Una salida para Nicaragua

Mónica Zalaquett

A veces les decimos a los jóvenes que pertenecen a pandillas que están frente a dos puertas imaginarias: una sin salida, la del delito y la violencia y la otra, de opción por la paz, que les abre camino hacia numerosas posibilidades. Algo parecido le pasa a nuestro país, o impulsamos reformas a la Constitución que fortalezcan las instituciones, o nos arriesgamos a ver a Nicaragua convertida en otro narco-estado, vulnerable a las presiones de las mafias locales e internacionales.

Este no es sólo un desafío para Nicaragua, sino para tantas naciones agobiadas por el peso de la deuda externa y de las injustas condiciones del comercio internacional, que protegen los intereses de las naciones grandes.
Ciertamente, el empobrecimiento de nuestros países está fomentando el desarrollo de una economía paralela y clandestina, que involucra a un creciente número de personas en los negocios de la droga, el contrabando, las apuestas, el tráfico de armas o vehículos, de mujeres, niños y emigrantes. Esta otra economía ilegal está compitiendo desde hace mucho con la oficial, por un simple asunto de precios, ganancias y oportunidades.
Pero no podemos seguir así. Este camino hacia la “lumpenización” del país, no representa ninguna opción sino un atolladero que nos atrapa en la descomposición moral y la corrupción, la violencia y el derrumbe institucional.

Así como el consumo de drogas no es más que un engañoso paliativo para el dolor de los pobres, así el narcotráfico, el delito y la corrupción representan una peligrosa trampa para Nicaragua.

Ante estas opciones estamos, ni más ni menos, a la hora de demandar a los diputados que opten por el camino que conviene al país, aún si esta decisión afecta sus intereses de partido o sus conveniencias personales. Para ello se hace tan necesaria la capacidad de presión, movilización, persuasión e influencia que demuestren las fuerzas sociales.

No es asunto de acomodarnos a los que ellos nos imponen con el pretexto de aspirar a “lo posible” en tanto no podemos conseguir “lo deseable”. Es asunto de que lo deseable es de sobrevivencia para el país, y por lo tanto debemos hacerlo posible.

Seguir atados al chantaje político, es peligroso para Nicaragua. En vez de aceptar este juego deberíamos profundizar la lucha interna dentro de los partidos entre quienes apuestan por la democratización y la despolitización de las instituciones, y aquellos que continúan en los amarres y la conspiración para perpetuarse en el poder, aún cuando se saben cuestionados.

Al igual que ocurrió con la desaforación de Alemán, que también le parecía imposible a muchos, el tema de las reformas constitucionales debe convocar a una amplia alianza nacional, porque en ellas se juega la confianza en el Estado, la estabilidad económica y la seguridad ciudadana.
Hay muchas tentaciones, a través del juego político, de retroceder lo andado y ver liberado al ex–presidente a punta de maniobras parlamentarias. Lo peor sería que los esfuerzos por hacer justicia sucumban a los errores del gobierno, si ahora se da la imagen de que los esfuerzos por democratizar el país, han sido el producto de estratagemas partidarias.

Frente a la confusión que muchas personas tienen, la presión pública debería darnos ánimos para continuar esta batalla. Ya vimos como en cuestión de horas se organizó en Costa Rica una amplia movilización que en su momento detuvo la privatización de la empresa nacional de comunicaciones y obligó a respetar la voluntad popular.

Esto nos recuerda la necesidad de tener un sentido de nación por lo menos en lo que se refiere a los temas trascendentales. Para hacerlo, y actuar por consenso, debemos abandonar la retórica política hueca alrededor del concepto “democracia” y empezar a transformarla en demandas de nuevos espacios de participación y de incidencia sociales.

Unas reformas comprendidas y defendidas por la población, van a sentar las bases para la estabilidad institucional futura que tanto necesitamos. Hasta ahora, las grandes decisiones nacionales han sido tomadas por grupos privilegiados y muchas veces corruptos, frente a una ciudadanía que observa desde lejos, desalentada por sus trucos legislativos, jurídicos y electorales.

No veo porqué debamos aceptar sumisamente ahora, que la justicia se subordine a los intereses de estas cúpulas en algo tan decisivo para la independencia del Poder Judicial, como es la elección de los magistrados de la Corte Suprema. No se trata de escoger por tómbola o dedazo, ni por medio de conspiraciones, sino de luchar porque tales elecciones sean el resultado de una Reforma Constitucional que garantice su transparencia.

Debemos hacer frente como sociedad a la imposición bipartidista y al caudillismo político. Es la única manera de aumentar la credibilidad de todos los sectores en los principios y mecanismos de la democracia.

Quienes creen que porque somos un país empobrecido estaremos condenados a vivir de acuerdo a la voluntad arbitraria de estas minorías se equivocan. Tenemos derecho a pensar, opinar y participar libremente en la vida política. Nicaragua tiene derecho a una salida hacia la democracia.