Unión Fenosa, único oferente en licitación
de distribución este martes

Hora cero en
privatización ENEL

¿Pasaremos de monopolio estatal
a monopolio privado?

La gran interrogante: ¿se logrará
el precio mínimo al no haber competencia?

Enron, Coastal, y Amfels esperan
con cautela el humo blanco, para participar
en licitación de generación

Oliver Bodán

En medio de posibles riesgos ambientales, atrasos de ca lendario, dos recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la supuesta gestación de un monopolio privado, la privatización de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) entra esta semana a su recta final.

El próximo martes 12 de septiembre se conocerá si la compañía española Unión Fenosa —única firma que participará en la primera parte de este proceso de licitación, razón por la cual algunos inversionistas afirman que se violó la Ley de la Industria Eléctrica— ganará la justa del sector distribución. Mientras tanto, las tres compañías interesadas en adquirir plantas generadoras de energía —Enron, Amfels y Coastal— esperan con cautela que se lance la primera carta.

“El 12 es una prueba muy clave, porque si no se privatiza la distribución, es diferente el asunto. No es lo mismo que esté Unión Fenosa como tu cliente a tener a un ENEL partido: el riesgo y la calidad del cliente es superior con un ENEL ya segmentado. Esto influiría en el precio, porque vas a estar lidiando con alguien que no tiene un ranking de crédito tan bueno como Unión Fenosa”, declaró a Confidencial Max Kelly, representante de Enron.

Unión Fenosa es una compañía española con inversiones en Panamá, República Dominicana y Guatemala. Según su página Web, actualmente posee participaciones en 16 empresas distribuidas en once países, en los sectores de generación, transporte y distribución de electricidad, distribución de gas y agua, y gestión de aeropuertos. ¿Quién es Unión Fenosa? (ver nota relacionada).

Pero su participación exclusiva en la licitación del sector generación —luego que ENEL invitara a 20 firmas y 16 compraran documentos— no es totalmente aceptada en el sector. Para César Zamora, gerente de Desarrollo de Coastal, el 12 de septiembre será “el termómetro” de la privatización.

“Unión Fenosa es una compañía muy buena, su decisión de invertir en Nicaragua la impulsa como una empresa que se está proyectando fuertemente en Centroamérica. Ahora, no es común que sólo esté una compañía, pero es algo que Unión Fenosa va tener que medir: es un compromiso para ellos”, estimó Zamora.

Según él, “tienen que dar más del precio mínimo y ese va a ser el secreto y un problema para la gente de ENEL, porque si hubiera competencia, teóricamente los precios estarían mucho más arriba”.

Otros son más críticos. Fernando Aguerri, representante del proyecto de energía eólica de la firma española Iberdrola, considera que la licitación del sector distribución se declarará desierta. “Hay que preguntarle al Banco Inversor por qué permitió que Disnorte y Dissur —las dos compañías en que se dividió el ramo— fueran compradas por una sola empresa, cuando la Ley señala claramente que iba a haber un dueño para Disnorte y otro para Dissur”, señaló.

“El Banco Inversor es una empresa consultora que tiene sus intereses, porqué no le preguntamos ¿cuánto es su interés en este proceso que está llevando a cabo?, ¿cuánto está ganando?”, cuestionó. Y criticó que en los últimos meses “sacaron un adéndum —no sé quién, si ellos (el gobierno) o el (Banco Interamericano de Desarrollo) BID—, permitiendo que fuera una sola empresa, con lo que, como diría el Vicepresidente español en su discurso, pasamos de un monopolio estatal a uno privado”.

Efectivamente, el vicepresidente Rodrigo Rato recomendó en su intervención ante la empresa privada nacional que las privatizaciones deben ir acompañadas de la liberalización de mercados. Sugirió “mercados abiertos” a la máxima competencia nacional e internacional y dijo “no” al monopolio.


Debaten sobre monopolio privado

Según José Ley Law, representante de Amfels, aunque no es “lo más conveniente” la participación de una sola empresa en la primera etapa de la privatización de ENEL “el mercado de Nicaragua es relativamente pequeño” y “es una situación que la está dictando la misma situación del país”.

Ley tiene otros argumentos: “Probablemente una empresa que oferte por las dos empresas, podría ofrecer un precio más alto”. “O sea, que si vos sos un inversionista y yo soy otro un inversionista y ofrecemos diez córdobas por una empresa y 10 córdobas para la otra, entonces, en total ENEL estaría recibiendo 20 córdobas. Pero si vos no participás y yo si, a lo mejor ofrezco —en vez de los 20 córdobas— 22 ó 25 córdobas, porque la veo más atractiva, veo un mercado más grande y posiblemente voy a pagar un poco más para poder conseguir el 100%”, explicó.

“Esto lleva ventajas y desventajas y habría que evaluar: algunos dicen que perdemos la competencia comparativa entre empresas, otros dicen que la empresa de distribución podría ser un elemento muy fuerte ante las empresas generadoras”, señaló.

En la misma dirección, Kelly recordó que “es permitido” que una sola compañía participe en una licitación de esta naturaleza: “La realidad de las cosas es que fue la única que se presentó y se le abrieron las puertas a todas”.

Pero el sindicato de ENEL tiene otra visión de Fenosa. Rosa Argentina Hernández, miembro de la Federación de Trabajadores de la Energía expresó: “Tenemos información de que en Chile, donde llegó a comprar, es una de las empresas que tiene políticas muy negativas hacia los trabajadores. No creemos que venga a hacer un gran desarrollo en el área de las distribuidoras, además, que de las diferentes trasnacionales latinoamericanas, hemos visto que es una de las empresas con menos posibilidades de desarrollo y con políticas más atrasadas a nivel del sector eléctrico”.

Hernández no descartó que haya existido “tráfico de influencias” en el proceso: “No se descarta porque, además, Unión Fenosa conoce todo el sistema y, como dijimos, tiene cuatro años de estar en ENEL, fue la que sostuvo el sistema de comercialización y conoce hasta el último detalle de la empresa. Estuvo en ventaja sobre algunos oferentes que inicialmente mostraron interés”.

No obstante, Abdel Karim Conrado, secretario ejecutivo del Comité de Privatización de ENEL, rechazó las informaciones sindicales. “Fenosa le vendió a ENEL el software de gestión comercial, así como que usted compre el programa de Word a Microsoft, y Microsoft no sabe qué es lo que está escribiendo usted”, estimó y rechazó que los españoles tuvieran de antemano acceso a “información vital” de la empresa estatal.

“La distribución por naturaleza es un negocio monopólico, pero no significa que ellos van a hacer lo que quieran. Existe un regulador que es el (Instituto Nicaragüense de Energía) INE, que fija las tarifas y mira la calidad del servicio: voltaje, amperaje, ciclaje, el número de apagones, el número de horas por apagón, etc. Tiene capacidad de aplicar multas e incluso puede quitar la licencia”, expresó. Pero Fernando Aguerri recordó que “tenemos instituciones reguladoras muy débiles”.

José Guy Bendaña Guerrero, asesor legal de Fenosa en el país, dio su versión a Confidencial sobre los señalamientos: “No se va a dar un abuso de una posición dominante de los distribuidores, porque el gobierno siempre va a controlar los precios y, en segundo lugar, porque esta es una compañía seria que no va a querer abusar de los consumidores. De acuerdo al moderno derecho de competencia, el monopolio como tal no es censurable, porque no hay porqué criticar o señalar a una empresa que se dedica a una actividad que otras empresas no quieren hacerlo”.

“La empresa Unión Fenosa es la única que precalificó para la compra de las dos compañías de distribución. Prácticamente está sola, hará una oferta que corresponda a las expectativas. La única posibilidad de no ganar sería que no se hiciera la oferta conforme el precio establecido, pero si se ofrece ese precio o más, como no hay otro competidor, necesariamente tiene que adjudicársele”, razonó.

Bendaña reconoció las expectativas de las empresas generadoras en cuanto a la conveniencia de negociar con una compañía privada y no estatal: “Entre empresas privadas es más fácil negociar, porque no hay la burocracia del gobierno, lo que se busca siempre es eficiencia. En el gobierno se ven otros aspectos de carácter extra empresarial, como asuntos políticos, recomendaciones (ponen a alguien que no es capaz)”.

En medio del asunto, David Atkinson, representante del BID, estimó: “No tengo los detalles sobre las empresas que están interesadas, pero lógicamente sería mejor tener más”.


Los “ruidos” de la privatización

Fuera de la exclusiva participación de Fenosa, el proceso de privatización ha estado salpicado de “ruidos”. Según Kelly, “debió haberse echado a andar” el mercado eléctrico, dada la complejidad de las normativas actuales.

“Ya hay un mercado libre en el sentido de que cada planta vende a un distribuidor; todas las compañías de ENEL están segmentadas, están las dos distribuidoras, hay dos plantas de generación y están las otras plantas privadas: nosotros, Tipitapa y AMFELS. Pero es necesario comenzar a manejar un centro de despacho, donde existan una serie de penalidades”, precisó.

“Estás hablando de que si yo fallo en dar la energía que dije iba a dar mañana, al día siguiente voy a tener una penalidad: tengo que salir a comprarla y tampoco puedo vender más. Eso debería echarse a andar para efectos de mejorar la transición, pero no ha pasado”, puntualizó.

Adicionalmente, los cambios en el calendario también ha despertado desconfianza en los inversionistas. Según César Zamora, de Coastal, “a medio camino, en abril, hubo un retraso: se postergó la privatización y se volvió a relanzar en junio; se dejó de vender la parte hidroeléctrica hasta diciembre y sólo se está privatizando en una primera etapa la generación térmica y la distribución”.

“Todo este proceso ha creado cierto ruido y son elementos que uno tiene que valorar para tomar una decisión en cuanto al riesgo que tienen estos activos. No obstante, para nosotros el compromiso con la privatización es serio. El problema han sido los tiempos: ¿A qué se han debido los retrasos?: Aparentemente han sido porque no estaban las condiciones listas para llevar a cabo la privatización en primer instancia”, argumentó.


Recursos de inconstitucionalidad: “espada de Damocles”

Otro “ruido” son dos recursos de inconstitucionalidad que introdujeron ante la CSJ la bancada sandinista y el sindicato de ENEL. Para algunos inversionistas, la situación es peligrosa.

“Esas dos demandas son una espada de Damocles en el proceso de privatización, lo mejor que puede hacer la Corte Suprema es dictaminar antes del 12 de septiembre si son válidas o no, porque le quita riesgo a la inversión y al quitarle ese riesgo implica mayor valor de los activos y eso podría beneficiar al país”, consideró César Zamora.

Zamora citó un caso en Costa Rica en el que una empresa norteamericana ganó el uso de la banda de telefonía celular y al cabo de dos años el proceso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de aquel país. “Y tuvieron que regresar todos los activos al Estado. La compañía demandó en los Estados Unidos al gobierno de Costa Rica y perdió. O sea que hay un precedente claro y grave, y por eso uno tiene que ser cuidadoso con la inversión”, señaló.

Kelly también reconoció que si la Corte se pronuncia a favor de los recursos “todo se echa para atrás”. No obstante, estimó que dichos amparos no son válidos, puesto que la Ley de la Industria Eléctrica “cubre precisamente la venta de todos los bienes de ENEL”.

Igual posición compartió Abdel Karim, quien dijo que las leyes están a su favor. “En Bolivia, cuando privatizaron el sector eléctrico, hubo más de 400 recursos de inconstitucionalidad y en Argentina más de 900, así que estos dos a mí no me preocupan, y a los inversionistas, a Unión Fenosa, aparentemente tampoco. Eso se da en todas partes, generalmente está el estira y encoge político”, afirmó.

Pero Rosa Argentina Hernández, miembro de la Federación de Trabajadores de la Energía, afirmó que “si la Corte se llegara a pronunciar de que tiene que haber una ley específica, significaría que tendría que quedar nulo el proceso de privatización”.

“La Ley 272 es un marco regulatorio nada más, que dio apertura para que la empresa se segmentara e iniciara los trámites para la apertura al sector privado, pero la misma ley establece que debe existir una ley específica para poder privatizar cualquiera de las áreas de las empresas segmentadas y eso es lo que no hay. Por eso decimos que es inconstitucional”, consideró.

En tanto, desde hace seis meses los diputados sandinistas esperan que la Corte se pronuncie. Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, explicó que el recurso “no es en contra la ley de privatización de la energía eléctrica sino en contra del decreto del Presidente que dice que quiere vender por separado las distribuidoras”.

Para Castro, en tanto la CSJ no emita una resolución sobre ambas iniciativas “no puede llevarse a cabo la privatización”. “El inversionista que proceda a hacer una inversión se está arriesgando a que la Contraloría no adjudique el proceso”, mencionó el parlamentario.