Alba Luz Ramos llama al orden en la justicia

La Presidenta intenta imponer su "estilo"

• “Es importante que CSJ demuestre voluntad de ordenar el Poder Judicial”

Lourdes Arróliga

Alba Luz Ramos

Casi cinco meses han pasado desde que logró ser electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La magistrada Alba Luz Ramos, la “señora presidenta” como la llaman en algunos corrillos judiciales, intenta cumplir sus promesas de modernización e imponer un nuevo estilo en la esfera judicial.

Esta semana, sin dar más largas al asunto, la Corte en Pleno, destituyó de sus cargos a dos juezas: Flavia Solís del Tercero Distrito del Crimen y Vanessa Chévez, del Cuarto Distrito del Crimen, ambas involucradas en la liberación del narcotraficante guatemalteco Juan Carlos Ospina.

El mérito de esta decisión se atribuye, en parte, a la agilización del caso por parte de la magistrada Ramos.
“ Yo les dije que sino resolvíamos esto rápido se nos iba a venir encima todo”, comenta la magistrada, para quien dichas acciones son señales de un giro en la percepción de corrupción judicial.

“Esto ha sido de gran trascendencia para recordarnos que como servidores públicos estamos sometidos a controles y que debemos mantener nuestra conducta dentro de los cauces legales. El hecho de que durante mucho tiempo se hayan puesto quejas, que hay irregularidades y que no se haya hecho nada, se crea un estado de inanición, entonces creo que no es bueno para nadie. Uno puede creer que tiene facultades discrecionales en el cargo y que puede hacer lo que quiera y que no va a pasar nada. Mientras que si tenemos un control del tipo que sea; institucional o normativo, a través de la Comisión (Disciplinaria), no es así”, dice Ramos.

Para ella, “es importante que la CSJ demuestre voluntad de ordenar el Poder Judicial”. “Esta es una cuestión que tiene que ver con el entorno en que están ocurriendo las cosas, el contexto social y político porque hay también una manifestación de la población sobre la necesidad de ordenar al Poder Judicial”, indica la magistrada, quien ha tenido que sacrificar sus afinidades personales, pues como ella misma confiesa tenía un aprecio “especial” por la doctora Solís.

¿Le costó tomar esta decisión?, le pregunto.

“Sí muchísimo, yo siento mucha pena por esto que ha ocurrido, especialmente en el caso de Flavia porque no tenía antecedentes. Nunca se dijo que ella fuera una juez que cometiera irregularidades, ni tenía antecedentes de quejas, más que por otro tipo de cosas de carácter y de ser inaccesible. Sin embargo, es muy difícil para nosotros obviar las evidencias que se han presentado, sobre todo en un caso de tal relevancia”, responde.

Pero la Corte no recetó el mismo remedio al doctor Sabino Hernández, ex juez del Séptimo Distrito del Crimen, quien esta acusado de haber aceptado un soborno por parte de los hermanos Centeno Roque, involucrados en la quiebra del Banco Intercontinental (INTERBANK).

A Hernández sólo se le comprobó que se reunió con los implicados en Guatemala, explica Ramos y se salvó por el auto de prisión que impuso a los reos.

“Él realmente puso el auto de prisión a las personas que lo estaban acusando, entonces era muy difícil llegar a una conclusión. Pero en este caso (Ospina) hay una persona que fue capturada con 500 kilos de cocaína y que está en libertad”.

La “cacería” ha despertado el temor de algunos jueces, que amenazan con filtrar a los medios de comunicación los favores que le han hecho a los magistrados, según las fuentes judiciales.

Ramos dice no temer: “Yo no sé si han hecho favores. Yo no acostumbro llamar a los jueces para que fallen en un determinado sentido, a favor o en contra de nadie. Si algún magistrado lo hace y ellos creen que tienen que denunciarlo, que lo denuncien. La Ley Orgánica lo dice claramente, que los jueces tienen que denunciar las presiones que reciban de sus superiores jerárquicos”, indica.

¿Podrían rodar más cabezas?

Pero las cabezas podrían seguir rodando, si se comprueba la relevancia de otros casos en que los jueces –tanto de Managua como del interior del país—, han liberado a reos involucrados en el narcotráfico. La Corte registra un total de 92 casos.

“Sí, se van a investigar otros casos, y efectivamente no es la primera vez. Hay ocasiones también en públicamente se ha puesto de manifiesto que un juez ha sacado a alguien que ha sido capturado con cantidades grandes de drogas”, señala la doctora Ramos, refiriéndose a dos casos pasados: uno ocurrió en Bluefields, donde “agarraron” a los traficantes “con una cantidad bien grande” y un juez los liberó dos días después. Su destitución fue inmediata, recuerda la magistrada.

Otro juez suplente de Chontales dejó en libertad a un narcotraficante, revocando el auto de prisión que le había puesto el juez propietario.

“Cada magistrado se ha comprometido que los casos que están en los departamentos que atienden los van a investigar y se van a pasar a la Comisión Disciplinaria y después a Corte Plena, porque lo que vamos a valorar es si realmente ha habido casos de gran relevancia o menores, porque en esta ley (285 Ley Sobre el Tráfico Ilegal de Drogas, Estupefacientes y otras Sustancias Psicotrópicas) hay un amplio espectro, porque la ley cubre el que es capturado con más de 200 gramos hasta el que es capturado con 500 o mil kilos de cocaína”.

La Corte definirá si se trata de simple posesión o tráfico de drogas. No obstante, Ramos aclaró que “independientemente de eso, los jueces no deben sacar a nadie (bajo fianza)”.