¿Permiso para delinquir?

Mónica Zalaquette

Extrañamente, los mismos medios de comunicación que hace algunos meses llenaban sus páginas con las denuncias de los múltiples actos de corrupción y lavado de dinero, cometidos por el ex presidente Arnoldo Alemán y funcionarios de su gobierno, lo presentan a éste ahora como una especie de víctima de una justicia que para ser exactos lo tiene “retenido” en su hacienda, con toda comodidad, y que le brinda múltiples privilegios y prerrogativas, dándole más bien un trato de líder político restricto que de delincuente de Estado.

Pareciera que algunos medios han emprendido una suerte de campaña de “limpieza de imagen” acelerada del reo, quizás para rebajar el costo político de su eventual liberación, y para que la Corte Suprema de Justicia, y dentro de ella los representantes del PLC y del FSLN puedan atrincherarse cómodamente en caso de que decidan acatar una resolución a favor de Alemán de la Corte Centroamericana.

Pero si acaso éste es liberado, nadie se engañará respecto de quién tiene las responsabilidades. Con su excarcelación, el PLC y el FSLN consagrarían la legitimidad del delito de Estado. Dicho de otra forma, todos entenderíamos el mensaje que ambos partidos transmiten: que se puede robar, disfrutar de lo robado y encima seguir liderando la política, siempre que se haga desde el poder y gracias la inmunidad que desde allí se les ofrece a las cúpulas partidarias.

El asunto no es político como se ha querido presentar, ni tampoco de rivalidades personales, sino ético y jurídico. Es un asunto que trasciende a las figuras de la política y que atañe a la moral pública, a los valores de la justicia y al deber de rendir cuenta por parte de los gobernantes. Y por encima de todo es asunto de evitar que los pobres sigan pudriéndose en las cárceles por delitos menores, mientras los grandes y graves delitos que sumen a las naciones en la pobreza siguen siendo premiados.

Si nos basamos en las mentalidades del caudillismo nadie debería atreverse a cuestionar las acciones ilegales de los poderosos, a riesgo de parecer su enemigo y pagar caro su audacia. La gente oscila así entre el temor a la figura que manda, la sumisión incondicional o el silencio amedrentado. Y cuando el poderoso tambalea, todos se le apartan asustados.

Por ello, los caudillos se encargan de invertir cuantiosas sumas en propaganda personal y la compra de lealtades. Pero esto no pasaría de ser un asunto folklórico, una prueba más del autoritarismo criollo, si no fuera porque le está impidiendo a las agónicas instituciones públicas, su fortalecimiento y a la nación, los consensos necesarios para enfrentar la pobreza y los desastres sociales.

No se trata entonces de la persona de Alemán, de si él nos cae bien o mal o de sentir compasión y solidaridad hacia sus desgracias personales. Se trata de deslindar a la persona de sus acciones y responsabilidades públicas y de impedir que la justicia siga siendo sierva de los intereses particulares.

Si el FSLN a través de sus representantes en la Corte Suprema de Justicia traiciona los principios del derecho mediante argucias y maniobras jurídicas, pagará sin duda el costo político más alto. Pues aún no queda claro si la jueza Juana Méndez encarceló a Alemán porque al Frente Sandinista no le quedaba más remedio ante una opinión pública que masivamente lo demandaba, o si lo hizo en respeto a la digna tradición de una justicia independiente inaugurada por la jueza Getrudis Arias.

La decisión del Frente nos aclarará si el pacto sigue vigente y con ello la traición a los millares de sandinistas que murieron creyendo en los valores de la justicia, o si el Frente Sandinista optará por un compromiso con la dignidad nacional, la búsqueda de consensos para enfrentar la pobreza y el desafío urgente de fortalecer al Estado.

Algo semejante ocurrirá con las decisiones del PLC, y la voluntad de los jueces que se han declarado como sus representantes. Sabremos si el PLC aprovecha o no su histórica oportunidad de trascender al caudillismo y convertirse en un partido de cara a la nación, que convoque un respaldo convencido del pueblo, o si sigue en la línea de promover las adhesiones interesadas.

Pero más allá del comportamiento de los políticos en los poderes públicos, está la cuestión ineludible de devolverle a nuestra patria la esperanza. La salida de Alemán sería interpretada por una mayoría de nicaragüenses como una afrenta, y hundiría a nuestro ya cuestionado sistema judicial en una crisis difícilmente superable.

Un conductor al que le pregunté cómo se sentiría si recibe la noticia de la liberación de Alemán, resumió lo anterior en una frase: “Me sentiría igual que si dejan libre al hombre que me asaltó en plena calle”.