DE PORTADA

Presiones de donantes y acomodos
políticos hacen vibrar la balanza

Poder Judicial en
el ojo del huracán

Unión Europea recomienda
“simplificar sistema de justicia”

Lourdes Arróliga

El sorprendente giro de los últimos fallos emitidos por los tribunales de justicia, recetando cárcel para los grandotes, ha despertado genuinas suspicacias. Para algunos se trata de un maquillaje de la justicia ante la comunidad internacional y un acomodo de fuerzas entre los bandos liberales y sandinistas que controlan el Poder Judicial, según diversas fuentes consultadas por Confidencial.

Las sentencias que han causado revuelo son las dictadas por las juezas Vanessa Chévez, del Cuarto Distrito del Crimen —quien “perdonó” a Byron Jerez, amigo del presidente Alemán, en el caso de la terraza—, y ahora castigó a Jorge Solís y Gabriel Levy, también allegados al mandatario; Ileana Pérez, del Segundo Distrito del Crimen, quien emitió sentencia en contra de Pedro Solórzano y Roberto Cedeño en el caso SOLECTRA; y Rosario Altamirano del Sexto Distrito del Crimen, quien procesó a Francisco Mayorga por el quiebre del Banco del Café (BANCAFÉ).

Mientras algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cierran filas al hablar del tema, otros admiten que “ha habido negligencias en algunos casos”. Para otros simplemente “se está aplicando la ley”. (Ver entrevistas en páginas 15 y 16)

Francisco Plata, presidente CSJ

Para el magistrado Francisco Plata, presidente de la CSJ, no hay ningún “giro”: “Los fallos apuntan donde siempre, a hacer efectiva la justicia, a aplicar las disposiciones legales”.

En tanto, la magistrada Yadira Centeno opinó no hay ninguna “sorpresa” en los fallos judiciales. “No se les haya el acomodo, se ha dicho que sólo hay justicia para el robagallinas y ahora que caen los de saco y corbata, se preguntan qué pasa. Hay que creer en la justicia”, expresó.

Centeno negó la ingerencia de los magistrados sandinistas en el fallo contra Solórzano y Cedeño, con el fin de entorpecer las conversaciones del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con el Partido Conservador. “Es absurdo, ¿qué gana el Frente? Primero que Pedro ya ni siquiera es presidente del partido. Nosotros no acostumbramos llamar a los jueces para que se pronuncien en algún sentido”, dijo.

Josefina Ramos, magistrada CSJ

Por su parte, Josefina Ramos, presidente de la Sala Constitucional, se limitó a decir que “durante seis años se ha trabajado en la modernización de la justicia, creo que esta es una constante que a veces se identifica y a veces no”. Aseguró no recibir señas “de ningún partido político”.

Para el magistrado Rodolfo Sandino —quien asegura ser “totalmente independiente”—, el giro en la justicia no responde a una “correlación de fuerzas, ni lavados de cara ni nada de eso”. “Entiendo al Poder Judicial independiente y ajeno a la política como yo mismo en lo personal lo soy”.

Silvia Rosales: “Hay confianza en el Tribunal de apelaciones”

Para la magistrada Silvia Rosales, del Tribunal de Apelaciones de Managua —que días atrás acogió un recurso de amparo de la cooperante norteamericana Dorotea Granada—, las resoluciones emitidas en los tribunales de justicia “son ajustadas a derecho”.

“No los veo ligado a ninguna posición política, sino como un Poder Judicial que está creciendo y apropiándose de su función”, manifestó Rosales, quien valora que los Tribunales de Apelaciones “gozan de independencia”.

“Se confía en que esta segunda instancia apruebe o revoque los fallos. El presidente Alemán puede tener amigos en todos lados, así como gente que no lo aprecian, pero eso no indica que tiene influencia. Hay un esfuerzo de los magistrados de tener independencia y se ha hecho patente”, dijo.

“Cambio responde a presiones de cooperantes”

Sin embargo un magistrado que prefirió omitir su nombre, indicó que la justicia está tomando un nuevo cauce debido a las presiones de los organismos cooperantes al Poder Judicial, que recibe apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la AID, Unión Europea y los países Holanda, España, entre otros. “Existen cláusulas no escritas, en las que ellos piden ver un cambio en la administración de justicia”.

Recordó que existen otros factores, como las elecciones internas en la CSJ, que están relacionados con las decisiones jurídicas. “Algunos magistrados actúan por presiones a los partidos políticos porque quieren reelegirse para un nuevo período”, dijo la fuente.

Mencionó que los aspirantes a reelegirse son los magistrados Francisco Plata, Rodolfo Sandino, Harlan Kent Henríquez, Julio Ramón García Vílchez, Josefina Ramos y Arturo Cuadra, electos en julio de 1995. “Creo que sólo Sandino no está interesado en reelegirse y puedo asegurar que es el único magistrado que actúa con independencia porque no tiene presiones por reelegirse”, acotó la fuente.

Unión Europea: “simplificar sistema de justicia”

Giorgio Mamberto, delegado de la Unión Europea

Para los organismos que apoyan los proyectos de modernización del Poder Judicial, el reto consiste en “simplificar el sistema de impartir justicia, que es bastante complicado”, según Giorgio Mamberto, delegado de la Unión Europea.

Mamberto indicó que en los próximos años evaluarán “cómo funciona a lo interior el sistema de justicia y los tribunales, no el edificio sino el sistema en sí”. Consideró que los últimos fallos emitidos “pueden ser un nuevo desarrollo de la justicia, puede ser que la justicia no sea tan objetiva, es una situación muy difícil, no es tan sencillo opinar”.

Mamberto mencionó que la correlación de fuerzas entre liberales y sandinistas presentes en los órganos judiciales es común en “muchos sistemas del mundo”. “Hay repartición del nombramiento de los jueces a nivel más alto, que está hecha por el Congreso. A veces no funciona porque las personas que están nombradas por las distintas fuerzas políticas se sienten dependientes, pero después de unos años la política cambia y esas personas se quedan y adquieren más autonomía e independencia”, dijo.

Sociedad civil señala: fallos partidizados

Carlos Tünnermann, presidente del grupo cívico Ética y Transparencia

Carlos Tünnermann, presidente del grupo cívico Ética y Transparencia, recomendó a los magistrados de la CSJ “darle un seguimiento estrecho a la acción de los jueces, porque en casos donde la ciudadanía demanda justicia, no actúan y en otros sorprenden con órdenes de captura”.

Tünnermann señaló que los jueces “jamás deben inclinar sus decisiones por presiones, halagos de ningún tipo, ni por influencia política, pero después del pacto y de la reforma constitucional se ha dado una partidización y problemas a lo interno del Poder Judicial”, dijo.

En tanto, Alberto Saborío, experto en derecho constitucional, analizó que la coyuntura actual responde a una aplicación de “justicia partidaria”. “El fallo contra Solórzano y Cedeño es técnico, en base a información de la Contraloría. El de Jorge Solís y Gabriel Levy es para generar una imagen de gobernabilidad, pero no hay orden de captura para ellos y Levy aún tiene cargo de embajador, y el de Panchito Mayorga es un mensaje directo a los organismos internacionales”, dijo.

Según Saborío, las medidas también responden a las presiones internas entre liberales y sandinistas. “No se puede hacer un análisis porque retuercen tanto las leyes y sólo obedecen a los intereses políticos”, mencionó Saborío, quien recomendó no sólo modernizar “los edificios, sino la calidad de la justicia”.

Similar criterio compartió Boanerges Ojeda, ex juez y abogado, para quien los fallos emitidos últimamente “evidencian aparentemente independencia judicial, pero están dentro del fenómeno normal de las componendas políticas en el país”. “Desgraciadamente la administración de justicia funciona como un juego de béisbol, esperando señas, en cada caso hay interés de determinados sectores”.

Jueces defienden los fallos emitidos

Por su parte, Vanessa Chévez, jueza Cuarto Distrito del Crimen, que suspendió el proceso contra Byron Jerez en el caso de la terraza, y ahora castigó a Jorge Solís y Gabriel Levy —también allegados al presidente Alemán—, dijo que “si tomé esa determinación es porque encontré que hay pruebas”.

“Los casos que se han caído en el pasado es tal vez por la forma en que se presentaron, por falta de elementos de prueba. No pueden decir que se falló amañadamente o por interés político. Mi fallo no depende de ninguna posición política, sino en base a lo que la ley me manda. Aquí he aplicado la ley independientemente del color político y de que tenga dinero o no”, dijo.

En tanto Rosario Altamirano, jueza del VI Distrito del Crimen, quien procesó a Francisco Mayorga por el delito de defraudación al Estado, en el caso de BANCAFÉ, declaró que “la opinión pública tiene derecho a decir lo que quiera, pero los jueces nos remitimos al espíritu de la ley para emitir los fallos. Son apegados a derecho, eso pienso y es lo correcto, es lo propio de un Estado de derecho”.