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COLUMNISTA
INVITADO
Por
un Estado más
activo en la política económica
Cornelio
Hoppman
El neoliberalismo
ortodoxo —la teoría económica dominante del país— nos plantea dos supuestas
alternativas de acción del Estado, una donde se deja la colocación de
recursos solamente en manos del mercado y se da asistencia social mínima,
hasta ninguna, a los que por “x” o “y” razón quedan fuera del mismo.
Y la otra donde el Estado mismo asume el papel de colocar recursos, usando
los fracasos de la última alternativa para fomentar una apoteosis de la
primera, que supuestamente por medio de la mano invisible del mercado
proporciona la asignación óptima de recursos, donde de hecho tal apoteosis
sirve de pretexto para justificar la ausencia de ideas nuevas y propias.
No obstante, un análisis más de cerca muestra que el supuesto de la teoría
neoliberal ortodoxa en el contexto de Nicaragua simplemente es falso,
por dos razones: por un lado el recurso “tierra”, aunque un recurso limitado,
no tiene costos directos; solamente —cuando mucho— costos de oportunidad.
Y por el otro, el recurso “mano de obra” no tiene ni siquiera éstos, es
decir al no emplearlo del todo, no cuesta tal ineficiencia.
Lo último es diferente en países con sistemas sociales desarrollados,
puesto que en ellos el subsidio público al desempleado por medio de impuestos
y otros tributaciones sociales, sí lleva a costos económicos indirectos
para el inversionista. Estos costos indirectos son la base real para las
diversas alianzas para reducir el desempleo entre partidos (o gobiernos)
del llamado nuevo centro y los dueños de capital de inversión.
Los resultados reales, entonces, de la política neoliberal-ortodoxa no
sorprenden: incremento a niveles nunca antes visto de la brecha en el
balance comercial y aumento solamente marginal del empleo formal. Así
se muestra en práctica el fracaso de una política monetarista, que tomó
con único recurso interesante —y por tanto sujeto a la política estatal—
el capital liquido de inversión y su colocación.
Un
despilfarro gigantesco
Veamos en forma de un ejemplo hipotético pero concreto los efectos: Supongamos
una finca de 1,500 manzanas en el nororiente del país. Por aptitud de
la tierra, se podría dedicar las mismas manzanas al cultivo intensivo
y a largo plazo de cítricos o al cultivo anual de sorgo.
Evaluando solamente bajo el parámetro de rentabilidad de una inversión
—siempre dependiendo de los precios inestables en el mercado internacional—
al cálculo entran en primera instancia semillas, costos de preparación
mecánica de la tierra, fertilizantes y pesticidas, y, por ende, costo
de riego.
El costo de la mano de obra en relación es marginal y los costos de oportunidad
por mano de obra no empleada, no se tienen que tomar en cuenta. Todo lo
contrario, si se evalúa la rentabilidad de la segunda alternativa, aún
cuando más se apuesta a producción orgánica, tal como la exigen los mercados
modernos: en este caso el costo de la mano de obra empleada se vuelve
factor determinante de todo el cálculo.
No obstante, en esta variante los márgenes de ganancia de capital raras
veces alcanzan de 24% a 30% exigidos por la banca local, de tal forma
que resulta más económico para el agricultor grande no trabajar sus tierras
y esperar mejores tiempos. Exactamente por esta razón en este ciclo agrícola
casi el 50% de la tierra apta para cultivos no será sembrada.
Cabe señalar que ya el interés del 22% es consecuencia del modelo elegido
de asignación exclusiva: para cualquier banco resulta más rentable prestar
a algún comercio al 22%, pero en términos muy cortos, que prestar al 15%
a mediano o largo plazo a un ganadero y agricultor; siempre y cuando el
comerciante tiene la posibilidad de sumar sus costos de financiamiento
a los precios.
De hecho —y por conocimiento de cerca— sé que los mayoristas de Nicaragua
calculan sus precios de bienes de importación sumando del 43% al 48% al
precio detallista en los EE.UU., para recuperar sus costos de financiamiento
sin tomar en cuenta aún el IGV.
En resultado, la política monetarista actual favorece el despilfarro de
recursos y aumenta la brecha comercial en lugar de producir más eficiencia
y eficacia en el uso de los recursos nacionales. El esquema actual se
quiebra —y ya está cerca— cuando no hay flujos externos líquidos, que
balanceen el déficit comercial y a la vez oxigenen el comercio domestico.
Sumando la ociosidad de la tierra al desempleo y subempleo de casi el
60% de la mano de obra, vemos un despilfarro tremendo de recursos nacionales,
un despilfarro —sospecho yo— que ni la economía más desarrollada toleraría
por mucho tiempo sin quebrarse.
¿Cuáles
son las alternativas?
Obviamente volver a un esquema de economía planificada centralmente —la
que los neoliberales presentan como única alternativa— no es opción. Sino,
tal como lo han hecho los gobiernos exitosos de los EE.UU., Inglaterra,
Holanda y últimamente Alemania, hay que implementar políticas que, por
un lado, conviertan el desaprovechamiento de los recursos en costos reales
y, por otro, incentiven su uso real, de tal forma que en su conjunto se
cambie el balance individual.
Posibles medidas serían un impuesto sobre tierra ociosa asumiendo una
renta presuntiva a saldarse con el IR al final, o la inversión en culturas
permanentes, permitiendo que, por ejemplo, árboles y no solamente tierra
sirvan para hipotecas, ambos ya propuestos por expertos hasta del Banco
Mundial sin que se les haya hecho caso.
Un incentivo —no un subsidio— para aumentar el trabajo formal puede implementarse
por medio de un bono de empleo como crédito fiscal, donde el valor del
mismo se define por el valor conjunto obrero y patronal de las cotizaciones
pagadas al INSS.
Para el Estado como tal el saldo sería casi 0 —es decir sin costos— dado
que a la larga él —con los niveles de empleo formal de ahora— tendría
que asumir el déficit del seguro social, sea en forma directa o de crédito
con el Banco Mundial.
Sin embargo, para la empresa privada este bono reduciría en forma sustancial
los costos de mano de obra sin afectar a los trabajadores y —por primera
vez— le daría a la mano de obra costos de oportunidad. Hay otros elementos
más —como la prohibición de exportar madera no procesada, sea en forma
directa o por medio de un impuesto alto—, que pueden resultar más beneficiosos
de procesar en el país.
Obviamente tasas de interés como los que cobran las financieras no tradicionales
y sin fines de lucro, del 36% al 48% efectivo al año, más bien quiebran
a cualquiera —no solamente al productor pequeño—, de tal forma que urgen
modelos de financiamiento sin estos costos estratosféricos como fondos
locales revolventes por medio cooperativas locales de ahorro y crédito,
etc.
Todo depende de la capacidad de análisis económico y de la voluntad política
de sacar conclusiones del fracaso demostrado del modelo actual en promover
la asignación efectiva —para no soñar de la óptima— de todos los recursos
del país. Esto por basar la política solamente en uno de ellos, que además
en gran medida es externo.
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