¿Partido o nación?

Mónica Zalaquett

”Por querer defender la unidad liberal el Gobierno no puede darse el lujo de alejar las posibilidades de una convergencia nacional”.

Este viejo dilema que evidencia la precaria institucionalidad del Estado nicaragüense, vuelve al tapete empujado ahora por las condicionantes del Fondo Monetario al Presupuesto General de la República y la gama de oportunidades que las negociaciones entre asamblea y ejecutivo han abierto al chantaje partidario.

Las condiciones del FMI se han convertido en el instrumento de las cúpulas políticas en vez de ser un tema de urgente debate sobre el interés nacional. Más allá de los argumentos y del contenido mismo de la negociación, es evidente que cada partido las está utilizando para el provecho propio: Sandinistas para ganar terreno frente a las próximas elecciones municipales y liberales para ganar diversas concesiones y entrar de lleno en el gabinete gubernamental.

Por su parte el Gobierno, pretende resistir las presiones con amenazas de recortar el gasto público y dejar en el desempleo a millares de personas de no aprobarse el veto presidencial. Con ello cae perfectamente en la provocación revelando debilidades en vez de mostrar la fuerza que quiere aparentar. En lugar de buscar consensos, divide y crea grandes incertidumbres en la población. Olvida el Gobierno que existe un enorme descontento alrededor del desempleo y que tales amenazas no son más que una nueva oportunidad para quienes quieran utilizarlas con fines políticos.

A su vez, el Fondo Monetario se beneficia de estas contradicciones a la hora de imponer ante un interlocutor dividido, sus propias reglas del juego. Como rectores externos que son de la economía y por qué no añadirlo, del destino nacional, no se preocupan tanto de las implicancias de tales medidas, cuanto de ajustar nuestras acciones económicas a unos dictados bastante implacables. Su filosofía es la hacer encajar la realidad a unos planes que no toman consideración el costo humano, las necesidades del desarrollo o las repercusiones sociales.

Paradójicamente, el representante del FMI en Nicaragua planteó en reciente entrevista a Confidencial, la necesidad de construir consensos entre los partidos y el Gobierno, pero no se refería a consensos relativos al interés del país, sino para avalar desde la Asamblea Nacional, las propuestas que ellos han formulado. Lo que debería hacerse, por el contrario, es definir una estrategia económica consensuada por la nación y sobre la base de esta propuesta unitaria, negociar las mejores condiciones con los organismos financieros multilaterales.

En este sentido, las presiones del Fondo le están ganando terreno a las intenciones del Gobierno de impulsar un acuerdo económico nacional, que se vuelve imperativo y para el cual ya se han hecho numerosas propuestas y aportes desde distintos sectores de la sociedad. Es necesario comprender que las decisiones del Fondo Monetario ya no son sólo económicas sino también políticas, porque retrasan la búsqueda de consensos, dificultan el camino por fortalecer las instituciones y nos empujan hacia el viejo camino de las confrontaciones partidarias.

A estas alturas parece claro que gobernar una nación cuyo verdadero gobierno no es nacional, ha resultado y seguirá resultando un mal negocio para el partido triunfante. De la misma manera, ser oposición al gobierno que administre tales medidas podría considerarse atractivo por los descontentos que resultan “políticamente capitalizables”. Y la experiencia nos demuestra que si bien las burocracias internas son malas, las externas son peores, y la combinación de ambas una mezcla fatal, que facilita la corrupción y promueve los descontentos sociales.

Han surgido por ello muchas voces críticas desde los mismos organismos financieros multilaterales. El ex vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz ha cuestionado severamente el enfoque reduccionista de las recetas económicas unidimensionales y aboga por una perspectiva que tenga en cuenta, junto con lo económico, las instituciones, la política, el desarrollo humano y el medio ambiente. Pero, ¿cómo podremos ampliar esta perspectiva si no existe una visión nacional sobre ella, o si los gobiernos siguen portándose como simples administradores locales? Para el caso nicaragüense, cambiar el gabinete como estrategia de negociación para que la Asamblea Nacional acepte las reglas del FMI, podría ser una decisión suicida para la estabilidad y representatividad de un gobierno que ha tratado en todo momento de tener un cariz nacional. Quizás podría obtenerse una aprobación más expedita de las propuestas gubernamentales en la Asamblea, pero se eliminará el perfil de amplia representatividad que el ejecutivo necesita más que nunca para gobernar.

Ese afán de unir a los liberales en la Asamblea y la Presidencia para cerrarle el paso al avance sandinista, podría resultar en lo contrario, en un sandinismo reforzado por la polarización nacional.

Los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país, ampliados por la posibilidad una guerra en el Medio Oriente, deberían hacer pensar al Gobierno y los partidos en la urgencia de dedicarnos a fomentar un sentido previsor y patriótico en la gestión pública. En otras palabras, por querer defender la unidad liberal el Gobierno no puede darse el lujo de alejar las posibilidades de una convergencia nacional.