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Informe independiente del CEI revela:

Avanza remoción
de minas, pero se
descuida a víctimas

En septiembre 2001, Nicaragua
será sede de reunión internacional antidesminado

En septiembre del próximo año, Nicaragua será sede de la Tercera Reunión Internacional de Estados Suscriptores de la Convención de Ottawa, sobre la eliminación de minas antipersonales, lo cual representa un fuerte espaldarazo internacional para la continuación de la actual campaña de desminado.

Un informe independiente realizado por el Centro de de Estudios Internacionales CEI, publicado en septiembre de este año, concluyó que el proceso de desminado en Nicaragua ha logrado avances importantes en el área técnica militar, pero ha descuidado a las víctimas y la prevención de accidentes.

De acuerdo a estimaciones de la Cruz Roja, cada año se presenta un promedio de 50 accidentes producidos por minas. De esa cantidad, el 90 por ciento son civiles, de ellos el 65 por ciento son niños y adolescentes.

Las limitaciones financieras y la ausencia de políticas de reinserción laboral a las víctimas de accidentes por minas se mantienen en los principales problemas que se suman al proceso. Durante el período de 1999 al 2000 el Ejército requería de 30 millones de dólares para el desminado.



Víctimas están desprotegidas

El énfasis gubernamental y militar en el proceso de destrucción de minas y su correspondiente partida de fondos, es criticado por otros sectores que piden concentrar la atención en direcciones hasta ahora olvidadas.

Según Joel Zamora, director ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua (CEEN), el mayor peso de los recursos financieros, materiales y humanos asignados al proceso de desminado, ha sido destinado principalmente a la remoción de minas.

“El problema no es ese. Creemos que es un hecho sumamente importante saber que el proceso de remoción se está cumpliendo y que existe voluntad de parte del gobierno. El problema es que no hay esa misma voluntad en la parte de prevención y atención a las víctimas”, expresó Zamora.

Ser víctima directa de minas trae como consecuencia la incapacidad física, pero además, una serie de dificultades sociales para el afectado. El problema del lisiado supera las dolencias físicas e implica serias repercusiones psicológicas a causa de su entorno social.

Según documentación del CEEN, al lesionado no se le brindan iguales oportunidades laborales, se tiende a encasillarlo como un minusválido, incapacitado para realizar actividades habituales, provocando en él sentimientos de autocompasión y limitándole su visión de futuro, llevándolo muchas veces a recurrir a la mendicidad y hasta el suicidio.

De acuerdo a la documentación del CEEN, Nicaragua prácticamente no cuenta con programas de rehabilitación y reinserción. La mayoría de los proyectos han sido diseñados para las áreas preventivas, de concientización y capacitación.

Uriel Antonio Carazo García, coordinador en Madriz de la Organización de Revolucionarios Discapacitados (ORD), es responsable departamental de la Comisión Conjunta por la Paz y Reconstrucción de ese lugar.

Víctima en carne propia de las minas, Carazo es poco optimista sobre la atención que reciben los lesionados por artefactos explosivos en Nicaragua. “El gobierno no ha cumplido. Se ha dedicado solamente a la remoción de minas y se ha olvidado de los programas de reinserción socioeconómica y la señalización de los campos minados. No se han cubierto todos los sectores. Por parte del Ministerio de Salud (MINSA), no conocemos la atención como tal. Y el Ministerio de Educación sólo se ha dedicado a repartir pasquines de la Mujer Maravilla y Supermán”, criticó.

El marco jurídico de Nicaragua estipula ciertas leyes que amparan a los discapacitados, pero éstas se han quedado en el papel por falta de recursos del Estado. Las pensiones que brinda el país cubren únicamente a discapacitados de guerra, siempre y cuando hayan realizados los debidos trámites en su momento. Las remuneraciones económicas oscilan de 80, 100, 150 a 200 córdobas.



Faltan registros confiables sobre víctimas

Zamora aseguró que no hay voluntad de proponer una propuesta de trabajo para atender a las víctimas. Tampoco hay registros consistentes que revelen un porcentaje confiable de personas heridas o afectadas por minas. Al igual que el año pasado, continúa el subregistro de víctimas civiles. No hay datos fidedignos al respecto.

El MINSA tiene registro de personas “deshabilitadas” por minas, balazos, accidentes etc. La OEA posee un registro a posteriori de gente víctima de minas. Este control se realizó por medio de un censo, pero únicamente recoge la cantidad de personas afectadas. Para Zamora estos archivos no permiten ver si hay o no incremento.

“Además, existen datos contradictorios. El año pasado la OEA presentó datos que argumentaban una baja del número de víctimas por minas. Sin embargo, el MINSA presentaba datos de su programa nacional de rehabilitación que presentaba un aumento en víctimas producidas por minas. Desgraciadamente no existen registros confiables” explicó.

La Cruz Roja, por su parte, estima que cada año se presenta un promedio de 50 accidentes producidos por minas. De esa cantidad, el 90 por ciento son civiles, y de ellos el 65 por ciento son niños y adolescentes. El Ejército reporta 22 víctimas militares, de ellas cinco fallecidas, y 17 con incapacidad. Siete de estas últimas sufren de incapacidad total y permanente.

A la par de estos problemas, no existe una política gubernamental para atender a las víctimas. “No hay. Los servicios que existen son los que prestan los centros de rehabilitación del MINSA. Pero una persona víctima de minas no tiene ningún tipo de atención especial. No hay un plan específico de atención a víctimas por minas”, reiteró Zamora.

Igual preocupación compartió René Baltodano, director de Difusión de la Cruz Roja Nicaragüense. El opinó que una de las debilidades del proceso de desminado es la no reinserción social de las víctimas.

La cantidad de lesionados por minas registrada en la industria de prótesis y órtesis es de 617 personas, hasta septiembre de 1999. El MINSA reconoce que no hay una política específica de atención a las víctimas de minas. El paciente afectado por éstas se integra a la atención general y son atendidos de la misma forma que los otros pacientes, ya sea una persona amputada por diabetes, un niño con parálisis cerebral infantil.



Comisión Nacional de Desminado

Uno de logros alcanzados en el proceso fue la conformación de la Comisión Nacional de Desminado, luego que el presidente, Arnoldo Alemán, firmara su decreto creador el cuatro de diciembre de 1998, en presencia del secretario general de la OEA, César Gaviria Trujillo.

Según el CEEN, es necesaria una ley que obligue a las instituciones que conforman la Comisión, a presentar un plan periódico de acción que garantice el desarrollo eficaz del programa y la estipulación de un presupuesto para la atención, rehabilitación y reinserción de las víctimas de minas, así como una atención especial a los zapadores.

“La Comisión solamente ha aceptado los planes formulados por el Ejército (remoción de minas). No existe en el seno de la Comisión un esfuerzo por articular propuestas en los otros dos componentes (prevención y atención a víctimas)”, afirmó.

Según Phillipe Diquemare, representante de Handicap Internacional en Nicaragua, a pesar de que el proceso desminado lleva un buen desarrollo, falta todavía una encuesta del impacto socioeconómico que provocan las minas.

Este tipo de encuesta, según Diquemare, es una absoluta prioridad, porque el proceso de desminado es “carísimo, lento y es casi una utopía” pensar que un país puede liberarse de todos los artefactos explosivos.

La encuesta permitiría definir cuales son las áreas más peligrosas para la gente y priorizar los problemas más graves.