos califican como incompleto para este propósito.
Ahora bien, no es difícil
imaginar que detrás de la iniciativa Bolaños
se esconden los intereses de Estados Unidos, más
que los intereses nacionales. Ciertamente, en el país
nunca se ha desarrollado un verdadero debate en torno
a los temas de la defensa y la seguridad. Pero además,
llama la atención la urgencia y prioridad que
el gobierno le asigna ahora al tema y la firmeza con
que defienden sus argumentos. El ejército está
consciente de todo esto, por eso se han opuesto con
beligerancia a la iniciativa del gobierno.
¿Cómo se resolverá
esto? Aparentemente el gobierno no tiene intenciones
de contradecir al gran vecino, por lo tanto la iniciativa
seguirá su curso. Es decir, Nicaragua va a destruir
los cohetes, gradualmente, pero lo hará. El ejército
podrá oponerse, pero no le queda de otra que
aceptar en aras de preservar su existencia y a la institución.
Los partidos políticos, liberales y FSLN, podrán
declarar que es un asunto de soberanía e intereses
nacionales, pero difícilmente se opondrán
también a los intereses de Estados Unidos.
No hay muchas alternativas para
resolver este incidente, pero sus consecuencias van
más allá del tema de los cohetes. En realidad,
van a obligar a los partidos, el gobierno y los militares
a buscar un nuevo arreglo político para los próximos
tiempos, y ahí es donde se intentará resolver
de una vez el tema de la subordinación militar
al poder civil y la disminución del peso político
del ejército.
Estados Unidos difícilmente
se quedará al margen del arreglo, pues, por supuesto,
en este juego de ajedrez, el ejército solamente
es una pieza menor. La pieza mayor se llama: FSLN. Es
decir, los norteamericanos suponen que el apartidismo
del Ejército no ha significado, en el fondo,
deshacer los nudos de la institución con el Frente
Sandinista; por ello, están apostando a ganarle
el instrumento de poder que “amenaza a la democracia”.
Lo malo en el cálculo de los Estados Unidos es
que sus hijastros de la derecha no han sido capaces
de armar un grupo consistente que le haga un verdadero
contrapeso interno a la amenaza.
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