TEMA CENTRAL

Caso BID-FISE pica y se
extiende a todo el Estado

“Deducciones” PLC
son ilegales

Contraloría rechaza “voluntariedad”
en entrega de 5% de salario a PLC

Experto fiscal: “rasurada” es irregular, contraviene ley presupuestaria

Diputado: sólo Juez puede intervenir
salario, en caso de pensiones alimenticias
y deudas laborales

Oliver Bodán

Las “donaciones” de un mes de salario de los empleados públicos al PLC, así como las “deducciones” del 5% de sueldo que los funcionarios “cotizan” al partido gobernante, así sean voluntarias, violan la Constitución y la Ley del Régimen Presupuestario, coincidieron expertos consultados por Confidencial, quienes recomendaron a la Contraloría General de la República investigar el tema.

El caso de las “deducciones” al PLC, denunciado desde hace meses por los propios afectados, cobró nuevamente relevancia la semana pasada al revelar Confidencial que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ordenó una auditoría en el Fondo de Inversión Social (FISE), para establecer si fondos de la entidad internacional fueron utilizados para financiar, vía FISE, la campaña electoral municipal del partido de gobierno. La información fue ampliamente confirmada el lunes pasado por la vicepresidenta del BID por los Estados Unidos, Burke Ellis.

En el caso FISE-BID lo que preocupa a los donantes no es el monto de las “deducciones” y si éstas fueron voluntarias u obligatorias, sino la utilización de fondos públicos como “préstamos” para financiarse en la campaña electoral, mientras se hacían las deducciones mensuales a los empleados.

El gobierno, por su parte, ha dicho que no hay nada malo con las “donaciones voluntarias”.

Pero expertos consultados por Confidencial, incluido el presidente de la Contraloría Colegiada, Guillermo Argüello Poessy y Theódulo Báez, experto en derecho fiscal, aseguran que la presunta “voluntariedad”, además de dudosa tiene visos de ilegalidad.

Theódulo Báez

Según el artículo 112 de la Constitución, correspondiente a las finanzas públicas, la Ley de Presupuesto anual debe mostrar “las distintas fuentes y destinos de todos los ingresos y egresos, los que serán concordantes entre sí”. Esto significa, según expertos consultados, que las partidas de “salarios” de las diferentes instituciones públicas incluidas en el rango presupuestario de “gastos personales” deben ser destinadas total y exclusivamente para tal fin y no en otras actividades.

En el rango de “gastos personales” del presupuesto se incluyen sueldos, dietas, aguinaldo, antigüedad, aporte patronal al INSS; que no pueden ser transferidos a servicios no personales o partidarios. “Los montos tienen que gastarse exclusivamente en lo que está establecido. De estos servicios personales yo no puedo hacer transferencias a servicios no personales, que son: pago de teléfono, luz, papelería, etc. El sueldo es para sueldo, no para otro cosa como deducciones”, indicó.

Según Báez, hay “limitaciones rígidas” al respecto. Aun en el caso de que se obtenga un permiso de Hacienda —como se conoce existe un modelo-permiso por escrito— , dichas “donaciones” no están contempladas en la ley: “Y no es papel del Ministerio de Hacienda hacer esas deducciones”.

Adicionalmente, podrían traer complicaciones de orden práctico: “Porque si lo hacen para el PLC yo pregunto: ¿va a llegar el Partido Sandinista y el Partido Conservador a que también hagan deducciones para ellos?”, inquirió Báez.

De acuerdo al experto, le corresponde a la Asamblea evaluar el presupuesto para “poder planificar y poder ir viendo los ajustes que se tienen que ir haciendo”, razón por la que deben investigar el tema. Así mismo, la Contraloría debe supervisar el manejo presupuestario que hace el gobierno. “En la Ley de la Contraloría se asigna responsabilidad directa a los ministros de Estado en violación a las normas y leyes presupuestarias”.

Báez refutó la “voluntariedad” de la contribución, en caso de que un empleado público acepte entregar parte o todo su salario mensual al partido de gobierno, puesto que las únicas deducciones legales deben ser las del IR y el INSS.

“Lo que se le da a cualquier partido es una violación a los derechos humanos básicos. Si yo como empleado quiero darle algo al PLC se lo doy después que me paguen mi sueldo, no antes. Esa “rasurada”, por no ocupar otra palabra vulgar, no puede hacerse antes de pagarme. El Estado es un empleador más que no puede quitarle a nadie para ningún partido, para ninguna causa”, señaló.

Contraloría rechaza “voluntariedad”

Guillermo Argüello Poessy

El concepto de “voluntariedad” de dichas deducciones también fue puesto en duda por el ente fiscalizador. Según Guillermo Argüello, presidente del Consejo Superior de la Contraloría Colegiada “muchas veces esa voluntariedad pudiera no estar muy clara”.

Por esta razón, la institución envió desde el 6 de abril del año pasado a los jefes de bancada de la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que en su artículo 19 establece como “falta muy grave”: “cobrar o descontar cuotas o contribuciones a los servidores públicos con fines políticos, aun a pretexto que son voluntarias”.

La iniciativa contempla para quienes cometan dicha falta una amonestación por escrito con copia al expediente, sin perjuicio de las siguientes sanciones: multa pecuniaria no menor de un monto equivalente a tres meses de salario y no mayor de seis meses de salario; suspensión temporal de labores de tres a seis meses sin goce de salario; destitución del cargo o pérdida de la representación; inhabilitación para ocupar cargos de dirección en la función pública durante cuatro años; e inhabilitación absoluta para desempeñarse en la función pública.

Sin embargo, el anteproyecto no ha prosperado. “No hemos tenido información si ya está en la corriente legislativa. Hoy en nuestra Ley Orgánica no existe ninguna disposición que señale como falta grave de los servidores públicos dar o contribuir para algún partido político de su preferencia”, lamenta Argüello.

Pese a la investigación periodística de Confidencial, al momento no existe ninguna denuncia oficial sobre las irregularidades detectadas en el FISE. “Si existiera alguna denuncia con visos de veracidad pues aquí pudiéramos nosotros atenderlas a través de la oficina de denuncias, donde se hacen los exámenes especiales sobre hechos ya concretos”.

Más allá de la intención oficial, Argüello tiene su propia opinión sobre el tema: “Cada quien dispone de lo que es suyo, el que quiere dar voluntariamente puede hacerlo, lo que sería totalmente inaceptable es que alguien diera contribuciones que no fueran voluntarias y más bien fueran exigidas”.

Sólo Juez puede ordenar “deducciones”

Según el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, las únicas deducciones que permite la ley —además del IR y el INSS— son aquellas ordenadas por un Juez en casos de pensiones alimenticias y deudas laborales “cuando se deduce la plata antes de que llegue al funcionario”.

“Los únicos casos permitidos son por orden judicial, cuando hay una intervención directa en el salario del funcionario público. Si no hay orden judicial, cualquier otra intervención es ilegal”, manifestó Gutiérrez.

Wálmaro Gutiérrez

Además, no puede presumirse que la contribución sea voluntaria, ya que “es prácticamente compulsiva”. “La plata que se destina en sueldos y salarios es para sueldos y salarios, de otra forma estás haciendo una desviación de plata del presupuesto. Y eso es absolutamente ilegal en base a la Ley de Régimen Presupuestario, que establece claramente que las partidas deben de ubicarse en el destino que en el presupuesto se consignen para tal fin. No le podés dar otro destino a partidas que tienen un destino específico, en caso contrario es ilegal”, dijo.

Según Gutiérrez, mientras la “donación” del funcionario no salga de su propia voluntad “debe de suponerse que no sale de su bolsillo”. “Como el desembolso real no se ha dado (al no tener el empleado su salario), la fuente de financiamiento real no es el erario del funcionario, entonces se tiene que suponer que la fuente de financiamiento que viene a soportar esta deducción debe ser otra. El dinero de algún lado tiene que salir”.

“Desde ningún punto de vista debe permitirse que las deducciones se hagan a priori. Tienen que ser a posteriori, hasta que te pongan tu sueldo en las manos. Ahí es donde vos demostrás que es voluntario, porque de otra forma es compulsivo. Más grave aún es el caso del FISE, que maneja una tontería del presupuesto de ingresos del tesoro, pero maneja cantidades navegables en recursos del exterior”, añadió.

El diputado se excusó de que la Asamblea Nacional —la que por ley debe velar por el buen cumplimiento del presupuesto— está dominada por el partido de gobierno, razón que impide una eficaz fiscalización. “Hacienda manda sus reportes cuando le da la gana, tenemos dos meses de exigirle el reporte presupuestario. Es ahí donde nos damos cuenta, con sus propios documentos, de las graves inconsistencias en el manejo del presupuesto”, insistió.