Encarnación Castañeda, salió “quemado” de la CSJ

Cuestionan al
Procurador Electoral

Oliver Bodán

Largo expediente de anomalías; partidos políticos temen que ex juez liberal obedezca al PLC

Encarnación Castañeda

La mañana del 18 de julio de 1994 declaró ante el Tribunal de Apelaciones de Managua un hombre menudo, muy conocido en los corrillos de los juzgados por sus sentencias vinculadas al problema de la propiedad. El Juez Cuarto Distrito de lo Civi, cargaba sobre sus espaldas una grave acusación: haber dictado un auto judicial en ausencia, como un fantasma, mientras estaba fuera del país.

Pese a la inculpación, Encarnación Castañeda Miranda comenzó diciendo ante la magistrada Martha Lacayo, designada para levantar el instructivo sobre el caso: “Todo funcionario judicial debe ser honesto...”, según copia del expediente número 196/94 en poder de Confidencial y titulado con el sugestivo título de “lapsus calami”.

Esta locución latina —que significa cometer un error en la escritura— fue el argumento principal del juez para salir airoso de los cargos de falsificación de documentos públicos, alteración de fecha y prevaricato, pues alegó que por un “error material” cometió el “descuido” señalado.

Pero este no ha sido el único caso irregular en el que Castañeda ha estado involucrado. En el período 1994-1998 enfrentó cuatro quejas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestas anomalías en el ejercicio de la profesión. La primera, número 336, fue interpuesta por el abogado Ramón Soza Leytón, apoderado de Comercial Dabdub Codab y Cia. Ltda.

El doctor Orestes Romero Rojas también interpuso la queja 331, en 1994, mientras representaba como apoderao a Riestra Lacayo S.A. Un año después, en 1995, la Corte una vez más tramita una queja contra Castañeda: la número 20, introducida por Ismael Meza Pérez. Luego, en el mism año, la Junta Directiva de INTRASERVISA también se quejó —de acuerdo al expediente 137— del desempeño del aludido.

Según averiguaciones de Confidencial, Castañeda fue abogado litigante de la época somocista. Se le vinculaba a un grupo que manejaba Carlos Malespín, un capitán de la Guardia nacional. Su hermano, René Castañeda, era guardaespaldas de Malespín. Ambos eran cuñados de Daniel Barquero Valle, también vinculado a la corruptela policial somocista en tahures y cantinas. Barquero tenía el mote de “Dillinger”, en homenaje al famoso capo norteamericano.

Fue nombrado juez en los 90 por el entonces presidente de la Suprema Orlando Trejos Somarriba, con quien lo une una vieja amistad. Su juzgado se estableció para resolver los problemas de la propiedad, pero prácticamente se convirtió en el lugar propicio para “juicios jugosos”, según abogados consultados.

También se le recuerda como el juez que realizó la aposición de sellos en la Alcaldía de Managua durante la administración del actual presidente ArnoldoAlemán, en la denuncia de corrupción interpuesta por la entonces concejala sandinista Mónica Baltodano ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua. Esta decisión impidió que la Contraloría entrara a auditar los fondos de la comuna.

Se supone que, mientras tanto, el actual miembro de la Contraloría colegiada Francisco Ramírez, había sido contratado para “ordenar” las cuentas de la Alcaldía. Meses después, el ahora funcionario de la Presidencia, entonces Contralor, Arturo Harding, estableció que no había ninguna anomalía en la administración de la Alcaldía de Alemán.

“La aposición de sellos le salvó la vida a Arnoldo Alemán”, explicó el abogado Boanerge Ojeda Baca, antiguo Juez Séptimo de Distrito del Crimen, quien llevó el famoso caso.

En el proceso legal, la aposición de sellos se emplea para preservar un lugar donde existen “elementos importantes” para un proceso posterior. El entonces Alcalde Alemán le pidió a Castañeda impulsar tal procedimiento. “Se lo pide a él, porque cuestiona la autoridad del subcontralor Zapata, ya que el contralor Potoy había sido sustituido”, recordó Ojeda. “En la suerte de Alemán fueron importantes tres hombres: Encarnación Castañeda, Francisco Ramírez y Arturo Harding. Lo demás es historia”, puntualizó.

La medida se realizó pese a cuestionamientos que dudaban de la facultad de Alemán para pedir la aposición de sellos: “No era el alcalde de ahora, que tiene representación directa y es electo directamente por el pueblo. Era un mandatario del Consejo Municipal, electos por los concejales”, dijo el ex juez.

A Castañeda se le vincula con Oscar Tenorio y Agustín Alemán, ambos miembros de la Asesoría Jurídica de la Presidencia. En la administración liberal apareció como abogado de la CORNAP, asesor de la Procuraduría General de la República y ahora Procurador Electoral, puesto creado por el artículo 178 de la Ley Electoral, que ordena crear una Procuraduría Específica Electoral seis meses antes de cada elección, plebiscito o referendo.

Otra fuente judicial recordó que “Chon” Castañeda —como se le conoce en el mundillo judicial— instruyó el juicio para la devolución de la bananera de Ramiro Gurdián, en ese caso representado por Julio Centeno Gómez, ahora Procurador de Justicia. “Chon” falló en contra del Estado y lo obligó a pagarle a Gurdián una indemnización millonaria.



Procurador da su versión

Al brindar una entrevista a Confidencial, Castañeda prometió que desde su cargo cumplirá con la legislación vigente: “Yo lo que hago es cumplir con lo que me manda la Ley. Ese es mi objetivo. Ni más, ni menos”.

Dijo que se retiró del juzgado porque “me cancelaron el nombramiento”, “públicamente sin ninguna queja” y negó que haya sido retirado del cargo por irregularidades: “La Corte Suprema de Justicia es la que nombra a los jueces y también tiene la potestad de cancelar los nombramientos, pero una cosa es la cancelación de un nombramiento por período o cualquiera, y otra cosa es por haber encontrado por irregularidades”.

El ex juez valoró de positiva su actuación: “Cumplí con mi deber, cumplí con la Constitución y con lo que manda las Leyes de la República”. Consideró “normal” las quejas recibidas durante su gestión, pues “impartir justicias quiere decir darle la razón a quien la tiene, de tal manera que siempre tiene que haber un victorioso y un perdidoso, no se puede quedar bien con las dos partes”.

Castañeda se excusó que le tocó ser juez en una época cuando el problema de la propiedad era “bastante complicado”, razón por la cual intentó “corregir abusos”. “Aquí mucha gente adquirió bienes inmuebles, abusando de las leyes 85 y 86, hasta el extremo que aquí se otorgaron inmuebles a extranjeros, sin tener ningún derecho, y no sólo a personas físicas extranjeras: se le otorgaron bienes inmuebles a sedes diplomáticas”, dijo.

Por tal razón “era lógico que a ciertos sectores no les agradaba”. Negó haber recibido dinero por alguna sentencia: “Que me hallan demostrado alguna causa. ¿A ver, quién? Yo emplazo a cualquier persona que diga que por una sentencia recibí dinero”.

En el caso por el que fue llevado al Tribunal de Apelaciones, el juez contestó: “Yo demostré mi inocencia, si vos querés no puedo decir que fui sorprendido por el secretario, porque es una cosa muy subjetiva: él me llevó a ver el expediente y a veces uno confía”.

Rechazó tener algún vínculo con el presidente Alemán, pero admitió ser partidario del PLC: “Una cosa es que sea liberal, pero no quiere decir que por ese hecho me voy a poner como dicen al servicio de un partido. Yo no tengo por qué ponerme al servicio de un partido”.

Y se refirió al caso de la aposición de sellos en la Alcaldía de Managua como “una medida precautelar que la puede solicitar cualquier persona que se considere amenazada”. A la fecha mantiene el cargo de Procurador Auxiliar Civil Nacional.



Partidos políticos desconfían

Pese a las explicaciones de Castañeda, su nombramiento ha desperado desconfianza en el seno de los partidos políticos. El diputado Noel Vidaurre, precandidato presidencial por el Partido Conservador, opinó que el Procurador Electoral “no es una persona de confiar”.

“Fue destituido como juez precisamente por actos de corrupción, la CSJ lo destituyó. Entonces, ¿qué confianza podés tener en una persona que fue destituida como juez por actos de corrupción. Es un puesto importante, lo que pasa es que es puesto por el gobierno y no es mucho lo que podés hacer, porque es una decisión de Alemán. Es el mismo de los sellos (aposición). El está ahí cumpliendo las órdenes de Alemán y de Centeno Gómez”, dijo Vidaurre.

El legislador está convencido que Castañeda “jamás va a castigar” al partido gobernante. “Eso que quede claro: él es un empleado del gobierno, está al servicio de Alemán”.

El general retirado Joaquín Cuadra, del movimiento de Unidad Nacional compartió la preocupación de Vidaurre. “La apuesta es que realmente sea gente que cumpla su función y no se preste a juegos politiqueros, que ayuden a crear a construir un clima de transparencia y confianza en el proceso electoral. No hay antecedentes de nadie que haya sido procesado (por cometer delitos electorales), y en las elecciones pasadas que hubo anomalías administrativas de votos, que vimos los nicaragüenses por la televisión tiradas las urnas por las calles, nunca hubo un castigo”, dijo.

Por tales razones, Cuadra abogó porque el Procurador Electoral sea “beligerante y darnos confianza que va a serlo”. “Debería ser sometido a concurso y nunca por amiguismo y fraternidades partidarias, porque eso es lo que le resta confianza al proceso electoral”, finalizó.

En la cancha liberal, se respira un poco más de confianza en esta institución. Según Leopoldo Navarro, presidente del PLC, “es una cosa que está formando parte del CSE ¿no?”. “Todo camina por normas establecidas si cumple con su ley”, indicó.

Funciones del Procurador Electoral

Desde el inicio de la campaña electoral hasta el día de la elección, el cinco de noviembre próximo, el Procurador Específico Electoral Encarnación Castañeda jugará un papel clave en los comicios.

Es su obligación conocer, según la Ley Electoral, algunos de los siguientes casos: destrucción de propaganda electoral; desobediencia “deliberada” a las instrucciones de la Junta Receptora de Votos sobre la manera de ejercer el sufragio; funcionarios públicos, empleados o autoridades que no acataren las órdenes de los organismos electorales.

Además, sancionar con “arresto inconmutable de seis a doce meses” a aquellos que sobornen, amenacen, forcen o ejerzan violencia sobre otro, obligándolo a: adherirse a determinada candidatura, votar en determinado sentido o abstenerse de votar.

Incluyendo también a quien dolosamente obstaculice el desarrollo de los actos de inscripción o votación; el que asista armado a los actos de inscripción, votación o de escrutinio, excepto los miembros de la Policía Electoral; y quien en forma dolosa extraviare el Acta de escrutinio de la JRV, entre otros delitos.

Castañeda también sancionará con arresto sin derecho a fianza de uno a dos años, a quienes “aprovechándose de sus funciones o atribuciones” presionen a sus subalternos a votar en determinado sentido o abstenerse; el que altere el Padrón o Catálogo Electoral, destruya material electoral o agregue fraudulentamente boletas electorales con el fin de variar los resultados de la votación o substraiga urnas electorales.

“A toda persona responsable de la comisión de los delitos electorales contemplados en los Artículos 173 y 174de la presente Ley, además de la pena principal se le impondrá las accesorias correspondientes y se le inhabilitará para el desempeño de cargo público durante un tiempo igual al doble de la pena”, reza la ley.

“Si los delitos establecidos en el Capítulo IV, del Título VII o en este Capítulo fueren cometidos por candidatos inscritos, se les cancelará su inscripción como tales y serán inhabilitados para ejercer cargos públicos de uno a tres años. Si la comprobación de los delitos se diera cuando ya los candidatos estuvieren electos, no podrán ejercer el cargo para el que fueron electos”, agrega.

Castañeda debe también sancionar a quien “usare bienes propiedad del Estado para fines de propagada política” y “el que hiciere proselitismo político en las oficinas públicas”.