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SEMANARIO DE INFORMACION Y ANALISIS
AÑO 5/ No. 232/ Del 11 al 17 de marzo de 2001

 

 
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OJO DE MUJER

¿A quién se deben
los medios?

A propósito de un Colegio de
Periodistas que nació desnaturalizado
y amenaza la libertad de expresión,
y la discusión sobre sensacionalismo, pornografía y censura

 
Sofía Montenegro
 

El debate sobre a quién se deben los medios y los periodistas, está planteado. La creación del Colegio de Periodistas por un lado, y las voces que reclaman el cierre de los semanarios sensacionalistas El Mercurio, Sucesos y Alerta por obscenos, pone a la orden del día la discusión sobre el derecho a la libertad de expresión y la ética profesional, así como la amenaza de la censura.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua. Esta ley pone en peligro un derecho humano universal como es la libertad de expresión e información, pero además confunde lo que debería ser la función de un órgano que vela por la ética profesional, sustituyéndolo con un instrumento para reducir la competencia profesional y proveer beneficios gremiales a un grupo, todo lo cual es inconstitucional.

Tanto el tema de la “pornografía” como la mencionada ley, tiene que ver con la rendición de cuentas que los medios le deben a la sociedad, pero además con el tema de la justicia. Ambas cosas, defensa y vigilancia sobre los derechos humanos y la regulación sobre el rol —contradictorio— de los medios, requiere de políticas nacionales de comunicación. El problema es que un Estado desprestigiado y no democrático, difícilmente puede desarrollar políticas nacionales de comunicación puesto que por las mismas se puede deslizar el autoritarismo y la censura.

El problema de los medios es que son a la vez foros de debate público y de servicio público y empresas privadas que buscan como conseguir mayores ganancias. Contradictoriamente, se deben por un lado a la sociedad en general, y por el otro a la lógica del mercado. Dentro de ellos el profesional de la información tiene una triple dimensión o quehacer: una actividad personal, una actividad profesional-productiva y una actividad social, donde la información debe servir de auténtica conciencia crítica social, desde principios humanistas y democráticos.

Como periodista me parece que la única posición correcta es la de una respuesta deontológica: Defender la libertad de informar por un lado, y cumplir unas normas profesionales de autocontrol por el otro. La dignidad profesional es la única actitud válida para superar imposiciones intencionales y sectarias, pero también para observar el respeto a los derechos humanos de las demás personas, y por extensión, del respeto debido a la audiencia.

La palabra deontología se deriva del griego to deón (lo que es conveniente) y logia (conocimiento), es decir, el conocimiento de lo que es justo. Pertenece al ámbito de la ética frente al área del derecho: se basa en la acción libre de la persona, o que no está regulada jurídicamente. Se trata entonces de deberes profesionales extrajurídicos y éticos, pero “mínimamente exigibles” dentro de cada profesión.

Dentro de una deontología informativa, el periodista tiene que defender dos derechos humanos importantes: La libertad de información y el derecho a la intimidad de las personas. El primero constituye un derecho fundamental y raíz de los restantes derechos humanos. El segundo es un derecho legítimo pero suele ser de carácter conflictivo. De aquí se derivan todos los contenciosos con el informador: como víctima de los personajes públicos, famosos y poderosos o como victimario de personas o grupo sociales, o de la audiencia en su conjunto.

En este último tanto, los medios y los periodistas pueden ejercer lo que se denomina como “violencia simbólica”, es decir aquellas relaciones de fuerza entre un locutor (medio/periodista), dotado de una autoridad social específica, y su interlocutor o público, el cual reconoce su autoridad en diferentes grados y a quién se le impone un “discurso” que le niega su humanidad o dignidad.

En el caso de las mujeres los medios en general refuncionalizan la ideología patriarcal estereotipando a las mujeres como objeto sexual que las despojan de su categoría humana. En el caso de los niños y adolescentes, las dos imágenes negativas que prevalecen en los medios es la de pandilleros y vagos.

Los semanarios aludidos proyectan, además, un modelo de “comunicación antisocial”. Es decir, una comunicación que va en contra de los auténticos intereses de la sociedad, y que provoca marginalidad, violencia, temor y terror, convirtiendo en normales, los fines destructores de lo social. La comunicación antisocial actúa por vía de sugestión y de mitificación en la esfera de la vida privada. Esto es lo que se ve reflejado en las páginas de nota roja de ciertos periódicos y en algunos medios que organizan su “política informativa” alrededor de la violencia social, la violencia genérica y la violencia intrafamiliar, en razón de lo insólito o lo espectacular. Se expresa como una información irresponsable y epidémica.

Este modelo de comunicación perversa, tiene réditos comerciales porque juega con la proyección que víctimas y victimarios hacen de sus miedos y deseos ocultos, en una sociedad que muestra elementos de descomposición social y donde tales medios contribuyen a crear una suerte de sicosis de inseguridad personal y social. En nombre de la libertad de expresión, explotan el sufrimiento humano, se entrometen en el infortunio de las víctimas, las revictimizan, las culpabilizan y violan su derecho a la intimidad. Por el otro, combinan esta explotación del dolor humano y la violencia, con la explotación de la sexualidad.

El carácter pornográfico de estas publicaciones no está dado por el hecho de que aparezcan personas, principalmente mujeres, desnudas, sino por la representación de los grandes mitos sexuales de nuestra cultura patriarcal, que es falocrática, violenta y denigratoria para las mujeres.

Para enfrentar esta violencia simbólica que hacen los medios, así como para preservar la libertad de información y dirimir estos problemas se han creado en diversos países los Consejos de Prensa (o Colegios) que tienen como misión específica establecer un Código Deontológico que delimite unas “normas profesionales” autorreguladoras, que buscan salvaguardar la autonomía y la responsabilidad profesional.

El periodismo sensacionalista suele violar aquellos principios que previenen el escarnio y la revictimización de las personas: La veracidad informativa, la privacidad del sufrimiento, (relativo a la intromisión en el infortunio), la información de menores, la vida privada y la no discriminación.

Intimidad o información libre son dos valores éticos, que exigen ser medidos por el baremo de la dignidad personal y de un tratamiento responsable. Por este razonamiento, no cabe entonces atentar contra el derecho universal de la libertad de información como propone la Ley de Creadora del Colegio de Periodistas, ni tampoco el cierre y la censura a los medios que realizan “comunicación antisocial”.

Dado que el Colegio de Periodistas nació desnaturalizado, la Procuraduría de Derechos Humanos debería promover el debate para la elaboración de un Código Deontológico en el que se comprometan medios y periodistas. Así mismo, educar a la audiencia en sus derechos, para que la ciudadanía haga uso de los recursos jurídicos ya existentes para penalizar a los infractores


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