Hora cero para el CSE

Carlos F. Chamorro

En las próximas setenta y dos horas, el Consejo Supremo Electoral emitirá un veredicto final sobre la candidatura de Pedro Solórzano para la Alcaldía de Managua, teniendo como antecedente el juicio condenatorio que ya externó el presidente Arnoldo Alemán.

Para la opinión pública nacional que —independientemente de si apoya o no políticamente a Solórzano— se ha pronunciado mayoritariamente a favor de que no se obstaculice su participación electoral, éste es un momento decisivo para emitir su fallo definitivo sobre el grado de confianza que se puede abrigar en el proceso electoral y en el CSE.

Para la comunidad internacional, también se trata de un punto crucial para evaluar si las reglas electorales son justas y si existe igualdad de oportunidades. Para los inversionistas extranjeros, el caso Solórzano representa mucho más que la competencia política por la Alcaldía de Managua; se trata de un referente sobre la confianza en las reglas del juego para invertir en un país donde el Estado de Derecho es papel mojado.

Por las informaciones a nuestro alcance provenientes del CSE, la tendencia dominante en el organismo electoral apunta a dejar caer la guillotina sobre la cabeza de Solórzano. Por supuesto que los magistrados no se inclinan por repetir los burdos alegatos del Presidente de la República para inhibir al candidato verde, sino que se escudarían en un verdadero arsenal de recovecos técnicos y legales a su alcance para intentar salvar la cara.

La coartada más segura es atrincherarse en el argumento de que ellos únicamente son cumplidores de las leyes que estableció la Asamblea Nacional, vale decir, la división de Managua en tres municipios con su respectivo “mapazo”, y la Constitución reformada, que a última hora estableció como requisito haber residido en el municipio un mínimo de dos años antes de la elección.

Aplicando esa lógica de forma implacable, y aprovechándose de la defectuosa estrategia jurídica en la defensa de Solórzano, el CSE alegaría que no fue ese Poder del Estado el responsable de la inhibición de Solórzano, sino la Asamblea Nacional, es decir, la Madre del pacto, de la cual ellos solamente son sus hijos obedientes.

Sin embargo, es improbable que con esa salida los Magistrados logren salvar su prestigio personal y la credibilidad de su institución. Porque aun con las limitaciones que impone el carácter excluyente de la Ley Electoral, existe suficiente margen jurídico para aplicar la ley con flexibilidad, y llegar a una conclusión distinta. Si los Magistrados no fuesen unos ciegos ejecutores de la voluntad del pacto, otro gallo le habría cantado a los partidos que ya quedaron fuera de la competencia electoral y al propio Solórzano.

Por eso resultan extemporáneas las opiniones del cardenal Miguel Obando y Bravo criticando el carácter excluyente de la Ley Electoral. El Cardenal y la Conferencia Episcopal tuvieron la oportunidad de utilizar el formidable poder moral a su disposición frente al gobierno liberal, para influir en el proceso de formación de la Ley hace cinco meses.

Nada le impedía entonces al cardenal Obando pronunciarse de forma contundente sobre lo que ahora critica como una arbitrariedad. Pero Su Eminencia dejó pasar la oportunidad, o quizá decidió jugar en política, por omisión, de manera que ahora ya es demasiado tarde. A menos que la Iglesia se sume al coro de voces que desde hace meses viene exigiendo una reforma a la Ley Electoral.

En lo que respecta a Solórzano, su solicitud de cambio de domicilio, las dos cédulas, y la inscripción de su candidatura fijando Monte Tabor como su domicilio, no constituyen delitos electorales, pero le han facilitado a ciertos Magistrados el pretexto perfecto para abaratar los costos políticos de la inhibición.

Sin embargo, sería injusto achacarle haber introducido motu propio su cabeza en la guillotina, porque desde hace seis meses Solórzano era un “hombre muerto caminando” según la voluntad presidencial, y nada habría cambiado su destino. En todo caso, el pecado no reside en haber intentado defender sus derechos, sino en jugar con unas reglas del juego que precisamente se hicieron para lograr su eliminación.

De ahí que en caso de consumarse la inhibición, sería imperdonable que el Partido Conservador ceda a la tentación de un nuevo oportunismo “zancudo”, lanzándose a sustituir a Solórzano con su larga lista de aspirantes a la Alcaldía de Managua. Eso equivaldría a legitimar un sistema electoral excluyente, aceptando los conservadores el rol de graciosa comparsa de los pactistas.

Es cierto que en política existen los imponderables, y siempre está abierta la eventualidad de que si Ortega y Alemán no se ponen de acuerdo en el dame-que-te-doy del pacto, se abra una ventana para la participación electoral de Solórzano. Ese es su único chance de ser candidato a la Alcaldía de Managua, porque si dependiera únicamente del CSE, la suerte ya está echada.