Bolaños
abre nuevo juego con Asamblea
Año
2: clamor por estabilidad
Veto
parcial y reforma a ley de presupuesto: prueba
de fuego de “nuevas relaciones”
Prioridad
presidencial: reforma política, inversión,
TLC y reunificar al liberalismo
Iván
Olivares
A
pesar de que la bancada del Partido Liberal Constitucionalista
quedó excluida de la Junta Directiva de
la Asamblea Nacional, aún es posible que
ese poder del Estado salga de la crisis con que
cerró el 2002, y comience a trabajar en
la aprobación de unas 140 leyes que están
pendientes desde por lo menos el año pasado.
Esa
es la percepción de varios diputados de
las bancadas sandinista y Azul y Blanco, corroborada
por Eliseo Núñez, vocero del PLC,
cuando adelantó que puede esperarse que
la representación de ese partido sea “más
flexible que en el 2002”.
Pero
hay una condición: el gobierno debe reconocer
que los liberales tienen sus propios criterios
en varios temas, entre ellos las reformas que
tienen rango constitucional, por lo que será
necesario que escuche lo que esa bancada tiene
que decir, habida cuenta que sin sus votos no
podrá hacerse ninguna de esas reformas.
Una
fuente presidencial señaló que Bolaños
tiene cuatro prioridades en el 2003: promover
las reformas políticas, alcanzar el TLC,
fomentar la inversión privada y pública,
y reunificar al liberalismo.
“El
Ejecutivo quiere que le aceptemos todo, pero hay
que discutir para lograr consensos. Nosotros le
ofrecemos nuestro respaldo político a cambio
de que haya tranquilidad política hasta
las elecciones municipales, esto es, que cese
en su intento de apoderarse del partido, porque
si lo sigue debilitando, perdemos todos”,
dijo Núñez.
Los
parlamentarios Miguel López Baldizón
y Jaime Morales Carazo hicieron notar la presencia
de unos 20 diputados liberales en un cóctel
ofrecido en la Presidencia de la República
el pasado viernes, así como el hecho de
que una treintena de ellos más sus aliados
de Camino Cristiano estuvieron presentes en la
salón plenario escuchando el discurso del
Presidente Enrique Bolaños.
El
sandinista René Núñez cree
que “ya no hay condiciones para que se repita
el boicot parlamentario” ensayado durante
los últimos meses del 2002. “Ahora
veo una actitud positiva en la representación
del PLC en la Asamblea Nacional, y creo que seguirá
siendo así”, confesó.
Su
colega de bancada, el diputado Wálmaro
Gutiérrez, recordó que “hay
escasos 47 votos, pero me da la impresión
que esta nueva mayoría tiende a crecer
al punto que no veo peligro a corto o mediano
plazo para garantizar el quórum de las
sesiones ordinarias”, recordando que “muchos
diputados señalados como arnoldistas han
sido enfáticos en plantear que están
interesados en incorporarse a las sesiones”.
Citó
entre otros a “gente como David Castillo,
Noel Ramírez, o el mismo señor [Carlos]
Noguera”.
Prerrequisitos
Pero
eso no significa que el Poder Legislativo vaya
a extender un cheque en blanco al Presidente Bolaños.
A la condición de los liberales expuesta
por el vocero Núñez, se suma la
que citó el diputado Gutiérrez,
quien dijo que “este Ejecutivo tendrá
que hacer esfuerzos enormes para lograr consenso
en la Asamblea Nacional”.
El
requisito para que “le podamos aprobar todas
sus propuestas” es que estén hechas
para favorecer a los sectores populares, reveló
adelantando que cree que el plenario rechazará
una probable reforma presupuestaria si ésta
trata de beneficiar el pago a los bancos, en contra
de los trabajadores del Estado a los que pretende
beneficiar la reasignación de 370 millones
de córdobas.
“Yo
no miro votos en la Asamblea para eso, pero si
él me dice que pondrá 370 millones
de córdobas producto que va a hacer pagar
lo que los bancos deben en concepto de IR, allí
yo sí le apoyaría una reforma para
que esos 370 millones de córdobas vuelvan
a pago de intereses de deuda interna. Esa es la
idea, igual cosa pasará en lo electoral,
igual cosa pasara en el Poder Judicial”,
aseguró.
¿Será
posible?
Conociendo
esos requisitos, el Gobierno espera lograr una
“reforma al Poder Judicial, la modernización
del Sistema Electoral”, así como
que “todos nos comprometamos en una agenda
básica de nación”, y a establecer
una “estrategia nacional de desarrollo”,
pidió el Presidente Bolaños.
En
las cuentas del gobierno hay nueve votos fijos:
los de la Bancada Azul y Blanco, y 38 sandinistas
con los que podría contar “si hay
un plan estratégico a largo plazo para
combatir la pobreza, generar desarrollo, fortalecer
el país y mejorar la producción”,
detalló el diputado René Núñez.
El diputado Miguel López no la ve tan difícil,
recordando que esas propuestas no son nuevas,
y que hay funcionarios del Ejecutivo y de la Corte
Suprema de Justicia que han hecho estudios y recomendaciones
para reformar la Ley Electoral y modernizar al
Poder Judicial.
La
posibilidad de que el Ejecutivo vete –o
reforme parcialmente- la Ley del Presupuesto general
de la República para el año 2003
será una temprana prueba de fuego que pondrá
a prueba su capacidad de cabildeo y negociación.
Núñez,
el vocero del PLC, cree que es casi seguro que
el plenario rechace el veto presidencial, a menos
que se decidan a discutirlo con los legisladores.
A
Morales Carazo le pareció normal que la
propuesta del Ejecutivo abra una negociación,
máxime recordando que se requiere de una
mayoría calificada para aprobar las modificaciones
que tienen rango constitucional.
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140
Leyes pendientes en la tubería
La
agenda parlamentaria para el 2003 incluye
“ponerse al día” con
unas 140 leyes que deben ser discutidas
para decidir si se incorporan o no a nuestro
cuerpo legal.
Entre
otras, además de la urgente Ley del
Presupuesto, se menciona la Ley Forestal,
la de Pesca, la de Transporte, la del Agua,
la de Servicio Civil y Carrera Administrativa,
la de Igualdad de Oportunidades, el Código
Penal, la de Autonomía de la Costa
Atlántica, el Código Tributario,
etc.
Otras
leyes pendientes tienen que ver no sólo
con la pretensión de hacer cambios
profundos en los poderes Electoral y Judicial,
sino también con respecto al TLC
con Estados Unidos; el Plan Puebla Panamá,
y otras leyes referidas a la integración.
Además,
legislar en materia de venta de activos
de los bancos que quebraron, para permitir
que los productores puedan recuperar sus
propiedades embargadas, buscando alternativas
para que honren sus deudas.
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