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SEMANARIO DE INFORMACION Y ANALISIS
AÑO 5/ No. 215/ Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2000

 

 
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TEMA CENTRAL

Noel Sacasa, superintendente de Bancos:

Fallo INTERBANK:
“Enorme factor
de inseguridad”

Alemán motivó intervención ruidosa

Justicia no llega, pero “fue una
extracción de dinero sin precedentes”

“Este caso tiende a ser dañino para
la inversión de manera especial”

“Comunidad internacional ve estos
fenómenos con preocupación”

Oliver Bodán

Ver También

Fallo INTERBANK: “Enorme factor
de inseguridad”

Impacto en inversiones, opción BANPRO, salud del sistema financiero

Superintendente
e independencia:
“He pensado en renunciar”

 

Todavía decepcionado por el fallo judicial que no encontró culpables en el escándalo INTERBANK, el superintendente de Bancos, Noel Sacasa, no oculta su decepción con los tribunales de justicia y su última decisión: “Representa un enorme factor de inseguridad para el sistema financiero”.

A Sacasa le tocó enfrentar el mayor fraude financiero en la historia de Nicaragua —“esa extracción de dinero que se dio ahí es realmente sin precedentes”—, en medio de presiones políticas y económicas, que él rechaza repetidamente.

 

Superintendente de Bancos, Noel Sacasa
 

Huidizo a preguntas directas sobre el fondo del caso, tejido con una complicada telaraña de artificios legales para evadir la ley, Sacasa ubica a la Superintendencia como una institución profesional, apartidaria y lejos de poderosas influencias políticas. “De ninguna manera”, afirma, al preguntarle si responde a los intereses del presidente Arnoldo Alemán.

Pero a renglón seguido revela que la institución vigilante del sistema financiero no tenía planeado realizar una intervención ruidosa si el mandatario Arnoldo Alemán no se hubiera adelantado al anuncio oficial. Por eso recomienda: “Para el futuro conviene tener mucha discreción”.



Consecuencias del fallo y lecciones

¿Cuál es su opinión sobre el sobreseimiento definitivo para todos los implicados en el caso INTERBANK?

Primero habría que caracterizar a este caso como algo sumamente extraordinario, no creo que sea el caso típico con que se enfrenta la Superintendencia en diferentes partes del mundo, ni creo que vaya a ser el caso típico para la Superintendencia de Bancos de Nicaragua.

Esta es una situación realmente sorprendente y a medida que pasa el tiempo y la analizamos, nos sorprende todavía más: aquí lo que tuvimos fue un montaje sumamente bien organizado en donde tuvo que haber habido una colusión muy fuerte entre mucha gente dentro del INTERBANK con el Grupo Centeno, que fue el que se benefició del tipo de irregularidades que se descubrieron. El total de exposición de riesgo identificado a la fecha con el Grupo Centeno fue por lo menos de unos 85 millones de dólares.

Eso fue algo nunca visto para una concentración en un sólo grupo, y, además, que representaba como cuatro o cinco veces el capital del banco.

El panorama general, sin entrar a detalles, es de un montaje muy bien organizado, muy bien disfrazado y se intensificó enormemente a partir de abril, mayo y junio de este año.

Ante esa situación, el que luego venga una sentencia y diga que no hay delito o que no hay prueba de delito es sumamente preocupante, porque si hay colusión ilegítima de funcionarios del banco con beneficiarios de crédito —que operan también de manera ilegítima—..., donde se puede extraer cualquier cantidad de dinero, donde después de dos meses que duró la fase de intervención no se pudo recuperar prácticamente nada, como lo reporta en su segundo informe la junta administradora ya al final de los 60 días...

Se encontraron, además, una serie de irregularidades en cuanto a las garantías ofrecidas, donde había escrituras que no estaban bien constituidas o que no estaban inscritas o que habían ofrecido garantías que no eran de ellos.

Siendo así que salga una sentencia que diga que allí no hay delito es preocupante porque: o nuestras leyes están malas —porque no permiten calificar como delito este tipo de anomalías e irregularidades— o hay algo malo en nuestros procedimientos judiciales o en nuestro sistema judicial.

Desde el punto de vista del país este tiene que ser un foco de preocupación muy grande, porque un antecedente como éste lo que representa es un enorme factor de inseguridad para el sistema financiero y significa que los depositantes van a tener más temor de poner su dinero en un sistema donde puedan ocurrir cosas como éstas.

A la vez, crea una imagen pésima para el país desde el punto de vista de quiénes le prestan dinero a los bancos, quienes quieran invertir en el país, los que quieren hacer comercio y, por último, toda la comunidad internacional de donantes que ven este tipo de fenómenos con preocupación porque indicaría que en Nicaragua no podemos manejar estas irregularidades o amenazas a la seguridad de los depositantes.



¿Cómo queda la credibilidad del Poder Judicial?

Eso yo no lo puedo juzgar, ahorita lo que veo es una sentencia que me preocupa enormemente, pero yo no puedo determinar cuáles fueron las causas que llevaron a esta sentencia, si fue un fallo personal, si fue un fallo de procedimientos, si fue un fallo...



¿Político?

...Si fue una influencia política, o que las leyes son deficientes.

Eso no lo puedo juzgar, no soy abogado, no soy juez ni me toca a mí en virtud de mi posición. Sí me preocupa el resultado y ese resultado definitivamente no es aceptable para la Nación porque hay que corregirla, hay que buscar dónde está la causa del defecto, pero no es aceptable que pueda ocurrir una cosa como la que ocurrió y que no haya nadie responsable de lo que ocurrió.



¿Al escándalo se le ha llamado “la gran estafa?”
¿Usted comparte esa definición?

Bueno, no tengo estadísticas, pero me costaría creer que haya otra más grande en donde en un mismo grupo se haya podido encontrar esto. Lo que pasa es que yo no puedo hablar de estafa porque los jueces dijeron que no hay ningún delito, pero en términos, llamémosle así: irregularidades —porque no dejan de serlo independientemente de cuál haya sido el fallo, si hubo o no un delito penalizable bajo nuestra legislación—, esa extracción de dinero que se dio allí es realmente sin precedentes y creo que no conocemos nada parecido.

Este debe ser un punto de partida para varias cosas: uno, la revisión del marco legislativo que tiene que ver con todos los delitos financieros, para efectos de asegurarnos que en un futuro no vaya a ser tan fácil el que puedan dejar de ser calificados como delitos hechos tan preocupantes.

Lo otro es el tema judicial, porque también habrá que ver hasta dónde tuvo una deficiencia la actuación judicial, entiendo que está habiendo una apelación y esa apelación está por varias partes, está por la Procuraduría, entiendo que la Junta Administradora está apelando, no he escuchado que otros grupos afectados tienen la intención de apelar, pero en todo caso va a haber un proceso judicial ulterior que espero ayude a aclarar este tipo de situaciones.



¿Confía en este proceso?

Tenemos que confiar en que nuestros jueces van a hacer la mejor tarea posible.



Pero en este caso no se hizo.

No me toca a mí juzgarlo. Si acaso hubo un error o una mala actuación en esta etapa, le compete a la siguiente instancia el determinarlo, pero independientemente de los resultados finales —aún si llega hasta la Corte Suprema— creo que es un punto importante el que se revise a fondo nuestra legislación en materia de delitos vinculados con actividades financieras.

Creo que posiblemente estamos con un Código Penal muy antiguo y desfasado y eso en estos casos pudiera estar permitiendo pasarse por entre las mallas de la red a los pescados gordos, simplemente porque hace un siglo no se había pensado que este tipo de cosas podía ocurrir.

Por el lado de la Superintendencia también hay que sacar lecciones, las principales interrogantes que tenemos son: ¿qué pasó en nuestra inspección?, ¿hubo cosas que pasamos por alto?, ¿hubo alguna deficiencia en la inspección que se hizo anterior al cinco de abril?

Eso es algo que estamos analizando internamente, utilizando la información de inspecciones posteriores que se han hecho, incluso, de inspecciones independientes que se han estado realizando por parte de otras instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el BANPRO, que está haciendo una evaluación de la cartera. El Banco Central también realizó una evaluación de la cartera.

Nosotros estamos procediendo a analizar con la ayuda de toda esta información qué pasó, si hubo o no una deficiencia en nuestra inspección. Queremos revisar para sacar conclusiones tanto en cuanto a posibles responsabilidades personales, pero también en cuanto a procedimientos de inspección.

Los resultados de nuestra inspección que hicimos entre enero y febrero no cubrieron toda la cartera, sino que entró cartera de tamaño relativamente mayor, pero que como resultado de esa inspección no se detectó ninguna irregularidad importante ni ninguna necesidad de provisiones en ese momento.

Estamos trabajando en eso y de hecho como parte de esfuerzo para fortalecer a la Superintendencia iniciamos desde en junio creo que fue el primer esfuerzo de inspecciones asistidas con auditores contratados a nivel internacional, que tienen experiencia en cuestiones bancarias y que nos están sirviendo para dos cosas, primero, para contrastar un poco nuestros métodos y los resultados de nuestras inspecciones con lo que ellos a su vez obtienen y a la vez tener un efecto de entrenamiento con nuestro personal de inspección.



Hace poco el contralor colegiado, José Pasos Marciaq, dijo, a propósito del fallo del Poder Judicial en el caso MODULTECSA, que sentía que la Contraloría estaba pintada en la pared. ¿Ustedes como ente regulador del sistema financiero también se sienten pintados en la pared?

Yo creo que no, porque si nosotros no hubiéramos actuado, posiblemente este escándalo hubiera esperado otro año a producirse pero con un impacto mucho mayor. Aquí lo que veíamos era una bola de nieve que iba aumentando en tamaño año con año y esencialmente la actuación de la Superintendencia paró la carreta, detuvo el proceso y eso provocó que salieran a flote una serie de cosas.

Se paró el problema en el sentido de que al Banco Central le ha costado 90 millones de dólares en préstamos al INTERBANK intervenido y que eso ahora está garantizado con la cartera del grupo Centeno; esa cantidad pudo haber sido un año más tarde, dos o tres veces porque pudo haber afectado a mayor cantidad de bancos en el sistema.



¿La Superintendencia se siente una isla en un sistema
de componendas?


Yo creo que eso toca un tema que es muy de fondo, porque lo que usted me está queriendo decir con esa pregunta, esencialmente lo entiendo yo, es como que en un país en donde las reglas no se aplican, las reglas se estiran, se adaptan.

Mi opinión personal, y creo que la comparten muchos nicaragüenses, es que un país no puede desarrollarse adecuadamente, no puede tener un desarrollo suficientemente rápido y sano para mejorar el nivel de vida de la población, si los nicaragüenses no partimos de la premisa de que hay reglas que cumplir y que las tenemos que cumplir como son.

Esa es la base del Estado de derecho y de la libertad porque uno puede tener libertad en la medida que hay orden y sólo puede haber orden si se respetan ciertas reglas básicas. Es la base de la confianza en todas las relaciones que pueden haber entre los ciudadanos y principalmente entre los ciudadanos.

Si las reglas se respetan yo puedo predecir cómo va a actuar mi socio o la persona con quien estoy haciendo transacciones, si no se respetan el riesgo es enorme y, por lo tanto, el costo de hacer transacciones y negocios en el país se vuelve muy grande y todo eso retrasa el desarrollo.

Es importante, por lo tanto, que nosotros apliquemos las reglas de una manera objetiva, esto no significa de una manera inflexible puesto que hay situaciones diferentes y hay que aplicar las reglas adaptándolas a la situación concreta.

Personalmente creo que el ejercicio de la Superintendencia debe hacerse al margen de toda consideración política, de tipo parcial, de que se le vaya a dar esto mi amigo y que haya que tratarlo mejor que a este otro, que es mi enemigo.

Yo trato de hacerlo, porque creo que mi obligación es ser recto y aplicar los reglas con prudencia, con imparcialidad, con objetividad para lograr los fines que la ley le pone a la Superintendencia.



¿En Nicaragua se cumplen las reglas del juego?

¿Qué me quiere decir usted con eso? Si lo que me quiere decir usted es que si los bancos están cumpliendo con todo lo que debieran cumplir, si los demás actores en el sistema financiero están cumpliendo con todo lo que debieran cumplir, obviamente uno tendrá que llegar a la conclusión que ese cumplimiento no es perfecto y para comenzar tenemos el caso de INTERBANK que nos lo demuestra.

Si la pregunta es si estamos nosotros como Superintendencia vigilando con la suficiente exactitud para velar que se cumplan, ese es un problema que depende de las capacidades reales que tenga una institución supervisora.

Una institución supervisora está limitada por el Presupuesto, y por lo tanto, por la calidad y cantidad de recursos de que dispone para ejercer esa supervisión. Nosotros podemos hacer una supervisión in situ de un banco con una frecuencia anual y estamos trabajando para que pueda hacerse por lo menos dos veces al año y no lo hemos logrado todavía.



¿Quién fue el perjudicado al final de esta crisis?

Si al final no se recupera el dinero de los Centeno, eso va a representar un costo que lo vamos a tener que cubrir todos los nicaragüenses a través de los impuestos.


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