Elección en CSJ: "cisma
político FSLN-Bolaños

• Bolaños intenta cortar el hilo grueso del pacto
PLC-FSLN

Lourdes Arróliga

Enrique Bolaños

La relación de colaboración que hasta ahora ha mantenido el Frente Sandinista con el gobierno, podría romperse cuando el presidente intente cortar uno de los hilos más resistentes del pacto PLC-FSLN: las cuotas de poder en la Corte Suprema de Justicia.

La postergada elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —que salieron en julio del año pasado—, tendrá que efectuarse a más tardar a principios de septiembre, pues el 13 de ese mes culminan su período otros cuatro magistrados.

Y frente a una elección, ya sea de cinco magistrados primero y luego de cuatro, o de nueve “en un solo paquete”, Bolaños se encuentra en una situación de precariedad política, pues no cuenta con una bancada mayoritaria en la Asamblea.

Una fuente presidencial indicó a Confidencial que el gobierno visualiza la elección de los Magistrados como un paso concatenado con la aprobación de “las reformas que sean posibles en este momento” en la Corte Suprema de Justicia.

“Sabemos que no se puede cambiar todo de una vez, pues además se necesitarían cambios constitucionales, pero lo realista es sembrar la semilla del cambio con la elección de los nuevos magistrados”, indicó.

Sin embargo, fuentes políticas del FSLN y el PLC aseguran que ambos partidos están viendo la próxima elección como una oportunidad para mantener o mejorar sus respectivas cuotas de poder en la Corte.

Los sandinistas buscarán cuatro magistraturas, mientras que los liberales también apuestan a la misma cuota, quedando solamente un cupo disponible para los candidatos que proponga el Ejecutivo.

Fuentes políticas de ambos partidos indican que “aún no han iniciado las conversaciones”, pero sí tienen claro que ellos tienen la última palabra.
El diputado liberal Wilfredo Navarro aseguró que antes de septiembre “estarán electos todos”, mientras que el sandinista Edwin Castro advirtió que las elecciones podrían ser incluso antes de julio.

Si el Frente Sandinista logra las cuatro candidaturas en la nueva elección, completaría siete magistrados en la Suprema, junto con Alba Luz Ramos, Rafael Solís y Armengol Cuadra; y los liberales siete con Carlos Guerra, Iván Escobar Fornos y Guillermo Selva (más los cuatro nuevos); el independiente Guillermo Vargas Sandino y el candidato del Ejecutivo, si ambos partidos deciden “darle un chance”.

Distanciamiento con el FSLN

Según una fuente judicial, el Frente Sandinista buscará consolidar sus posiciones dentro de la Corte. “Han retrasado el nombramiento de los magistrados para sacar ventaja de la situación entre Arnoldo Alemán y Bolaños”, mencionó.

El conflicto PLC- gobierno le abre un abanico de opciones extremas: crear caos institucional (si no se realizan elecciones) y “culpar al gobierno por eso”; segundo, impulsar reformas constitucionales —para reducir el número de magistrados a siete—, “con lo que la Corte quedaría en manos de los sandinistas, que hoy por hoy tienen seis magistrados.

Según la fuente, sandinistas y liberales ven sus cuotas de poder en la Corte, como un mecanismo de protección frente a eventuales investigaciones del gobierno, sobre temas de corrupción y recordó que el caso de INTERBANK aún está pendiente.

“El Frente y los liberales se están jugando el pellejo, cuando caiga uno de ellos (por algún caso de corrupción). No lo van a permitir, entre más fieles (sean los candidatos) es mejor”, agregó la fuente.

Gobierno prepara consulta

Por su parte, el gobierno mantiene el proyecto de lanzar una consulta nacional den junio. Uno de los ejes de la consulta es recabar la opinión de la ciudadanía y sectores especializados en torno a la reforma judicial.

Esta semana surgió una iniciativa ciudadana para promover la reforma en los poderes del Estado, en un grupo en el que figuran personalidades como los doctores Alejandro Serrano Caldera, Alberto Saborío, y el directivo del MUN y Conciencia Nacional, Joaquín Cuadra Lacayo.

Entre las “reformas posibles” a corto plazo, la fuente presidencial, mencionó entre otras la aprobación de la ley de carrera judicial, una mayor especialización de los magistrados en salas y tribunales, y despartidarizar el proceso de elección.

Sin embargo, la bancada del PLC, ahora declarada opositora al gobierno descalifica toda iniciativa política del Ejecutivo. El diputado Wilfredo Navarro opina que todo lo que impulsa el gobierno o “cualquier organismo, mal llamado de la sociedad civil, no tiene ningún peso específico, porque quienes decidimos sobre reformas a las leyes somos los diputados”.

“Es como una ingerencia del Ejecutivo hablar de estos temas sin consultar con la Asamblea Nacional. El gobierno debiera preocuparse por tener una política exterior más congruente, la defensa de los recursos naturales, garantizar el cumplimiento de las promesas de campaña, o sea, que esos planteamientos del Ejecutivo son sueños de opio”, indicó.

Mientras tanto, el peso político de Bolaños en la Asamblea sigue dependiendo del apoyo que le brinde el FSLN.

A pesar de que en días pasados se les sumaron diez diputados suplentes de la bancada liberal a los nueve diputados de la bancada Azul y Blanco, la fuerza política de ésta es aún insuficiente para impedir una negociación a dos bandas, si el FSLN y el PLC, deciden repartirse los candidatos a la Corte.

Pero el gobierno insiste en poner buena cara ante el temporal que se avecina, y aduce que “aún no hemos hablado con los partidos sobre la elección”, según expresó una fuente presidencial.