Salida política OK, pero
dudan sobre "cura" económica

Los pro y contra del nuevo veto

El acuerdo logrado entre el Ejecutivo y el Legislativo, en torno a la negociación de un nuevo veto presidencial, ofrece una solución al impasse político, pero hay dudas sobre si la receta económica será una buena “cura” para la enfermedad.

El economista José Luis Medal, asesor del Ministerio de Hacienda para el tema de la reforma tributaria, considera que los impuestos a los cigarrillos y a los vehículos de lujo sólo servirán “para destrabar el veto”, mientras que la solución para el déficit creado por los aumentos salariales que otorgó la Asamblea, pasa por una “reforma tributaria integral, que desmantele las exoneraciones y tratamientos especiales y trate a todos por parejo”.

Otro experto económico, Néstor Avendaño, es incluso un poco más pesimista y advirtió que la situación económica podría empeorar, si se produce una baja en la recaudación de los altos impuestos que ya pagan los cigarrillos, como él vaticina que podría suceder.

En el plano político, el acuerdo tiene la virtud de proyectar a nivel internacional una imagen de consenso nacional. “Esto es crucial para las relaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y se percibe como el preludio de una reforma tributaria consensuada”, comentó un diplomático europeo.

“En general, al Fondo le preocupa que se imponga una tendencia marcadamente recaudatoria en la reforma tributaria, porque en una economía que apenas está despegando, el impacto de nuevos o más impuestos puede ser económicamente contraproducente”, explicó la fuente.

“Lo importante, por ahora, es que hay una señal de consenso”, destacó. Pero la letra menuda del acuerdo, y su impacto en las relaciones Bolaños-PLC-FSLN es más complicada. La bancada liberal ha anunciado que podría abstenerse de votar esas leyes, y en el seno de la sandinista se han generado algunas discrepancias internas en torno a los alcances del acuerdo.

Por ejemplo, los sandinistas insisten en que debe cobrársele a los bancos la deuda por el impuesto de la renta no pagado desde 1997, y algunos sectores están inconformes en que el FSLN haya “cedido” en el tema de las transferencias a las alcaldías.

Alternativas económicas

El economista José Luis Medal explicó que el compromiso de la Reforma Tributaria de elevar las recaudaciones en un 1% del PIB, (unos 400 millones de córdobas), ya no será suficiente, porque hay que sacar de algún lado los recursos para pagar los aumentos salariales.

Nestor Avendaño opina que gravar más a la industria tabacalera propiciará el contrabando de cigarrillos, lo que reducirá los ingresos que el Estado percibe por esa vía, y agravará la situación difícil en que están las recaudaciones de la industria fiscal, por los elevados impuestos que ya paga el tabaco.

“Más o menos la mitad de lo que se paga por cada cigarro corresponde a impuestos”, aseguró.

Sobre el impuesto a los vehículos de lujo, Avendaño cree que habría sido más efectivo eliminar las exoneraciones y exenciones de que disfrutan muchos funcionarios públicos, antes de elevar el Impuesto Específico de Consumo.

El experto propuso subir el IEC a los componentes importados de la canasta básica de las personas de mayores ingresos, para hacer más progresivo el cobro de los impuestos en Nicaragua, a la vez que consideraba “un craso error”, el tratar de recaudar impuestos por la vía del FOGADE, porque éste se financia con los depósitos de los ahorrantes, no con dinero de los bancos.

Según una fuente ligada al Ministerio de Hacienda, el impuesto al sistema financiero que permitiría recaudar 40 millones de córdobas, se origina en una reducción de la tasa del FOGADE del 1 al 0.75% de los depósitos.

PLC y FSLN a la espera

Pese a la participación de los diputados David Castillo y Oscar Moncada en la comisión Ad Hoc que negoció con el Ejecutivo, la bancada del PLC decidirá la mañana de este lunes su posición oficial.

“No queremos ser copartícipes del Pacto Ortega-Bolaños ni responsables por el daño que se le pueda hacer al sector privado del país”, dijo la diputada Jamileth Bonilla.

Al considerar que de todos modos esas iniciativas no permitirán recaudar todos los recursos que se necesitan, la representante liberal opinó por impulsar una Reforma Tributaria y mantener los cambios al presupuesto que la Asamblea Nacional acordó en diciembre del 2002.

El diputado Gustavo Porras, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, dijo que “la información que yo tengo es que hay una aceptación en términos generales por parte del Ejecutivo, para respetar las asignaciones presupuestarias que la AN le dio a los diferentes sectores”.

Si eso es así, el Frente Sandinista apoyaría la propuesta presidencial, al encontrar que esta es acorde con la decisión de aumentar salarios de maestros, policías, personal médico y militares, así como transferir fondos a las alcaldías y las universidades.

Pero las peticiones son tantas y los recursos tan pocos, que no será posible satisfacer a todos en los períodos previstos inicialmente, debiendo desfasar la entrega de algunos paquetes presupuestarios, por lo que Porras propone no soltar la presión sobre el Ejecutivo, hasta que esos compromisos no sean ley de la República.

“No creemos en la palabra del Presidente Bolaños”, dijo el legislador. Sin embargo, esperan que las “medidas recaudatorias emergentes”, permitan obtener a plazos los recursos necesarios para transferir 120 millones a Salud; 35 a Educación, 51 a las universidades, y “lo que corresponde a la Policía y el Ejército”.

El planteamiento parece ser que es mejor “poco a poco, que nunca”. Esta propuesta difiere en mucho de la que el Frente Sandinista defendió desde diciembre pasado, cuando sus votos sirvieron para modificar el anteproyecto de presupuesto. Pero Porras apuesta a que en la mente de los asalariados que serán beneficiados por la medida, el FSLN se constituirá como un “factor de solución para pagarles sus salarios”, aunque tengan que esperar.

Alcaldes molestos: al margen de la negociación

La diputada Emilia Torrez, Presidenta de la Comisión de Assuntos Municipales, rechazó la tesis de que el acuerdo vaya a dañar la imagen del FSLN como abanderado de las alcaldías.

Los sandinistas ahora argumentan que será más fácil encontrar una salida al tema de las reasignaciones para los municipios, regresándoselas al IDR, FISE e INIFOM, con el compromiso que “al ejecutar estas asignaciones contrate a las alcaldías para que sean las ejecutoras”, o contratar a un tercero, pero “de acuerdo con las alcaldías”.

Esto permitiría resolver el problema con los donantes, causado cuando se cambió a la entidad ejecutora de los proyectos, para que todo vuelva a la normalidad, ganando tiempo para empujar una Ley de Transferencias para el año 2004, esperando que se pueda ofrecer hasta el 3.2% del presupuesto que se les había asignado con las reformas de diciembre.

Aunque el acuerdo cambia drásticamente lo que les prometieron en diciembre, los alcaldes podrían resignarse al acuerdo sobre el nuevo veto, pero el hecho de que se negocie a sus espaldas les molesta, según explicó Melvin Romero, Presidente de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC).

Romero adelantó la posibilidad de que más de un centenar de comunas cierren sus puertas en protesta porque están siendo excluídos de la negociación, y porque ya no tendrán el dinero prometido.

José Antonio Alvarado, asesor político del Presidente Bolaños, negó que haya menosprecio para los ediles, y defendió la idea de regresar los fondos a las entidades ejecutoras, porque eso “beneficiará a las alcaldías”.