INVITADO DE LA SEMANA

Doctor José Pasos Marciaq, miembro de
la Contraloría Colegiada

“Resolución no fue
para lavarnos la cara”

Lourdes Arróliga

Dr. José Pasos Marciaq

La Contraloría puso las cartas sobre la mesa al emitir una resolución en contra de los implicados en el caso de la terraza de Byron Jerez. Sin embargo, la última jugada estará en manos del Juzgado Primero de Distrito del Crimen, donde este lunes se remitirá el expediente con más de dos mil páginas de información detallada de la auditoría que realizó el ente fiscalizador.

Será la doctora Marta Quezada Saldaña, titular de ese juzgado, quien determinará la culpabilidad o inocencia de Byron Jerez, ex director general de Ingresos, Jaime Bonilla, ex titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), y de otros funcionarios públicos.

Además, investigará jurídicamente a MODULTECSA, empresa que construyó la terraza pagada con fondos destinados a la emergencia del huracán Mitch, según investigaciones periodísticas de Confidencial. “Es una empresa privada y por eso sólo le compete al Juez determinar su responsabilidad”, manifestó José Pasos Marciacq, miembro del Consejo Superior de la Contraloría Colegiada, para quien el periodismo “jugó un papel muy importante al presentar evidencias que hacían falta”.

Según Pasos Marciacq, la resolución por unanimidad de los cinco miembros de la Contraloría Colegiada, no tiene como fin lavar la cara de la institución, que perdió credibilidad ante la opinión pública por su resolución en el caso de los “checazos” del mismo Jerez, sino “cumplir con la misión de velar por el buen uso de los recursos del Estado”. A continuación sus apreciaciones sobre el tema.



¿Cuánto tiempo les tomó esta resolución?
¿Cuánta gente trabajó en ella?

Una cantidad enorme: ingenieros, abogados, auditores, evaluadores, entre 40 a 50 personas involucradas. Se trabajó día y noche. Cuando tenemos un caso así se trabaja horas extras hasta salir de él pronto, sobre todo cuando cuenta la opinión pública. Desde que aparecieron los primeros documentos en Confidencial, tomó unos tres o cuatro meses para estudiar el caso.



¿Esta resolución fortalece la institucionalización
de la Contraloría?

No, no es para fortalecer la institucionalidad, sino para cumplir con la obligación que tenemos de velar por el buen uso de los recursos del Estado. Hemos tratado de comenzar a trabajar de una forma en la que toda resolución salga por unanimidad, de manera que si tenemos una sesión y alguno de nosotros no está de acuerdo investigamos más, nos damos tiempo hasta lograr que sea absoluto el acuerdo. Estamos implementando eso desde hace un par de meses más o menos.



¿Y en el caso de los “checazos” por qué no aplicaron
este mismo método?

Todavía estábamos en período de adaptación. Tuvimos tres opiniones diferentes. Esta modalidad es para demostrar que vamos a cumplir estrictamente con lo que manda la Constitución y las leyes. Hemos pasado por un período y ya tenemos un plan de desarrollo para los cinco años con nuevos objetivos. Eso nos ha permitido compactarnos y actuar objetivamente. Si no estamos de acuerdo vamos donde el auditor, el abogado, lo citamos y lo discutimos hasta que logremos el consenso total.



¿Temen alguna represalia del Ejecutivo?

En lo absoluto, nosotros en este corto período, en los últimos quince días hemos tenido entrevistas con el Presidente de la República para discutir el nuevo presupuesto del año 2001 y las relaciones son cordiales, normales, e incluso, fuimos invitados a la recepción de la visita que hizo el presidente Vicente Fox, de México.

Estuvimos los cinco contralores con funcionarios del gobierno y dejamos claro que nuestra función no es en contra de nadie, sino cumplir con lo que nos manda la Constitución y si con eso algún funcionario se siente ofendido no es culpa nuestra, porque se ha descuidado en el cumplimiento de sus labores.

El presidente Alemán no nos ha manifestado nada ni creemos que lo haga porque es un acto de independencia de la Contraloría, el cual ha sido reforzado por él mismo.



Algunos indican que con esta resolución se lavaron
la cara del caso de los “checazos”. ¿Hubo alguna
presión externa en su decisión?

Ninguna. Lógicamente todos tenemos amigos que en determinado momento nos pueden llamar, pero no vamos a estar cediendo a presiones de amigos o de partidos o de personas externas porque nuestro papel es otro. No sólo es el caso de MODULTECSA, también estamos resolviendo lo de los funcionarios que se compensaron de forma ilegal al retirarse de su cargo. Vamos a investigar a los funcionarios que hace cinco años pudieron haber recibido indemnizaciones fuera de lo legal y si no los hay, ¡magnífico!



¿No fue para lavar la cara de la Contraloría?

Perdone, ¿por qué nos vamos a lavar la cara? Tenemos que cumplir con nuestro mandato, puede ser que nos equivoquemos en algunas de las resoluciones, que no sean lo que la ciudadanía espera, pero ninguna resolución se toma con ese objetivo, porque nos lavamos la cara hoy y la vamos a ensuciar mañana. Tenemos que actuar de la mejor posible, más transparente para evitar que existan percepciones equivocadas en la ciudadanía.



¿Quién fue el testigo clave para que ustedes llegasen
a tomar esta resolución en el caso? ¿El ingeniero José León Prado?

Todos los testigos que vinieron a declararnos lo que había sucedido. Todos los testimonios fueron fuertes. No podemos decir que por ocupar un cargo más importante ese testimonio —del ingeniero Prado—, es más valioso que el del conductor que trasladó el piedrín en los camiones, cemento o cualquier otro material. Todos tienen el mismo valor.



¿Por qué no compareció Jerez?

Lo citamos repetidas veces y se comprometió a venir. Mandó un escrito como testimonio, y consideramos que era su descargo. El ingeniero Bonilla, tres o cuatro días antes de tomar la resolución definitiva, envió un escrito alegando que las primeras investigaciones no eran ciertas. Se investigó lo que dijo, pero no era suficiente y se tomó la resolución.



En cuanto al cheque gerencial por 60 mil dólares
que presentó Byron Jerez ¿Lo estudió la Contraloría?

Ese cheque no apareció por aquí. La Comisión Anticorrupción presentó una fotocopia del cheque, pero bueno, yo le puedo pagar a usted 60 mil dólares y nadie sabe por qué. Por las bitácoras y todo lo que tiene relación con eso, allí no hay ninguna constancia del pago, pero no podemos investigar a una compañía privada.

Le corresponde al Juez llamar al Gerente General de MODULTECSA o a quien considere conveniente investigar para determinar las responsabilidades. Tendrá que profundizar las investigaciones y eso se sale del resorte de la Contraloría.



¿Consideran un acto de prepotencia el hecho de
que Byron Jerez no compareció? ¿Influyó en la resolución?

No tiene porqué ser un acto de prepotencia. Sucede diario en casos menores, gente que tiene accidentes, chocan y los cita el Juez, la Policía y no van, no les interesa. Es falta de educación cívica, no en el caso de este señor, sino de la ciudadanía en general.



¿A qué Juzgado enviarán el caso?

Creo que al Juzgado Primero del Crimen, no sé si está especificado en la resolución. Lo vamos a enviar el lunes a primera hora. Va al Juzgado, a la Asamblea Nacional, a la Procuraduría General de la República y a todo el que quiera.



¿Van a auxiliar al Juez si se los pide?

Le vamos a enviar toda la documentación; dos mil y pico de páginas; todo el expediente.



¿Tienen confianza en el Poder Judicial? ¿Temen
que pase lo mismo que en los “checazos”, cuando
una denuncia en los tribunales no prosperó?

No podemos prejuzgar al Poder Judicial. Los jueces y los funcionarios tenemos que partir de que mientras no se demuestre lo contrario, los funcionarios son honestos. Si se demuestra lo contrario es otra cosa. Que los jueces son corruptos es una percepción ciudadana, pero bueno, mientras no se demuestre, hasta que no sea condenado, es inocente.

¿Por qué encontraron presunción penal contra Ebner Baldelomar y ninguna para el actual Ministro de Transporte, David Robleto?

El no era Ministro en ese tiempo y además, David Robleto nos había enviado varias misivas solicitándonos que resolviéramos el caso, porque él no podía hacer nada sin que hubiera un resultado.



Pero el Código Penal tipifica el delito de
encubrimiento, y él tampoco mostró los avalúos.

Como no. El Ministerio entregó todo. MODULTECSA, basándose en que es una empresa privada, no lo hizo y por eso será el Juez quien pida los documentos que no entregaron.



¿Qué papel jugó el periodismo en este caso?

Fue un papel muy importante porque alertaron a la Contraloría de lo que estaba pasando. Había rumores, pero los medios de comunicación sacaron pruebas, cheques, bitácoras, un montón de datos que sirvieron para aumentar el caudal de evidencias que hacían falta.



¿El MTI tiene que despedir a los funcionarios
señalados con responsabilidad administrativa?

Sí, tiene que tomar las medidas. Según la ley, si ellos no lo hacen en determinado período de tiempo, nosotros las podemos tomar.



¿Qué expectativas hay de que regresen esos cuatro millones de córdobas al Estado? ¿Qué mecanismos
se van a aplicar?

Eso ya dependerá del Juez, netamente del Poder Judicial, que tiene todas las herramientas para recuperarlos; es decir, la prisión, subastar, quitarles los bienes a las personas involucradas.

¿Y si no los devuelven?

Es que tienen que devolverlos. El Juez tiene la capacidad para que lo hagan. Le voy a poner un caso paralelo, el de esta señora Regina Caldera —ex relacionista pública de ENEL—, quien dice que ya se gastó el dinero. La resolución de la Contraloría es subsidiaria. Si la Junta Directiva no logra que los devuelva, ellos tienen que pagar de su bolsillo.



¿Y en el caso de la terraza quiénes deberían pagar?

Los involucrados, los que tienen presunción penal.