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Alemán y Ortega en pláticas por Interbank
Una reunión a puertas cerradas entre el presidente Alemán y Daniel Ortega, ocurrida el sábado 30 de septiembre, fue la clave para ofrecerle una solución favorable a los accionistas del INTERBANK.

En la misma se acordó descartar la liquidación del banco y explorar alternativas de capitalización, dejándole a los accionistas la administración de los depósitos y cartera sana, y trasladándole al Banco Central una especie de “cobra” para hacerse cargo de recuperar la deuda del grupo Centeno Roque.

El esquema acordado por los dos líderes políticos contradice la propuesta FMI-Banco Central, que originalmente planteó una venta vía licitación del Interbank, y que sus accionistas se hicieran cargo de la “cobra” a los Centeno.

Según el FMI, una solución satisfactoria del “hueco financiero” abierto por el Interbank, es imprescindible para que Nicaragua pueda obtener el punto de decisión en el HIPC en el próximo directorio FMI-Banco Mundial el 20 de octubre en Washington.

El viernes pasado se llevaron a cabo pláticas de “fusión” entre BANPRO e INTERBANK, sin llegar todavía a una conclusión. Esta posibilidad generó recelo entre otros bancos privados, pues desde inicios de la semana esperaban una definición de las reglas para participar en una eventual licitación.


Caso Jerez-Modultecsa a juzgados el lunes
El caso Jerez-Modulteca durmió durante una semana en la Contraloría sin ser remitido a los tribunales de justicia. La excusa oficial es que la Contraloría sufrió un prolongado “apagón de energía” durante tres días, lo cual impidió agilizar las gestiones.

Guillermo Argüello

No obstante, el presidente de la Contraloría, Doctor Guillermo Argüello Poessy, aseguró que “el lunes —9 de octubre— a más tardar a las nueve de la mañana”, enviarán al juzgado el documento —con más de dos mil páginas— implicando con responsabilidad penal a Byron Jerez, Jaime Bonilla y otros funcionarios en la millonaria estafa.

La Contraloría delegó a su asesor jurídico, Enrique Peña Hernández, para que presente la resolución ante los juzgados, la Procuraduría General de Justicia, y la Asamblea Nacional, “por el caso de Jaime Bonilla”.

Por su parte, Juan de Dios González Quintana, Sub Director de la Oficina de Distribución de Causas, explicó que una vez que llegue la resolución de la Contraloría, “sólo toma unos minutos” definir a través de la computadora a qué juzgado irá el caso Jerez-Modultecsa.



Recurso de amparo ante Tribunales no es válido
A pesar de que la resolución de la Contraloría no ha llegado a “manos de la justicia”, los implicados con responsabilidad penal en el caso: Byron Jerez, Jaime Bonilla, y el propio Alfredo Carbonell, introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunales de Apelaciones.

Sin embargo, el recurso no “es válido”, según el Dr. Argüello Poessy, presidente de la Contraloría: “La ley Orgánica de la Contraloría dice que no hay recurso de amparo en las resoluciones que se señale responsabilidad penal a los implicados”.

El ex juez y abogado, Boanerge Ojeda, dijo que en “en este país ha habido mucha manipulación de la ley. El recurrir de amparo es para tratar de evitar el proceso penal, aunque la Constitución los obliga a enviarlos a juicio”.

Ojeda explicó que “si los implicados ya están notificados pueden hacer uso de su derecho”, aunque señaló que lo correcto es que el Tribunal de Apelaciones diga: “no cabe amparo en el procedimiento de las presunciones de responsabilidad penal”.



Contraloría resolverá caso SOLECTRA en un mes
Pedro Solórzano, presidente del Partido Conservador, considera una “persecución” de sus adversarios políticos, la denuncia sobre la empresa Solectra, —de la cual es copropietario—, por supuesta violación a la Ley de Contrataciones del Estado. Pero el ente fiscalizador está investigando el caso y espera resolverlo durante el mes en curso. “Ya iniciamos auditorías en la Alcaldía, y vamos a ir a Solectra. Las evidencias indican que iban a hacer 35 mil contenedores para basura a 10 mil córdobas cada uno. No lo hicieron y subcontrataron a Emensa y eso costó más dinero”, afirmó el contralor colegiado Francisco Ramírez.

De acuerdo a documentos en poder de Confidencial, Solórzano solicitó indicaciones a la Contraloría, presidida por Agustín Jarquín Anaya, para participar en la licitación. Jarquín le sugirió que “decline la participación”, “basado en el artículo 178 de la Constitución Política; que prohíbe al Consejal, Alcalde y Vice-Alcalde obtener concesión alguna del Estado o en su caso del municipio respectivo”. El entonces Contralor explicó que “la única manera viable sería ceder en fidecoimiso el porcentaje de su participación accionaria”.

En efecto, Solórzano otorgó la administración de sus 140 acciones, a su hermano Juan Solórzano, según consta en dato registral # 19,433-B5; 434-438; tomo 7227-B5, libro segundo del Registro Público, pero Ramírez insistió en que “Jarquín ignoró que la ley de fidecoimiso no existe en el país”.



Primeras denuncias en Oficina de Contraloría
La Oficina de Denuncia Ciudadana abierta al público por la Contraloría la semana pasada, recibió cuatro denuncias en su primera semana de operación. “La primera la recibimos desde el lunes a primera hora. Y el martes recibimos más y algunas que estamos esperando”, indicó su Director José Saravia. Aludiendo al carácter confidencial de las denuncias, Saravia no precisó detalles de las mismas, “a menos que la persona quiera darlo a conocer”.

Según los procedimientos aprobados, una vez que la denuncia es interpuesta, la oficina tiene cinco días para notificarle al ciudadano si “da a lugar o no” para poder realizar las auditorías, “porque se trata de presuntas irregularidades”.

Sin embargo, la Oficina inició sus operaciones en condiciones sumamente precarias: carece de un espacio físico y personal propio, dentro del ente regulador. Saravia informó que están “limando detalles” en el montaje y pronto se “abrirá una oficina con teléfono y faxes, para hacer todos los trámites”.

La creación de esta Oficina fue motivo controversia entre el embajador norteamericano y la contraloría colegiada, porque el diseno propuesto para la oficina por un consultor colombiano, Jesús Plata, contratado por AID, fue descartado por los Contralores.