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ONGs-gobierno: matrimonio
por conveniencia

Oliver Bodán

A pesar de los señalamientos del gobierno, los Organismos No Gubernamentales (ONGs) tienen alta credibilidad entre la población, según una encuesta nacional realizada con dos mil 608 personas en febrero, por el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO).

De acuerdo al estudio, el 55 por ciento de los encuestados —hombres y mujeres mayores de 16 años, residentes de las zonas urbanas y semirrurales de Managua, occidente, suroriente, centro y norte del país, excluyendo la Costa Atlántica— consideró que los ONGs tienen “buena” credibilidad.

El 10 por ciento estimó que poseen “muy “buena” credibilidad. Y sólo el 17 por ciento de los entrevistados estimó que dichos organismos tienen “mala” y “pésima” credibilidad. Según el sondeo, los ONGs se encuentran en el tercer lugar de más alta confianza y credibilidad de la ciudadanía, únicamente después de los medios de comunicación y la Iglesia; y superando ampliamente a la empresa privada, todos los poderes del Estado y los partidos políticos.

Sin embargo, en cinco años de gobierno liberal, las relaciones entre los ONGs y el Ejecutivo han sido “tormentosas”. Amenazas de expulsión a directivos de ONGs, acusaciones de mal manejo de fondos y el señalamiento de que estas organizaciones obedecen a intereses sandinistas, han marcado un matrimonio por conveniencia que nunca se reconcilia.

Según el ingeniero Carlos Silva, Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, del MINGOB, en Nicaragua se reportan —hasta el 12 de febrero de este año—, mil 861 ONGs, una cifra que por sí misma habla del repunte de esta expresión de la sociedad civil.

No obstante, Gobernación calcula que existe una cantidad mayor, porque “muchos no se registran directamente con las autoridades y cumplen todos los requisitos directamente en la Asamblea Nacional con la ayuda de amigos”.
Los ONGs en Nicaragua trabajan en salud, educación, vivienda, producción, medio ambiente, desarrollo local y rural, microcrédito, y los derechos humanos, de género y de la niñez.

De acuerdo a Ricardo Zambrana, de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, se calcula extraoficialmente que anualmente canalizan 150 millones de dólares en proyectos de beneficio a la población. Dicha Coordinadora, a raíz del huracán Mitch, agrupa a unos 470 organismos.

“Desde los 90, que se crearon un montón de organizaciones, se fueron poco a poco aglutinando alrededor de esferas de especialidad y de interés (viviendas, niñez y adolescencia, educación...) Cuando sucede el huracán Mitch de manera casi natural la gente buscó la aglutinación, básicamente para buscar ayuda a las sectores afectados y en reacción a la posición gubernamental de que no se canalizara ayuda a través de los ONGs. Todo eso contribuyó a un aglutinamiento bastante grande”, afirmó Zambrana.

Conflictos y perjudicados

Hasta la fecha, el más sonado de los enfrentamientos ha sido el caso de la enfermera estadounidense Dorotea Granada, quien al frente de una cooperativa de salud en Mulukukú permaneció en la clandestinidad debido a la persecución oficial, hasta que fue protegida por el Tribunal de Apelaciones de Managua.

De los conflictos, quienes llevan la peor parte son los beneficiarios de los proyectos. “Pierden los más pobres de los pobres y pierden las mujeres, los niños, niñas, los jóvenes. Por otro lado, el gobierno pierde legitimidad social frente a la misma población que votó y pierde legitimidad frente a la comunidad internacional”, afirmó la doctora Ana María Pizarro, Directora de Sí Mujer.
El conflicto más grave registrado hasta el momento involucra a la Asociación Nochari. El Ministerio de Gobernación (MINGOB) solicitó oficialmente la suspensión de su personería jurídica y el caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia.

La historia de este nuevo capítulo en la pésima relación que han mantenido los ONGs con el Ejecutivo, inició a finales del año pasado, cuando María Eugenia Morales, Coordinadora de Nochari, corrió como candidata a alcaldesa por el Partido Conservador. Según ella, este acto partidario no fue “perdonado” por el MINGOB. (Ver entrevista)

También se denuncian agresiones en contra de los ONGs Popol Nah, Sí Mujer, CENIDH, y a nivel personal en contra de Ana Quirós, enlace nacional de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, a quien pretendieron arrebatarle su nacionalidad.

Para Quirós, el problema tiene nombre y apellido: “El Presidente ha partido de la concepción de que los ONGs son competencia del gobierno y además son un bastión de los sandinistas; ambos elementos a mi juicio son totalmente equivocados, porque si bien es cierto hay dentro de las ONG personas que simpatizan con los sandinistas, la mayor parte de las personas han ido construyendo una relación de autonomía”.

También se identifica al actual ministro de Gobernación, José Marenco, fiel ejecutor de la voluntad presidencial, como el principal escollo en la relación con los ONGs.

“En general yo creo que públicamente ha sido una persona confrontativa, en un tono muy agresivo e irrespetuoso con las organizaciones; te habla que los ONGs son como cloacas, es sumamente irrespetuoso tomando en cuenta que hay tantísimas organizaciones que han venido desarrollando un trabajo de hormiga en lugares en donde el gobierno no tiene nada ni ha hecho mayor cosa por esas comunidades”, lamenta Quirós.

Marenco se rehusó reiteradamente a brindarle una entrevista a Confidencial, para opinar sobre el tema. Tampoco quisieron opinar otras autoridades de su Ministerio. Pero la secretaria de Acción Social, Jamilet Bonilla y el secretario del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), José Luis Velásquez, coincidieron en afirmar que no todo el gobierno tiene la percepción de que los ONGs son sandinistas y que despilfarran el dinero. (Ver entrevista)

El CONPES es el lugar común donde convergen el gobierno y la sociedad civil. Según consultas hechas por Confidencial, en dicha instancia existe un ambiente propicio para desarrollar iniciativas conjuntas entre el Ejecutivo y la sociedad civil.

El discurso de Velásquez no es confrontativo: “También dentro del gobierno hay otras personas como nosotros que creemos que los ONG hacen un aporte sustantivo a la conducción de las políticas económicas y sociales del país y yo me sumo a ese sector mayoritario que piensa eso, de que cuando la libertad se ejerce de una manera responsable los resultados son importantes”.

Visión crítica

No obstante, hay una visión critica y autocrítica sobre el funcionamiento de los ONGs. Los señalamientos más comunes son: burocratismo, duplicación de actividades, carencia de raíces nacionales, y hasta mal uso de los fondos.

“Ocurre que algunos son proyectos familiares que tienen su oficina en la casa y que casi lo tienen como un mecanismo familiar; yo pienso que deberían exigirse ciertos parámetros, por ejemplo de inversiones, a que hubieran inversiones comprobadas anuales por lo menos de un monto mínimo”, aceptó la diputada Mónica Baltodano, del organismo “Popol Nah”.

Quirós también reconoce la existencia de “algunas debilidades”, especialmente en organizaciones pequeñas que no cumplen de manera regular con los requisitos de Gobernación. “Muchas veces, y es la actitud nacional, se dejan los trámites de último momento, no se le pone mucho interés. En otros casos hay desconocimiento de cual es la información que se tiene que enviar a Gobernación, que es el trámite principal”, dijo.

También existen propuestas de autocontrol. Para el diputado sandinista Bayardo Arce, los ONGs ameritan un “gran estudio” de parte de ellos mismos. “Me da la impresión de que hay muchos ONGs de membrete y es un fenómeno que habría que estudiar, aquí mismo (en la Asamblea) salen a granel las personerías jurídicas que se dan, a veces son organismos que la forman tres o cuatro personas y que no tienen ninguna representación social y eso debería de preocupar”, señaló.

Pero otras recomendaciones apuntan a reformar el marco legal —Ley 147— que rige a estos organismos, que para el Secretario del CONPES “tiene que ser lo suficiente flexible para promover y no convertirse en un obstáculo del desarrollo de la sociedad civil en el país”.

Recomendaciones apuntan a mejorar relaciones

A pesar de las diferencias, abundan propuestas de que el gobierno y los ONGs deben trabajar de la mano, en una relación de mutua conveniencia para el país.

“Yo creo que por un lado, partiendo de ordenamiento mínimo común que se defina conjuntamente unas reglas de la relación entre el gobierno y las organizaciones; en segundo lugar, si se van a hacer controles que sean realmente al azar u orientados por denuncias de la membresía de las organizaciones como sabemos que ha pasado en algunos casos”, propuso Quirós.

Por su parte, Violeta Granera, de FUNDEMOS, sugirió: “Nosotros estamos de acuerdo que tenemos que ponernos en orden, es importante y necesario que los ONGs cumplamos con la ley, pero también creemos que esto no debe hacerse a través de una cacería de brujas sino más bien el gobierno tiene la obligación de fortalecer este sector y es con esta perspectiva que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Gobernación. Creo que después de momentos de mucha tensión hemos logrado avanzar en ese sentido”.