El debate sobre
el drama de Rosa

Es necesario demarcar el ámbito de acción entre la ética de la convicción religiosa de la iglesia y la ética de la responsabilidad legal del Estado

Andrés Pérez Baltodano

TORONTO. Al final se impuso la ley del Estado: “No hay delito”, señaló la Fiscalía General de la República el lunes pasado, “porque lo que hubo fue un aborto terapéutico, respaldado por las leyes, para salvar a la niña Rosa, cuya vida estaba en riesgo” (El Nuevo Diario, 4 Marzo 2003). El anuncio de la Fiscalía puso fin a un caso que reveló la confusa relación que existe entre la iglesia Católica y el Estado nicaragüense.

En Europa y en los Estados Unidos, para mencionar algunas experiencias contrafactuales, la separación entre iglesia y Estado se expresa en la demarcación de los ámbitos de acción de estas dos instituciones, así como también, en la delimitación de las éticas dentro de las que ambas operan.
Hablar de ética es hablar de un sistema de normas que regula el comportamiento de un grupo social determinado. Apoyados en el pensamiento del sociólogo Max Weber, es posible identificar las características principales de los diferentes marcos éticos dentro de los que deben funcionar las iglesias y el Estado en una sociedad que aspira a ser democrática y moderna.

La ética de la convicción

Las iglesias operan dentro de lo que Weber identifica como la ética de la convicción. El poder que se ejerce dentro de este marco normativo se fundamenta en reglas que no admiten discusión. Después de todo, las iglesias presentan sus fundamentos éticos como principios derivados de la voluntad de Dios.

La fuerza y la inflexibilidad de la ética de la convicción se expresaron con claridad en las declaraciones del Cardenal Obando y Bravo con relación al caso de la niña Rosa: “[E]l Código de Derecho Canónico [expresa que], la persona que realiza un aborto provocado y a los que son cómplices les cae una pena que se llama excomunión. Ellos al cometer un aborto, les cae ipso facto una excomunión” (La Prensa, 24 de Febrero 2003, 1A).

La ética de la convicción que informa la posición del Cardenal no toma en consideración ni los antecedentes del caso que se discute, ni las consecuencias personales de las decisiones que se derivan de la aplicación del poder de la iglesia Católica. Ni las condiciones de pobreza que obligaron a la niña violada a trabajar a los nueve años, ni la violencia perpetuada contra su humanidad, ni el trauma emocional que hubiera significado para ella convertirse en una niña-madre, ni el peligro que para su vida significaba la continuación de su embarazo, condicionaron la posición adoptada por la iglesia Católica ante la tragedia de la niña nicaragüense. La ética de la convicción dentro de la que se enmarcaron las declaraciones del Cardenal, señala simplemente que el aborto –cualquier aborto— es pecado, y que por lo tanto, es condenable con la excomunión. Punto.

Llevada a su extremo, la ética de la convicción no es capaz de distinguir entre el crimen y la necesidad. En el comunicado del 24 de este mes, firmado por Monseñor Abelardo Mata a nombre de la Conferencia Episcopal, se pregunta: “¿Acaso hay alguna diferencia entre un bus lleno de pasajeros que recibe el impacto de un coche bomba y un instrumento metálico que impacta en el vientre materno para succionar un feto?” La respuesta de la Conferencia Episcopal a esta pregunta es negativa, y por lo tanto, no toma en cuenta si se trata, por ejemplo, de succionar un feto contra la voluntad de la madre para realizar un experimento médico, o de un caso como el de la niña Rosa.

La ética de la responsabilidad

La ética de la convicción es incompatible con el funcionamiento del Estado de Derecho, y con las necesidades de una sociedad compuesta por individuos que aspiran a desarrollar el uso de la razón para asumir la dirección de su destino histórico. Al Estado de Derecho le corresponde funcionar dentro de lo que Weber identifica como la ética de la responsabilidad. La autoridad que se ejerce dentro de este marco normativo está fundamentada en principios morales –generalmente de origen religioso. Las decisiones que emanan de esta autoridad, sin embargo, toman en consideración los antecedentes de cada caso legal, así como las consecuencias humanas y personales que de estas decisiones se derivan.

Así pues, la ética de la responsabilidad no es una ética pragmática y relativista que, por conveniencia, acompasa los principios a las circunstancias. La ética de la responsabilidad, repetimos, se fundamenta en principios sustantivos. Este marco normativo, sin embargo, reconoce que la realidad social dentro de la que funciona el Estado es profundamente compleja y contradictoria. Este reconocimiento es necesario para evitar que la aplicación de los principios que sirven de fundamento a la ley, no sea contraproducente. Piénsese por ejemplo, en lo que hubiera significado que la prohibición del aborto terapéutico —en nombre del principio del respeto a la vida— hubiese terminado con la existencia de la niña Rosa.

La coexistencia de los dos marcos éticos

Si algo podemos aprender del intenso debate que generó el caso de Rosa durante las últimas semanas, es que la separación entre la iglesia Católica y el Estado debe traducirse en una demarcación de las éticas que norman el funcionamiento de estas dos instituciones. Ni las iglesias deben tratar de instrumentalizar las instituciones del Estado para imponer sus convicciones sobre la sociedad, ni el Estado debe utilizar su poder para condicionar las normas que regulan la práctica religiosa de las iglesias.

La demarcación de los ámbitos de acción dentro de los que debe de operar la ética de la convicción religiosa de las iglesias y la ética de la responsabilidad legal del Estado, no debe verse como un divorcio entre la moralidad cristiana y los preceptos legales que deben normar a nuestra sociedad. Antes bien, esta demarcación debe verse como el ordenamiento de una relación de beneficio social que puede y debe alimentarse a través del diálogo.

Para que el diálogo entre las iglesias y el Estado sea efectivo, sin embargo, los representantes de estas instituciones tienen que hacer un mayor esfuerzo para articular de manera seria y coherente, los fundamentos filosóficos o teológicos sobre los que operan. Ni las ambigüedades ni los silencios utilizados por las autoridades del gobierno en el caso de la niña Rosa, ni el terrorismo discursivo utilizado por algunos líderes religiosos durante el debate de las semanas pasadas, son conducentes a la demarcación armónica de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad dentro de las que deben funcionar las iglesias y el Estado.