Un nuevo test

Carlos F. Chamorro

Llevar una investigación periodística sobre asuntos públicos hasta sus últimas consecuencias, resulta un reto formidable, casi imposible de superar, frente a los obstáculos que surgen de la maquinaria de obstrucción oficial. Pocas veces hay fuentes dispuestas a salir del anonimato y desafiar al poder, y cuando esa eventualidad ocurre, se carece de los documentos públicos probatorios que se mantienen inaccesibles a la prensa.

De manera que, en el mejor de los casos, las denuncias periodísticas derivan en un conflicto entre dos versiones opuestas —“es tu palabra contra la mía”, suelen decir los poderosos— y por eso el público se queja con razón de que saltamos de un escándalo a otro, sin llegar nunca a una conclusión.

El caso de la terraza del ex Director General de Ingresos, construida en Pochomil durante la emergencia del huracán Mitch, afortunadamente podría sumarse a las escasas excepciones que se salvan de esa ley general del “denuncismo” en la prensa.

Después de cuatro meses de investigación periodística, este semanario finalmente tuvo acceso a los avalúos oficiales del MTI sobre las obras de construcción contratadas entre diciembre 1998 y enero 1999, lo cual arrojará nuevas luces sobre un caso que algunos quisieron enterrar.

Gracias a los documentos oficiales, ahora se puede determinar quién dijo la verdad y quién mintió. No sólo es posible identificar a nuevos testigos presenciales de las anomalías que habían sido denunciadas, sino que existen pruebas documentales oficiales que refuerzan la presunción de que la terraza sobre la que se edificó el palacete de verano del ex director de la DGI, Byron Jerez, fue construida utilizando recursos que estaban destinados a la emergencia causada por el huracán Mitch.

La comprobación de este hecho es sumamente grave, porque revela que mientras el país atravesaba por la dramática situación post huracán, una empresa privada contratada por el MTI para desarrollar obras de emergencia, priorizó obras privadas de altos funcionarios del gobierno y las disfrazó como trabajos de emergencia a cuentas del Mitch. Una empresa, vale recordar, con la que la cúpula presidencial, incluido el ex Director de Ingresos, mantiene estrechos vínculos económicos y políticos.

En esta edición, la investigación de Confidencial aporta importantes datos adicionales que no deberían ser ignorados por las autoridades. A los tres testigos anteriores ya entrevistados por esta publicación —el ingeniero Prado, Ebner Baldelomar y el contador Gregorio Rodríguez— se agregan nuevas fuentes que comprueban y amplían lo ya sabido. Ignoramos si la investigación que está realizando la Contraloría está dispuesta a ir al fondo del asunto, pero de todas formas, para nosotros ya existen algunas conclusiones preliminares:

Primero, es evidente que la denuncia original fue engavetada por el ministro de Transporte e Infraestructura, David Robleto, quien a pesar de tener a mano los avalúos, nunca quiso llamar a los testigos para corroborar las denuncias. De esta negativa existe constancia en comunicaciones de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, que solicitó a Robleto llamar a los testigos, pero el Ministro se amparó hasta el último momento en el argumento de que el asunto era del fuero privado entre un contratista y su cliente, descalificó a los testigos, y nunca se preocupó por esclarecer si su Ministerio había sido estafado por el contratista privado.

Segundo, hay que destacar la valentía ciudadana del ingeniero José León Prado, ex superintendente de MODULTECSA, que después de brindar su testimonio a Confidencial y a Esta Semana, concurrió a declarar ante la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional y la Contraloría.

Los avalúos del MTI corroboran las denuncias de Prado, desvirtúan las descalificaciones de su ex jefe Alfredo Carbonell, y le fortalecen la credibilidad de su testimonio sobre el contubernio Jerez-Carbonell. Ahora que Prado es un pequeño constructor contratista, que automáticamente pasa a la lista negra del Estado, nos preguntamos: ¿cuántos empresarios estarían dispuestos a seguir su ejemplo cívico, poniendo en riesgo los contratos que reciben del Estado?

En tercer lugar, hay una clara enseñanza en cuando a la necesidad de crear un mecanismo legal para acceder a la información pública. El avalúo del MTI lo solicitamos infinidad de veces, primero a ese Ministerio y luego a la Contraloría, con resultados infructuosos. Fue hasta después que el ingeniero Prado declaró ante la Contraloría y solicitó los documentos, que le fue concedido el acceso.

Pero está claro que sin la presión de Confidencial la Contraloría jamás habría investigado el caso y Prado no hubiera sido llamado a declarar. De ahí se deduce que si la prensa es vital para luchar contra la corrupción, necesita de los mecanismos legales que le permitan acceder de forma expedita a la información pública. Sin una ley de acceso a la información pública, ésta seguirá siendo administrada de forma discrecional como un secreto de Estado.

Por último, y esto sin duda es lo más importante, el caso de la terraza Jerez-Mitch, plantea una nueva prueba a la escasa credibilidad de la Contraloría Colegiada. ¿Se atreverá la Contraloría a citar al poderoso ex Director General de Ingresos? ¿Recurrirán a las correspondientes investigaciones en materia judicial y tributaria, en torno a las operaciones MODULTECSA-Jerez, o se conformarán con el cheque presentado por Jerez como pago a Carbonell? ¿Se resignarán al final los contralores colegiados con una simple reprimenda administrativa al gerente de MODULTECSA o tendrán el coraje político de llegar al fondo del asunto?

Después del fiasco y la decepción nacional ocurrida a raíz del caso de “El Checazo”, es poco lo que se puede esperar de la Contraloría. De todas formas, aún les queda el beneficio de la duda