La dolorosa transición
de Argentina

Norma Domínguez*

Buenos Aires. Marzo puede deparar sorpresas para Argentina, que sigue sin poder resolver sus problemas políticos, económicos, sociales e institucionales. Los tiempos se acortan y todo indica que pueden agravarse los escenarios en todos los frentes.

En el plano político, el presidente Duhalde se vio complicado para lograr el acuerdo con los gobernadores provinciales por la coparticipación de impuestos, tema que no pasó desapercibido si se tiene en cuenta que parte de ellos fueron sus aliados a la hora de asumir el Gobierno. El gobierno tuvo que pagar un precio muy caro: debió flexibilizar la exigencias de reducción del déficit fiscal que estaba previsto en 80%, al 60, además de ratificar un seguro de cambio para las deudas con los organismos multilaterales.

Aunque en el gobierno la noticia se tiñó de éxito y fue recogida por los medios como el primer paso para obtener el respaldo del FMI, lo cierto es que con este panorama, al Ejecutivo se le resiente una de sus patas más fuertes y queda tambaleante para enfrentar las presiones económicas, sociales e institucionales.

Por otra parte, los rumores de renuncia del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, sumados al internismo que comienza a abrirse paso en las filas del partido oficialista, agudizan la fragilidad del gobierno, que empieza a cuestionarse bajo el argumento de la “falsa legitimidad”.

En lo económico, el tema es más complejo aún: Anne Krueger, la número dos del FMI, endureció su postura afirmando que Argentina no recibirá ningún tipo de ayuda financiera hasta tanto defina y resuelva el tema fiscal, los problemas con el sistema bancario, la pesificación, la Ley de Quiebras y renegocie la deuda pública.

La demanda de un “plan sustentable” que no aparece y la visión que todavía prevalece en Estados Unidos y Europa sobre el populismo del gobierno, tornan casi imposible cualquier tipo de ayuda por parte de los organismos multilaterales de crédito. Así las cosas, resultan en vano, tanto los intentos desesperados del Presidente para obtener ayuda externa, como las expectativas del equipo de Remes Lenicov de reestablecer los créditos pendientes de desembolso del blindaje, suspendidos durante el final de la administración de De la Rúa.

Mientras, los bonos emitidos por el Estado circulan como papelitos de colores a lo largo y a lo ancho de todo el país, y el Gobierno ya ha admitido que hubo emisión —la que si llega a descontrolarse podría allanar más rápidamente el camino hacia una hiperinflación pronosticada por muchos de los principales analistas económicos del ámbito nacional e internacional—.

Los indicadores ensombrecen las perspectivas: el fantasma del dólar sigue atosigando y aún con la intervención del Banco Central siguió trepando —cotiza arriba de los 2,45 pesos— Argentina atraviesa la peor recesión de su historia, la caída de la actividad se acentúa en todos los niveles, la desocupación supera 23% con posibilidades de alcanzar el 30 hacia mitad de año, la recaudación fiscal colapsó y los índices de pobreza son inéditos en el país.

Hasta ahora, el abandono de la convertibilidad sólo ha generado licuación de deudas,  transferencia de ingresos que favorecen a determinados grupos exportadores, fuerte contracción del consumo y una devaluación que se transfirió a los precios de los combustibles y los productos de producción local dependientes de insumos importados, generando la caída del salario real.

Si a esto se le agrega el “corralito financiero” —principal motivo de descontento popular— sus consecuencias (falta de liquidez, ruptura de la cadena de pagos, etcétera) y la pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado, causada fundamentalmente por el enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia, fácilmente se llega a explicar la ausencia del crédito interno y externo y la deserción y caída de las inversiones locales y extranjeras.

Los actuales escenarios político, económico e institucional alimentan el descontento popular que suma en su haber a todos los estratos sociales: desde los caceroleros de la clase media y media alta (¡que contiene deudores y acreedores!), hasta los piqueteros desocupados, pasando por los reclamos de las centrales obreras y de los comerciantes. La crisis no merma y no hay señales de que se apacigüe.

En esto que parece el camino a la anarquía, proliferan los rumores de golpe de estado y de guerra civil aun cuando en las actuales condiciones son imposibles. Lo que sí es claro es que el rol del Estado en su papel de garante de los principios básicos sociales, está fallando y esto puede derivar en un estallido social aún mayor que el que se ha vivido en diciembre y que cobró muchas víctimas. Quizás por eso, el adelantamiento de las elecciones es casi un hecho.

Algo se está gestando en Argentina. La sociedad se está reorganizando de una manera que no termina de tomar forma y exige, con urgencia, una renovación en la forma de hacer política. El pueblo le tiró el guante al gobierno. Es hora de que lo recoja y comience a cumplir sus promesas: los dos millones de puestos de trabajo que prometió días atrás el presidente Duhalde, la reactivación y el orden forman parte de los pendientes del gobierno. El surgimiento de nuevos liderazgos políticos y de una nueva clase ciudadana pueden ser el corolario de esta dolorosa transición.

*Editora en jefe del Observatorio Electoral Latinoamericano y coordinadora de Contenidos de NuevaMayoría.com en Argentina.