COLUMNISTA INVITADO

Corrupción e impunidad:
La marca del 2000

Andrés Pérez Baltodano

Toronto, Canadá.- La antología de la corrupción y la impunidad del 2000 en nuestro país compite con ventaja con cualquiera de los peores años del somocismo. Empezamos el 2000 con la subvaloración de ENITEL (Confidencial, 175, 16-22 de enero 2000) y terminamos el año convertidos en el refugio oficial de un prófugo de la justicia mexicana (Confidencial, 221, 10-16 de diciembre, 2000).

Entre enero y diciembre vimos pasar frente a nuestros ojos, una y otra vez, el cadáver de la justicia asesinada por los “checazos”, las doble planillas, las dietas de engorde, las millonarias indemnizaciones de retiro de los funcionarios del Estado, las mansiones subsidiadas por los muertos del Mitch, el tráfico de influencias, las quiebras bancarias, los amarres políticos, las manipulaciones de la Ley Electoral, y el silencio que amenaza con transformar el recuerdo del asesinato del campesino Pablo Leal en una sombra más de nuestro trágico pasado.

Tan escandaloso fue el año 2000, que la prestigiosa revista The Economist señaló recientemente que la corrupción en nuestro país había llegado a alcanzar niveles de ficción.

La comparación entre los niveles de corrupción e impunidad alcanzados por el actual gobierno y por el somocismo, sin embargo, debe tomar en consideración una diferencia fundamental entre estas dos experiencias. El somocismo contaba con un aparato represivo entrenado para aplastar la crítica y las presiones sociales.

El actual gobierno es una pandilla desarmada. ¿Cómo explicar entonces la paciencia de los nicaragüenses ante los abusos de poder de nuestros gobernantes? ¿Cómo explicar que no haya surgido en el 2000 una versión a escala nacional de la protesta que rápidamente organizaran los frustrados clientes del desaparecido Banco del Café?

¿Porqué somos los nicaragüenses más pacientes que los filipinos, que este año lograron poner contra la pared al gansteril Joseph Estrada? ¿Porqué somos más tolerantes que los peruanos, que recibirán el Año Nuevo liberados de la la cleptocracia oficial organizada alrededor de Alberto Fujimori?

Cualquier intento por explicar nuestra especial capacidad para soportar la mentira oficial y el abuso de poder de los que nos gobiernan tiene necesariamente que considerar el proceso histórico formativo de nuestro Estado y de nuestra sociedad, surgidos de la rapiña de la conquista y de la explotación colonial. Nuestro desarrollo republicano, nuestras estructuras sociales, y nuestra cultura política, se alimentan aún de ese pasado no superado.

Desde una perspectiva histórica de mediano plazo, la explicación de nuestra bíblica paciencia ante la corrupción y la impunidad tendría que considerar el impacto brutal de la guerra de la década de los ochenta, la miseria moral que genera la pobreza en la que nos hemos hundido en los últimos quince años, y la desesperanza que generó el sacrificio perdido de la revolución.

Pero si quisieramos explicar la dinámica social que hoy en día genera y reproduce nuestra pasividad ante la corrupción y la impunidad, tendríamos que destacar dos variables: el control político que el partido en el gobierno y el FSLN de Daniel Ortega han logrado establecer sobre la capacidad de organización y movilización de nuestra sociedad; y, el control ideológico que ejerce la Iglesia Católica sobre un gran porcentaje de nuestra población.

El pacto entre el PLC y el FSLN ha logrado crear una estructura de poder dentro de la que el orden social se logra mediante amarres y componendas entre caudillos que cuentan con la capacidad para activar y desactivar la energía política de sus seguidores.

El pacto, además, ha imposibilitado el desarrollo de partidos políticos alternativos y nos ha obligado a aceptar una realidad social negociada y organizada para facilitar el abuso del poder, la corrupción estatal, y la impunidad. La construcción de esta realidad social ha recibido el apoyo tácito —y ha veces explícito— de la Iglesia Católica nicaragüense: la maquinaria ideológica más poderosa del país.

Con su discurso anfibológico y su conducta farisaica, la alta jerarquía de la Iglesia Católica ha relativizado la gravedad moral, y trivializado el impacto social de la corrupción que nos aplasta. El doble rostro del cardenal Miguel Obando y Bravo —como crítico indeciso de la corrupción estatal y como socio y colaborador del partido gobernante— ha contribuido a reproducir un marco de valores sociales ambiguo y gelatinoso dentro del que la corrupción y la impunidad tienden a ser aceptadas por nuestra población como beneficios normales del ejercicio del poder.

El triángulo PLC-FSLN-Iglesia Católica está fundamentado en el cálculo pragmático y oportunista que hace cada uno de estos tres actores institucionales. El pacto político le asegura al FSLN y al PLC importantes cuotas de poder dentro de un sistema político excluyente.

El abierto colaboracionismo entre la Iglesia Católica y el PLC, por otra parte, le ha ganado a la jerarquía de esta Iglesia el apoyo material del Estado, así como un importante grado de influencia dentro del sistema político nicaragüense. Por su parte, el Partido Liberal, desprovisto de una visión nacional y de una ideología, se ha beneficiado de la legitimidad que le ha transferido la Iglesia. Finalmente, el FSLN parece haber aprendido a reconocer las ventajosas funciones ideológicas que ofrece un Estado confesional, en un país con los explosivos niveles de pobreza que sufre Nicaragua.

En el año 2000 triunfó el crimen y reinó la impunidad. El pacto entre el Presidente y el Comandante canceló la aplicación de la ley contra la corrupción, en tanto que el “concordato” entre el Presidente y el Cardenal, suspendió la vigencia del octavo mandamiento que nos prohíbe mentir, y del séptimo que nos prohíbe robar.

Dos parecen ser las únicas salidas del laberinto político en que nos encontramos: El surgimiento de una nueva fuerza social capaz de romper el triángulo de poder que nos ahoga; o bien, la renovación interna de las instituciones que ocupan los vértices de este triángulo.

Si no se materializan ninguna de estas dos salidas, el maridaje de conveniencia que se consolidó en el 2000 entre el PLC, el FSLN de Daniel Ortega, y la Iglesia Católica, terminará convirtiendo nuestro experimento democrático en una rifa partidaria del derecho a la impunidad.