Demandan cambios en poderes del Estado

CONPES propone
"reforma política"

Reducir la Asamblea a 51 diputados; PLC y FSLN reaccionan a la defensiva

Iván Olivares

El Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, (CONPES) presentó una propuesta para modernizar el marco jurídico del Estado nicaragüense, con la intención de “buscar una salida” al pacto libero-sandinista, pero representantes de esos dos partidos se muestran renuentes a discutir el tema en medio de la crisis política que envuelve a la Asamblea Nacional.

“La partidarización destruye la institucionalidad. El pacto Ortega-Alemán viene a llevarnos a un callejón sin salida. Tantos votos de un lado, tantos votos del otro... las decisiones que toman [los políticos que integran las instituciones] son eminentemente partidarias, y eso nos lleva a que las instituciones no funcionen”, dijo el Dr. José Luis Velásquez, Secretario Ejecutivo del CONPES.

Ante esa realidad, las 54 entidades que componen el Consejo aprobaron un documento de trabajo en el que proponen de forma directa hacer cambios sustantivos a tres de los cuatro poderes del Estado (Judicial, Electoral y Legislativo) y de forma indirecta al otro, el Ejecutivo.

En el primero de los casos, la propuesta incluye crear un Tribunal Constitucional compuesto por tres magistrados, el que deberá ser independiente de la Corte Suprema de Justicia, a la que limitarían a siete miembros y dividirían en tres salas: Civil, Penal y de lo Contencioso Administrativo.
Los tribunales de apelaciones se convierten en Cortes de Apelaciones, y tanto sus integrantes, como quienes sean nombrados jueces de distrito y locales, deberán competir en un concurso público de méritos y evaluación personal, conforme a su desempeño en el ejercicio de la profesión.
También proponen crear un “Consejo de la Judicatura” que se encargue de los aspectos administrativos del Poder Judicial, como hacer llegar los cheques a tiempo, o “crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Administración de Justicia; autorizar el ejercicio de la Abogacía y el Notariado”, y “ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados, jueces, funcionarios judiciales... abogados y notarios”.

Reducir la Asamblea

El documento invita a reformular al Consejo Supremo Electoral, al proponer disminuirlo “de Poder del Estado” a “Instituto Electoral autónomo, de carácter técnico para administrar los asuntos electorales”. Así mismo, propone “establecer el principio de No Reelección Absoluta a nivel de Presidente de la República”.

Además, que todas las elecciones se hagan juntas, con excepción de las regionales de la Costa Atlántica; que el mínimo para ganar la presidencia sea el 45% de los votos; que los partidos que obtengan el 2% de los votos válidos conserven su personería, y que puedan acudir a elecciones en alianza sin perder su personería independientemente de los resultados.

La “reforma política” del CONPES también apunta hacia la Asamblea Nacional. De aceptarse su propuesta tal como fue redactada, aquella debería disminuir de 92, a 51 el número de sus integrantes, para dejarlo en uno por cada 100,000 habitantes aproximadamente.

Los diputados serían electos “uninominalmente”, para acabar con el caudillismo e intentar que en verdad los diputados representen a sus electores, y no a quienes los designaron para que ocuparan una posición en la lista del partido.

El Dr. Velásquez dijo que esta última proposición apunta a lograr que los electores escojan a sus diputados “uno por uno, y no por planchas”. En teoría, eso obliga a los partidos a recoger las preferencias electorales, en vez de que sea el caudillo quien escoja a los candidatos.

“Esto hace también que los diputados respondan a sus electores y no al caudillo que los eligió, porque ¿a quién obedecen los diputados?, al caudillo que los puso porque ellos sienten que no le deben nada a sus electores”, detalló.
Aunque el documento no lo menciona directamente, la moción también afectaría al Poder Ejecutivo, cuando propone “bajar los réditos de la política”.

Velásquez explicó que “como no hemos podido crear empresas privadas fuertes, los premios, las mayores recompensas, se encuentran en la actividad política ligada al Estado, por lo que muchos prefieren ser empleados públicos en vez de tener su propia empresa. Con esto queremos encausar más energías hacia la actividad privada, así como limitar salarios, número de magistrados, etc., buscando un estado más compacto y eficiente”.

Dijo que “la propuesta del CONPES confiere al PLC y al FSLN la oportunidad de modernizarse, de hacer la transición de la cultura caudillesca mágica, a una cultura racional y democrática... y para que sus líderes (Alemán y Ortega) salgan por la puerta grande de la historia, al comprometerse con los cambios sustantivos que requiere el sistema político nicaragüense”.

“Ellos tienen el poder de impulsarlo desde el sitial que ocupan en sus partidos, pero sabiendo que ellos mismos no podrán regresar al poder, y retirarse como grandes figuras públicas que propiciaron la transformación. Ese sería su premio histórico”, aseveró.

PLC y FSLN no apoyan

La propuesta no le hizo ninguna gracia a dos diputados consultados (la liberal Yamileth Bonilla y el sandinista Edwin Castro), que identificaron más peligros que ventajas en la idea de discutir en este momento la propuesta del CONPES.
Para la diputada Bonilla, antes de sentarnos a discutir esta propuesta habría que responder varios tipos de interrogantes.

El primero es averiguar “quién está detrás de todo esto. ¿Quién tiene interés?, porque casi siempre son los organismos internacionales poderosos los que le imponen este tipo de condiciones a los países necesitados, olvidándose que son esas recetas las que han llevado al caos económico a los países que las han seguido”, aseguró.

Luego, hay que preguntarse si el único interesado no será sólo el Poder Ejecutivo y está “lanzando al CONPES para que haga esa propuesta. Si es así, yo me pregunto: ¿es esa su prioridad?; ¿es ese tema una limitante para resolver los problemas económicos, políticos y sociales de la nación?”, cuestionó.

“¿Es esta revolución en el Estado una condicionante para que el Estado arranque? ¿Ya resolvimos los otros problemas para meternos a esto?”, insistió.

En vez de eso, la diputada cree que hay que “hablar de una Constituyente, no sólo ver cuantos magistrados y diputados hay que eliminar para ahorrar dinero, o si la reducción necesariamente va a despolitizar las instituciones del Estado”. Con todo, recordó que el PLC está de acuerdo con prohibir la reelección presidencial, por lo que no cree que ellos vayan a significar un obstáculo al discutir el tema.

Para el diputado Castro, “no es serio lanzar esa propuesta en este momento. ¿Con quién la van a aprobar si para hacerlo se necesitan 56 votos (porque se necesita una reforma constitucional), y ni siquiera tenemos 47 para desaforar a Alemán?”.

Consideró que “no es viable” poner el tema a discusión en este momento, cuando “la Asamblea está paralizada”, y rechazó el argumento de que el CONPES prefiere ver a largo plazo en vez de quedarse enfrascado en temas coyunturales porque “no habrá futuro si no podés resolver el presente”.
Al considerar que esa propuesta “no puede ser seria si no se cuenta con los votos suficientes”, Castro dijo que le parecía que más bien se trata de “desviar la atención de los problemas actuales”.

El diputado fue más allá al analizar otro argumento del Dr. Velásquez, que considera que el CONPES está adelantándose al llamado a diálogo que supone habrá en enero, porque “si eso es cierto (el diálogo), quiere decir que José Luis Velásquez está insinuando un arreglo Alemán-Bolaños, y eso es peligrosísimo para la institucionalidad”.
Hablar de diálogo nacional en enero “nos lleva a Arnoldo Alemán, porque ¿con quién del PLC se va a sentar a dialogar Bolaños, si no es con Alemán? Si Alemán ya no estuviera [en la vida pública] entonces sí, pero ahorita, hablar de diálogo, ¿con qué escenario y con qué actores lo va a hacer?”, interrogó.

En referencia a la posibilidad de prohibir la reelección presidencial, dijo que el Frente Sandinista no ha discutido ese tema, -ni siquiera en privado- por lo que no tienen una posición oficial al respecto.

Otras reformas

Además de las establecidas anteriormente, el documento abre a debate otras mociones que cambiarían significativamente el ejercicio de la política, y de rebote, el de la enseñanza del Derecho.

Para los inmunes: “En materia de inmunidad de los funcionarios públicos, se recomienda limitarla a actuaciones relacionadas al ejercicio de su cargo”.

Para los abogados: “Se recomienda la revisión de la Ley de Amparo, de acuerdo a las recomendaciones planteadas anteriormente”.

Para los profesionales del Derecho: “Revisión de leyes relacionadas a la Administración de Justicia, códigos, y sobre el ejercicio de la Abogacía y el Notariado”.

Para las universidades: “Con relación a la carrera de Derecho, se recomienda hacer una revisión profunda de las Escuelas de Derecho actuales y de la calidad de los cursos que imparten”.