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Análisis
Agenda
del sector privado
Donald
Castillo Rivas
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Roberto Terán
ha sometido a consideración de los empresarios del país, del Estado y de
la sociedad civil, un elemento que estaba faltando en el debate nacional:
la agenda del sector privado. Lo primero que uno piensa es que se trata
de una propuesta de programa, de las muchas que ya existen para “redimir”
al país, pero en realidad es otra cosa. Si interpreto bien a los empresarios,
ellos están pensando en desplegar un esfuerzo por reunir los planteamientos
y aportes más sólidos sobre el crecimiento económico y avanzar en una estrategia
integral del desarrollo.
Sin embargo, más allá de las políticas de crecimiento, la agenda debe abordar
un conjunto de problemas que están técnicamente fuera del ámbito de acción
de la economía, pero que guardan una estrecha relación con ella, como son
los temas de justicia social, transparencia en el manejo de la cosa pública
y gobernabilidad.
La situación general del país es particularmente difícil por la turbulencia
política y los agudos problemas fiscales y monetarios. A la precaria credibilidad
de las instituciones y partidos políticos, se suma ahora la desconfianza
en el sistema bancario, a partir de la quiebra del INTERBANK.
Hay una desarticulación incomprensible y teóricamente aberrante, entre la
macro y la microeconomía. Desde hace algún tiempo, algunos funcionarios
nos quieren persuadir que es exitoso y suficiente que algunos indicadores
macroeconómicos no se hayan derrumbado como antes, aunque se muevan en el
filo de la navaja o en la cuerda floja. Algo que deja sin contestar la pregunta
angustiosa de muchos empresarios: ¿por qué si al país le va tan bien, a
mí me va tan mal?
La Segunda Gran Convención del Sector Privado va a dejar al descubierto
la caótica situación de nuestro aparato productivo. Veremos una radiografía
de un país enfermo en el que se está corriendo el riesgo de institucionalizar
la incertidumbre.
Y porque no es solamente el gobierno el causante de todos los males, tampoco
le debemos exigir todos los remedios. Y ese es, precisamente, el valor de
la agenda del sector privado: una invitación al Estado, los sindicatos y
la sociedad civil, para asumir una responsabilidad compartida en salvar
a la Nación enferma.
En ese sentido la agenda también pondría a prueba el nivel de compromiso
de los empresarios con la causa del bien común nacional, tanto en lo que
respecta a las políticas públicas, como al esfuerzo individual por modernizar
sus empresas para ser competitivos.
Por eso creo que la agenda del sector privado es útil, necesaria y urgente,
pero no va a servir de nada si no se convierte en un instrumento de compromiso
político con el Estado y con los demás sectores sociales. Resalto el tema
político como una condición sine qua non para que la agenda logre tener
un impacto positivo, en particular, que sea factor de un crecimiento económico
sostenible.
Esto a su vez, conduce a dos consideraciones adicionales: una es que el
compromiso político entre el Estado y la empresa privada tiene que ser de
largo plazo, al menos por 20 años, y debe abarcar a todos los gobiernos
que se turnen durante ese período.
La otra reflexión es que no debemos visualizar la agenda del sector privado
en un sentido limitado, es decir, como la agenda del COSEP o de los empresarios
que sólo buscan mayor rentabilidad en sus negocios. Esto último es parte
del problema, pero no se reduce a eso ni mucho menos.
Para que este nuevo esfuerzo no se quede en buenas intenciones, la agenda
tiene que ser una tarea colectiva, en tanto tiene que ver con la estabilidad
del país y el presente y futuro de la Nación, incluyendo naturalmente un
nuevo contrato social que recoja y abarque problemas que van más allá de
los intereses inmediatos de la empresa.
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