Autoridades viajan a México a investigar caso

2do. “round”: conexión mexicana

Procuraduría investiga a fondo “triangulación” Canal 6-AZTECA HOLDINGS-PCS

Señalan a empresa mexicana de estar involucrada en tráfico de influencias, procedimientos anómalos, y no tener capacidad técnica

Sospechan que AZTECA HOLDINGS quería “revender” licencia y no tenía intenciones de operar

Oliver Bodán

Roberto Duarte

Detrás de la adjudicación de la licencia mediante la cual se autorizó a la compañía mexicana AZTECA HOLDINGS S.A., la prestación del servicio inalámbrico de comunicaciones personales, podría haber toda una oscura trama de tráfico de influencias, procedimientos anómalos, favoritismo y falta de transparencia, según documentos del proceso de licitación a los que tuvo acceso Confidencial.

El propósito de la trama habría sido favorecer a dicha compañía, vinculada al mexicano Alejandro López Toledo —sentenciado con auto de segura y formal prisión por la juez Gertrudis Arias— y representada por Edmundo Javier Téfel Cuadra, a quien la judicial ordenó abrir proceso. La sospecha motiva a la Procuraduría a emprender una investigación a fondo.

“Sí se va a tomar una acción, ya están dándose los primeros pasos para tomarla, porque la cola de esto (la malversación de fondos del Canal 6) es esta concesión. Lo que pasa es que como se trata de un delito transnacional está más enredado, porque hay que viajar inclusive a México. Sé que alguien anda investigando ya eso”, declaró a Confidencial el procurador especial en el caso, doctor Alberto Novoa.

Una hipótesis que maneja la Procuraduría es que parte del dinero defraudado al Estado, a través de una triangulación que involucró a varias instituciones —INTUR, TELCOR, ENITEL, Aeropuerto...—, fue utilizado para “abonar” a la concesión de dicha licencia. Sin embargo, a la fecha no hay pruebas al respecto.

No obstante, documentos a los que tuvo acceso Confidencial demuestran que, desde el inicio, AZTECA HOLDINGS entró como “Juan por su casa” en la licitación que propició TELCOR. Una fuente del gobierno confirmó que hubo “un excesivo tráfico de influencia” porque Alejandro Toledo estaba en el equipo técnico de dicha privatización de la banda A y “además tenía otros intereses en Canal 6”. El martes de esta semana el gobierno recibió una comunicación de que vendrían dos representantes de Azteca Holding, Rafael Rodríguez y Francisco Borrego, pero a la fecha no ha pasado nada.

Los documentos vinculados al caso revelan un “rosario” de irregularidades que ponen en entredicho la anterior administración de TELCOR, presidida por David Robleto Lang, quien podría ser investigado por la Procuraduría.

Una de las principales dudas está relacionada a la adjudicación misma. Tomando en cuenta que era una licitación con un peso económico fuerte no se entiende el por qué se le otorgó a una sociedad anónima con un capital social de apenas C$100,000.00, constituida con dos accionistas que de conformidad con la legislación vigente podría ser disuelta en cualquier momento (Arto. 270 cc). Es decir, era demasiado vulnerable su creación ya que podía ser disuelta al sexto mes por cualquiera de los socios y eso implicaría que cualquiera de las obligaciones contraídas quedaran al descubierto.

Según la información, AZTECA HOLDINGS S.A. DE CV. —representada localmente por PCS de Nicaragua—presentó ante el comité de adjudicación licencias de varios servicios que supuestamente ellos prestan en la ciudad de México, sin embargo se determinó que el otorgamiento de varias de estas licencias están con fecha anterior a la creación de la empresa, por tanto no se entiende como se toman en cuenta para la puntuación. Además que no se confirma su validez ni técnicamente ni jurídicamente (no consta en documentos presentados), no dejando clara la relación de la empresa con las licencias otorgadas como servicios de AZTECA HOLDINGS.

Intereses personalizados; otra empresa pagaría de contado

Las indagaciones revelaron más anomalías. Por ejemplo, se le permitió al Comité de Licitación otorgar puntajes de forma discrecional, sujeto a criterios no objetivos e intereses personalizados. En el artículo 6.15 del contrato de la licencia —que es un anexo de las bases de la licitación— se establece de forma muy ambigua la forma de pago por adquirir dicha licencia, ya que establece “oferta y pago al Ministro de Hacienda” dejando a criterio del MHCP la forma en que se efectuaría el pago de la oferta, es decir que podía pagarse en forma diferenciada a plazos, que no es lo mismo que pagar el monto en efectivo y de contado una vez adjudicada la licencia, lo que en el efecto sucedió.

Esta redacción creó una distorsión en la igualdad de criterios para los operadores, fomentando a competencia desleal, ya que DIPSA (la otra empresa que participó en la licitación) propuso pagar 7,l50,000.00 millones de dólares en efectivo y de contado mientras que AZTECA HOLDINGS sugirió enterar US8,000.000.00 millones de dólares que después acordó saldar con el pago diferenciado.

El Comité de licitación fue integrado por Salvador Quintanilla, coordinador y ex presidente de ENITEL —ahora destituido de la función pública por el escándalo del Canal 6—, Agustín Alemán Lacayo, hermano del presidente, Alejandro López Toledo y Luis Velásquez, entonces funcionario de ENEL. López Toledo también presidió un “Subcomité Técnico y Legal” para atender la licitación.

Según los documentos a los que tuvo acceso Confidencial, las Bases de la Licitación de PCS, fueron elaboradas por López Toledo, como resultado de una consultoría realizada durante el año 2000, contratado por el Licenciado Mario González, entonces director General de TELCOR. La consultoría fue elaborada para no cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

Cambio en las reglas del juego, falta de transparencia

Pero ahí no termina todo. 36 días antes de la licitación de la banda a PCS, el comité de adjudicación —mediante una circular que no es enviada a las compañías oferentes— cambia los puntajes de la evaluación de la ofertas, afectando los índices de proyecto técnico, al aumentar 5 puntos al “plan financiero” y a la “oferta económica” se le resta 5 puntos.
En otras palabras, se le dio mayor puntaje a los requisitos de papel que al dinero o a la experiencia en el desarrollo de los proyectos de alta tecnología, con el objetivo de ocultar la incapacidad de cumplir con los parámetros que debería tener este tipo de licitaciones tan importantes.

La viciada licitación cambió puntos torales acordados originalmente: la vigencia de la garantía, el proceso de la solución de controversia y la forma de pago. Al modificar estas cláusulas se cambió lo acordado con los oferentes desde la primera parte de la licitación, comprobando la falta de transparencia de dicho proceso.

Según la información, AZTECA HOLDINGS entregó una Póliza de Fianza con fecha 27 de febrero de 2001, por la cantidad de US$300,000.00, la que se vencía el 27 de octubre del año 2001. Esta garantía debió haber ejecutado si en los 180 días no se realizaba el pago como primer causal del nulidad; venció en el proceso de perfeccionamiento del contrato de licencia que nació viciado.

El mismo 27 de febrero del año 2001, AZTECA HOLDINGS presentó una Póliza de Fianza por un monto de US$2,900,000.00, la que tiene una vigencia hasta el 26 de octubre del año 2004. El riesgo que se corre con esta garantía —se desprende del análisis de los documentos— es que el contrato de licencia está firmado por PCS DE NICARAGUA, es decir que si AZTECA HOLDINGS vendía las acciones de esta sociedad no podía hacerse efectiva en caso de incumplimiento.

De acuerdo a la garantía presentada por DIPSA —la otra empresa que participó en el proceso— su inversión sería de 42,100,000.00 millones de dólares en cambio la de AZTECA establece que su inversión será de 28,754,359.00 millones de dólares es decir inferior a la de DIPSA, sin embargo se le da mayor puntaje a AZTECA.

Hacienda aceptó “abonos”, pero no hay pruebas

Las indagaciones alrededor de la concesión de la licencia revelaron que AZTECA inició la vigencia de su licencia a partir del 9 de enero del año 2002, según publicación en La Gaceta, sin embargo pidió 6 meses adicionales para entrar en operaciones de manera extemporánea.

Según los documentos, el Ministerio de Hacienda aceptó el pago diferenciado de la licencia a través de la escritura número 96 “Reconocimiento de adeudo y compromiso de pago”, realizada el 21 de septiembre del año 2001 mediante los oficios del abogado Ramón Gómez Rocha.

Pero esta escritura presentó varias anomalías: 1) No fue realizada por el abogado del MHCP, 2) Mencionó la existencia de una garantía bancaria que no existió hasta el 2 de enero del 2002 y la cual tiene vigencia a partir del 20 de diciembre del 2002, es decir que no había garantía bancaria que garantizara el pago de la licencia. 3) El pago se pactó para que se realizase en su totalidad el 10 de diciembre del año 2001, calculando también intereses, sin especificar si estos eran mensuales o anuales.

El pago no se realizó y se presentó otro acontecimiento doloso al formular PCS de Nicaragua, el 10 de diciembre 2001, ante el incumplimiento del pago, un nuevo arreglo que sería cancelado hasta septiembre del año 2004. Sin embargo no existe actualmente ningún documento de aceptación y legalidad de esta propuesta de pago.

El 4 de enero del año 2002, una carta de Esteban Duque Estrada, Ministro de Hacienda de la administración Alemán, notificó al Director General de TELCOR que este pago había sido garantizado, lo que no fue demostrado en toda la documentación que del caso.

De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso Confidencial, lo más dramático fue que los mexicanos, además de no cumplir con la obligación de pago, no pretendían entrar a funcionar, porque pidieron prórroga de forma extemporánea y fuera de contexto.

Según las averiguaciones, las modificaciones y alteraciones —no permitidas en el pliego de bases— fueron graves. Desde la implementación de un arreglo de pago de forma diferida, hasta atentar contra los intereses del Estado, dejándolo totalmente en manos del operador con un gran poder de discrecionalidad, omitiendo el poder que enviste a una institución del Estado, haciéndola renunciar al fuero de su legislación.

La responsabilidad de Robleto y Duquestrada

Sobre la responsabilidad de David Robleto, ex director de TELCOR, las averiguaciones revelan que —a través de una carta fechada el 7 de enero del año 2002—, dicho ex funcionario informó a ENITEL que debía efectuar la interconexión con PCS de Nicaragua, es decir elaborar el contrato de interconexión.

Esta actuación fue considera de “dolosa” por las autoridades, ya que a esa fecha el contrato no estaba en vigencia. Por tanto, esta solicitud estaba fuera de contexto.

Según los documentos, existía la intención de dejar el paquete completo de la licitación y el contrato con ENITEL para, finalmente, revender la licencia “ya que se a demostrado que nunca han tenido intenciones de operar, es decir que son corredores de servicios y frecuencias radioeléctrica”.

Intentamos conocer la versión de AZTECA HOLDINGS sobre el caso, pero en México —al contactarnos con el número telefónico proporcionado públicamente por PCS de Nicaragua en un comunicado— nos informaron que el “contacto de prensa” para el caso, Oscar M. Argüelles Dorantes, se encontraba fuera de aquél país.

El comunicado de PCS informa que dicha empresa obtuvo, en septiembre de 2001, una prórroga para liquidar el saldo de la licencia en diciembre de dicho año. Posteriormente, en diciembre de 2001, obtuvo una nueva prórroga para liquidar el saldo de 6 millones de dólares, en diciembre de 2002. “Para la obtención de esta prórroga, el gobierno de Nicaragua exigió que el pago se garantizara mediante fianza expedida por una empresa financiera reconocida”, citó el texto.

Dicho pago habría sido garantizado por Esteban Duquestrada, pero —como mencionamos en párrafos anteriores— no hay confirmación del mismo. PCS anunció que prepararía “las medidas judiciales correspondientes” para defenderse.

Procuraduría: segundo capítulo “triangulación”

De acuerdo al Procurador Especial Alberto Novoa, “la cola” del caso del Canal 6 “pasa por México y más”. “Para atar los cabos hay que tener más tiempo, más billete y más recursos”, señaló.

Novoa no precisó el tipo de acción legal que tomará la Procuraduría en relación a la concesión de la licencia a AZTECA HOLDINGS, “pero si sé que la idea es que esta sería la parte final de esta historia”. “Ya se vivió el primer capítulo y ahora vamos con el segundo capítulo”.

El funcionario confirmó la irregularidad con que fue asignada la licencia. “No pagaron la cantidad requerida, sino a plazo. Pero eso fue parte de la negociación, fue parte del tráfico de influencia que hubo. Ahora, que este dinero (el sustraído a través de Canal 6), como te explicaba anteriormente, fue a parar a estas manos, se está trabajando en eso. Pero no te puedo precisar porque no lo conozco”, afirmó.

Novoa no descartó que en el caso se investigue a David Robleto, ex director de TELCOR, a quien intentamos contactar sin éxito. “Yo creo que por ahí anda el asunto, creo que los personajes tienen correlación con la otra parte, sobre todo la gente dominicana”.