DE PORTADA

Conflictos rurales esperan verdaderas
soluciones institucionales

¿Cómo terminar con
la “nueva violencia”
en el campo?

Sociólogos analizan causas de bandas
rurales y tierras de la discordia

Lourdes Arróliga

Escena normal en el campo

La guerra quedó atrás o al menos eso dicta la historia. Sin embargo tras la herida, se esconden cicatrices. La realidad en el campo es otra, donde el actuar delictivo de bandas y los conflictos por la toma de tierras, son expresiones de la nueva violencia, según el estudio “Conflictos rurales en Nicaragua: las tierras de la discordia”, realizado por los sociólogos Elvira Cuadra Lira y Angel Saldomando.

La investigación, que culminaron el mes pasado, es parte de un estudio regional en Nicaragua, Salvador y Chiapas, México, que realiza The North and South Institute of Canadá, como parte del Programa de Prevención de Conflictos “en un esfuerzo para formular estrategias de solución”, según los autores.

La realidad nicaragüense matizada por la vieja violencia —conflicto militar en el campo—, produce nuevas manifestaciones en el período postmilitar, que tienen nuevos elementos: programas de ajuste económicos, procesos de pacificación. Sin embargo, la respuesta institucional para resolver la criminalidad y los conflictos de posesión y entrega de tierras a ex combatientes, son elementos olvidados en la política nacional.

De acuerdo a los planteamientos de Cuadra y Saldomando, las numerosas bandas que existen en toda la zona montañosa del país, tienen su origen en las agrupaciones de desmovilizados, que fueron catalogadas como “bandas delictivas” y “se les dio tratamiento como tales por parte de las instituciones policiales y militares”.

“Es lo que Heidrun Zinecker describe como la superposición de una violencia nueva a una vieja en un contexto de transición incompleta y reestructuración de la sociedad que carece de reglamentaciones”, indica el estudio.

Para Cuadra y Saldomando “el límite entre violencia política y criminal es difuso, más bien se entrelazan”. La única diferencia es la motivación del acto. “Al inicio las bandas eran grupos de rearmados que ejercían presión para obtener recursos de inserción. Su objetivo era ejercer presión política. Ahora la violencia criminal está dada por ex combatientes, campesinos y delincuentes. Es una actividad delictiva”, explicó Cuadra.



Bandas rurales: 17.6% de delitos con
arma de fuego

De acuerdo al estudio sociológico, en la actualidad las bandas rurales están conformadas por un promedio de 4.5 hombres, mientras que las agrupaciones durante los ciclos de rearme contaban con una o dos decenas de irregulares. Los asesinatos, asaltos, secuestros, plagios, robos con intimidación y demás delitos, son parte de las actividades delictivas que estos grupos “han adoptado como modos de vida”.

Según una muestra de 284 registros policiales sobre delitos que involucraron el uso de armas de fuego correspondientes a los años 1998 y 1999, se constató que el 17.6% fueron cometidos por bandas rurales, de los cuales los robos y los asesinatos representan el mayor porcentaje. (Ver cuadro 1)

La investigación determinó que una de las similitudes entre los grupos de rearmados y las bandas actuales son las zonas geográficas donde operan: los departamentos del centro, el norte del país y los territorios de las regiones autónomas del Atlántico que colindan con ellos.

No obstante, el problema de las bandas rurales se torna más complejo con su supuesta vinculación a las actividades de narcotráfico en lo que se denomina “triángulo minero”, una zona montañosa de la región norte-central, donde convergen el departamento de Matagalpa y la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



Insuficiente respuesta institucional

¿Cómo poner fin a las bandas rurales? Hasta la fecha la ejecución anual de los operativos militares y policiales, no han obtenido los mejores resultados. Pese al esfuerzo del “Plan de seguridad en el campo”, los resultados son difusos.

Una evaluación anual de dicho plan refiere que en 1998 se inició con 26 bandas delictivas. Posteriormente surgieron 158 más y la Policía Nacional registró 184. Después se desarticularon 160 bandas y los miembros de las 24 restantes, se desmovilizaron para integrarse a labores productivas. Sin embargo para 1999, la Policía reconoció la existencia de 44 bandas. (Ver cuadro 2)

Cuadra y Saldomando determinaron en la investigación que una de las principales dificultades para el seguimiento de las bandas rurales es la poca información disponible sobre ellas. “La Policía Nacional no realiza un seguimiento riguroso de sus estadísticas y tampoco se han caracterizado a las bandas, sus integrantes, y sus modos de operar”, indica el documento.

Para Saldomando la carencia de datos estadísticos sobre los conflictos rurales obedece a que “desde el mundo oficial no se quiere ver el problema para no asumirlo, es decir que hay que hacer algo, pero a nadie le interesa”.

El vacío técnico y la ceguera oficial, son las dos caras que impide la solución del conflicto rural. “Las acciones públicas son pocas. No hay reconocimiento del conflicto, al menos que haya un secuestro de algún miembro de la CIAV-OEA o cuando Pedrito, El Hondureño, se tomó Estelí”, criticó el investigador.

Por su parte Elvira Cuadra mencionó algunas iniciativas de solución impulsadas por la sociedad civil, tales como la institucionalización de Consejos Ampliados, que se organizan en distintos municipios desde 1990.

“Son organizaciones en la que participan la Alcaldía, la Policía, los líderes comunales, para amortiguar la violencia. A veces plantean negociaciones para desmovilizar alguna banda”, mencionó Cuadra, a la vez que citó que los esfuerzos mayores se dan en Matagalpa y Jinotega.

Sin embargo, estas iniciativas “son una válvula de escape porque no hay visión en torno a la municipalidad, que puede estar presente en la zona como interlocutor para solucionar el problema”, criticó Cuadra.

En el enfrentamiento con las bandas rurales la Policía Nacional y el Ejército, chocan con grupos que representan poder en las zonas de conflictos, debido a la ausencia de instituciones sólidas que puedan enfrentar el problema. En la región denominada el triángulo minero, las bandas armadas sobrepasan los límites de la Policía.

“Representan poder y orden en esas regiones por lo que es más difícil controlarlas”, mencionó Saldomando. El actuar de las bandas repercute en el desarrollo de los municipios, “cuando se presentan momentos críticos se atrasan proyectos que realizan los Organismos No Gubernamentales (ONG´s) en la zona”, añadió.



Retardación judicial traba solución de tierras

La tenencia de tierras y los conflictos de la propiedad constituyen el segundo eje del conflicto en el mundo rural. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia de los investigadores es difícil determinar la dimensión del problema porque no hay cifras claras sobre el avance de la titulación y legalización de las propiedades asignadas a ex combatientes. Las evaluaciones de la Policía Nacional determinan que a partir de 1997 se registra un ascenso en el comportamiento de las tomas de tierra. (Ver cuadro 3)

Las limitaciones para determinar el número de delitos que ocurren ligados a disputas por las tierras, se deben a que existe una “cifra negra” de incidentes que no son reportados a las autoridades competentes y los registros policiales a nivel nacional, no analizan los motivos de los delitos que se cometen. Por otra parte la prolongación en el tiempo de una solución también incrementa las percepciones de inseguridad en todas las zonas rurales.

Por otra parte las condiciones de vida y los niveles de desarrollo en el campo, así como los frecuentes desastres naturales y la vulnerabilidad de las poblaciones ante estos fenómenos, se suman a la realidad de las nuevas manifestaciones de violencia rural. “Los ejes más importantes de este tipo de conflictos se mueven alrededor de: los procesos de descentralización en los gobiernos locales y el acceso a los recursos, la profundización y extensión de la pobreza y la marginación de grandes sectores poblacionales”, reza el informe.

La carencia de datos que reflejen la situación actual de la tenencia de tierras y la retardación de justicia también impiden tener una radiografía del conflicto. “Hay dinero de por medio y eso retrasa el curso de los programas de catastro y titulación”, mencionó Elvira Cuadra.

En tanto la situación del mercado negro de tierras, transferencias ilegales y factores de identidad son parte de los elementos a determinar en la solución del conflicto. “Los avances son poco significativos porque los casos son muy complejos; están sumergidos en un círculo donde las tierras inicialmente pertenecían a comunidades individuales, posteriormente a desmovilizados, se dio la titulación y venta a nuevos dueños”, dijo Cuadra.



Relación pobreza-delincuencia en cuestión

De acuerdo a los planteamientos de los sociólogos las manifestaciones de violencia en el campo no están ligadas al alto índice de pobreza en la zona. En este sentido “son los grupos económicos y sociales los que la generan por lo que el pobre crónico no tiene expectativas de salir de la pobreza”, dijo Angel Saldomando. “No hay relación evidente entre pobreza y delincuencia porque hay municipios con alto índice de pobreza y poca criminalidad y en las zonas de conflictos hay poblaciones medianamente pobres”, dijo.

Para Saldomando la crisis financiera desatada por el “quiebre” del INTERBANK, lejos de despertar olas de violencia, generará “nuevas formas de presión para la solución individual de los conflictos”. “Los malos ciclos agrícolas son determinantes en las situaciones de violencia. Más que los conflictos sociales, la causa de la violencia rural reside en el ciclo agrícola. La gente no tiene que producir y por eso surgen estas manifestaciones”, concluyó.