Antes del 11 de agosto caerá de nuevo
la guillotina del CSE

El Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció a través de su vocero, el magistrado Silvio Américo Calderón, que la resolución de las 40 impugnaciones a candidaturas electorales recibidas serán dadas a conocer antes del 11 de agosto.

Entonces se conocerá el resultado de las impugnaciones interpuestas por Camino Cristiano y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), contra Pedro Solórzano, candidato a alcalde por el Partido Conservador.

“La cédula del señor Solórzano evidencia que no vive en el municipio de Managua, que es donde pretende correr como alcalde, y la Ley Electoral establece que debe haber residido o trabajado en el municipio por el que se quiere postular, en los dos últimos años previos a las elecciones. No es porque le tengamos miedo como él anda diciendo, sino porque no cumple los requisitos. Por eso lo impugnamos”, dijo Luis Benavides Romero, fiscal del PLC.

La respuesta de Solórzano es que el pacto está funcionando a la perfección. Respecto a las dos cédulas de identidad que porta, el candidato a la Alcaldía de Managua por el Partido Conservador dijo que “no es ningún delito porque me las dieron ellos (el CSE). ¿Dónde dice que no se pueden tener dos?”, manifestó Solórzano.

Él dijo no poder explicarse por qué su madre y hermanas “que toda la vida han vivido en Bolonia”, aparecen registradas en el padrón electoral de El Crucero; “que me explique eso Silvio Calderón”, expresó.



Partidos “guillotinados” recurren de amparo
ante Tribunal de Apelaciones

Huelgas de hambre, vigilias, oraciones, recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia e impugnaciones a la resolución ante el CSE, constituyen parte del escenario que protagonizan los partidos políticos que fueron guillotinados por el Consejo de acuerdo con la aplicación inflexible de la Ley Electoral.

Omar Duarte, presidente del Movimiento de Unidad Cristiana (MUC), indicó que su partido impugnó tres veces la resolución del CSE y la aplicación de la verificación de firmas del padrón electoral, además de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones.

De igual modo, el Partido Liberal Nacionalista (PLN) que preside Enrique Sánchez Herdocia, también impugnó tres veces la resolución del CSE, “pero aún no hay ninguna respuesta”.

Sánchez manifestó que el Poder Electoral no debe tomar en cuenta las impugnaciones de personas naturales contra ciertos candidatos políticos, como Pedro Solórzano, “porque la Ley Electoral establece que tiene que ser de carácter partidario”.

Por su parte, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), después de presentar dos impugnaciones ante el CSE por el proceso de verificación de firmas, está pendiente de la resolución del recurso de amparo que interpusieron ante el Tribunal de Apelaciones en días anteriores.

Ante ello, la magistrada Josefina Ramos, Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que de conformidad con los plazos determinados en el proceso judicial “el Tribunal de Apelaciones tiene que examinar si el recurso de amparo interpuesto por los partidos políticos reúne los requisitos para ser aceptado y evaluar si no tiene omisiones”.

Ramos manifestó que es imposible determinar una respuesta inmediata a la demanda de los partidos, “porque una vez aceptado el recurso se necesitan 45 días para fallar el amparo”.



Diálogo Nacional: ¿para qué?

El escepticismo los embarga a todos: ¿Para qué?, es la pregunta de los partidos políticos, empresarios y sectores de la sociedad civil, que se muestran renuentes a participar en el Diálogo convocado por el gobierno para el próximo mes.

El incumplimiento de los acuerdos de los diálogos nacionales anteriores, la disposición conjunta del FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de no incluir en la agenda temas de carácter político y la posibilidad de reformar la Ley Electoral, sustentan la indisposición de los sectores.

De acuerdo con un informe de la Comisión Tripartita, compuesta por el Consejo Nacional de Planificación Económica Social (CONPES), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU), los temas más recurrentes de la agenda del Diálogo serán los relativos a cuestiones socioeconómicas.

“El FSLN y el PLC no consideran oportuno hablar sobre temas políticos porque tomaría mucho tiempo, y no se podría concluir antes de las elecciones, pero ésta no es la postura de la Comisión Tripartita”, dijo Telémaco Talavera, coordinador del Diálogo a nivel nacional y rector de la UNA. Sin embargo, a juicio personal, considera importante discutir el asunto político de cara a las elecciones.

Según Talavera, el Diálogo se realizará en dos etapas: la primera, antes de las elecciones municipales (entre agosto y septiembre), y la fase final, prevista para enero del próximo año, en la que se incluirán los planteamientos de carácter político.



Partidos: sin agenda política no hay diálogo

Sin embargo, los partidos, que conforme al CSE están excluidos de participar en las elecciones municipales de noviembre, así como otros sectores sociales, consideran imprescindible una agenda política.

“No vale la pena participar, porque el aspecto político es lo más importante. El gobierno sabe que los problemas políticos son los que crean la inestabilidad en el país, y participar sería seguirles el juego”, dijo Omar Duarte, presidente del MUC, uno de los partidos afectados.

El diálogo no sólo debe incluir aspectos socioeconómicos, sino también discutir sobre las “inhibiciones estratégicas que hizo el gobierno”, y el resto de las demandas sociales, indicó Duarte. “No sirve para nada y hay que romper el pacto para dialogar”.

Para Enrique Sánchez Herdocia, presidente del PLN, el escenario político no crea las condiciones para dialogar. “Hay que poner en regla las cosas porque hemos tenido diálogos anteriores y no hay ninguna solución. El gobierno no toma en cuenta opiniones y cierra los espacios”, dijo.

Según el dirigente del PLN, la base de los problemas del país es la situación política, y “si no se arreglan estos asuntos no se obtiene ningún beneficio”, expresó.

“Con esa agenda no estamos dispuestos a participar”, fue la respuesta de Jorge Samper, del MRS, quien expresó que los “pactistas”, no quieren incluir en las conversaciones las reformas a la Ley Electoral, la destitución de los magistrados del CSE, “por su imparcialidad para aplicar la ley” y la eliminación de la resolución que impide a cinco partidos políticos: MRS, PRN, PLN, MUC y MSL, participar en la contienda de noviembre próximo.

“Es importante hablar sobre las medidas del CSE de cara a las elecciones municipales”, señaló el sandinista renovador.

Los conservadores también están renuentes. Según declaraciones del Secretario Político de dicha agrupación, Edgard Paguaga, el diálogo es “sólo una cortina de humo, porque está demostrado que no se cumple ninguno de los acuerdos convenidos y no hay resultados positivos”.



Coordinadora Civil de ONG también cuestiona

La enlace nacional de la Coordinadora Civil de ONG, Ana Quirós, comparte los criterios de los partidos políticos. Según ella, deben incluirse no sólo temas de carácter económico y social, sino también la gobernabilidad y la creación de espacios democráticos en el país.

¿Para qué servirá este diálogo?, es una duda que asalta a los organismos no gubernamentales. “Nos preocupa que los temas políticos se dejen hasta para enero próximo. Es poco serio y deja muy en el aire los temas planteados en un inicio”.

Ante tal situación, Quirós indicó que los planteamientos de la Coordinadora Civil girarán en torno a la erradicación de la pobreza y la reducción del presupuesto nacional de la República.

Criticó la metodología prevista para el diálogo, que se realizará a partir de seis mesas sectoriales o territoriales en las distintas zonas del país, las cuales culminarán con plenarios en Managua. También cuestionó la disposición de colocar como garantes de los acuerdos a la OEA y el PNUD.



Discusión descentralizada y decisiones centralizadas

¿Para qué jodido se van a reunir afuera si las resoluciones se van a tomar aquí?, dijo Quirós. “Además, ¿qué garantías da la OEA de que se cumplan los acuerdos? Si le dice al gobierno: “No están cumpliendo”, le van a responder que son injerencistas, no se metan en esto, como hicieron con el Grupo de los Cinco más Japón”.

La presencia del gobierno en las actividades plenarias, a través de los ministros y otros funcionarios de alto nivel, también es cuestionado por la Coordinadora Civil de ONG.

Para Quirós es necesario conversar cara a cara con el mandatario, porque “sería discutir siempre lo mismo entre la sociedad civil, y eso muestra serias dudas de la capacidad del gobierno para dialogar”.

“No tiene sentido hacer tanto esfuerzo, ¿para qué? ¿de qué jodido estamos hablando si no se ha llegado a nada en concreto? No hay capacidad para solucionar los problemas, porque ni siquiera se da respuesta a las demandas de los productores”, manifestó.



Ética y Transparencia: “Debe incluirse
reforma a Ley Electoral”

A la par de la Coordinadora Civil, las evaluaciones de Ética y Transparencia sobre los posibles resultados del Diálogo Nacional también denotan desconfianza.

“En un verdadero diálogo no hay temas prohibidos y la política está interrelacionada con la vida económica y social”, expresó Carlos Tünnermann, presidente de dicha institución.

La exclusión del aspecto político en la agenda del diálogo es una medida “devaluada”, que margina a los sectores y “no se puede hablar de un diálogo nacional”, indicó Tünnermann.

En cuanto a la disposición de participar en las conversaciones nacionales, expresó que hasta el momento Ética y Transparencia no ha sido invitado, pero “todo depende del contenido de la agenda”.

Según él, hay un escepticismo que prevalece respecto al diálogo debido al pacto liberosandinista.

“Reformaron la Ley Electoral sin tomar en cuenta la opinión del resto de partidos, y ahora dicen que tampoco quieren incluir temas políticos. ¿Cómo no se va a discutir sobre la Ley Electoral y las consecuencias de la exclusión de los grupos políticos?”, expresó Tünnermann.

Indicó que Ética y Transparencia en conjunto con 40 organismos de la sociedad civil están promoviendo “un diálogo intra sociedad”. “Es una iniciativa independiente a la del gobierno, donde se han discutido las reformas a la Ley Electoral, la pobreza, el desempleo, y el problema del sector productivo”, dijo.

Se pretende tener una visión de la Nicaragua del futuro, y posteriormente se incluirá a otros actores de la actividad nacional como los partidos políticos. “Por el momento hemos tenido tres sesiones para tener un programa específico”, manifestó Tünnermann.



COSEP escéptico, pero se mantiene
en diálogo sectorial

Con una postura menos beligerante y asumiendo los criterios de los demás sectores respecto a la exclusión de una agenda política, los empresarios se acercarán a la mesa de diálogo.

A pesar del escepticismo, Roberto Terán, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), asumió que asistirán a pesar de que “se habla y habla y no hay resultados, aunque el país se desplome”.

El incumplimiento de los acuerdos de los diálogos anteriores por parte del gobierno resta relevancia a las conversaciones, según Terán, quien advirtió la importancia de que se asistan los partidos políticos a las reuniones.

“Si no van los actores principales eso no va a servir. ¿Qué espera el gobierno si ofrece y no cumple? La situación es difícil porque nunca hay respuestas claras”, señaló el representante de los empresarios