Nicaragua vista por The Economist

Donde la ficción se
parece a la realidad...

¿Qué tipo de Corte Suprema dicta sentencias conforme leyes que han sido anuladas? ¿Qué tipo de autoridad rediseña los límites de una ciudad para prevenir la candidatura de un hombre a alcalde? ¿Qué tipo de Contraloría se sienta con los brazos cruzados mientras los periódicos reportan una y otra vez alegaciones de corrupción en las posiciones más altas del gobierno?

En cada caso, la respuesta es: Nicaragua. Este tipo de cosas están preocupando cada vez más al Grupo Consultivo, un grupo colectivo de países donantes y agencias de ayuda internacional que brindan apoyo para países pobres en Centro América. La semana pasada este grupo y el gobierno de Nicaragua se reunieron en Washington para evaluar el progreso del país desde la destrucción del Huracán Mitch en 1998, y el uso de la ayuda prometida en una reunión parecida en Estocolmo hace un año.

La ayuda prestada, se dice, no se ha perdido y hubo elogios en Washington por el crecimiento económico del país, con un promedio de 5% al año bajo el gobierno del presidente Arnoldo Alemán. De mayor preocupación es el pacto firmado en marzo por su Partido Liberal de derecha y el partido sandinista de izquierda, la principal fuerza de oposición, que dirigió el país de 1979 a 1990 durante los años de la guerra de la “contra” —apoyada por los Estados Unidos— y el embargo económico.

El pacto, aparentemente diseñado para mejorar el aparato gubernamental, de hecho fortalece el control de los dos partidos principales dándoles el poder para elegir puestos importantes en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría de la República. El pacto también dificulta la participación de partidos minoritarios en el proceso electoral.

La Contraloría de la República, en un principio dirigida por Agustín Jarquín, quien por mucho tiempo investigó el enriquecimiento sorpresivo del presidente Alemán, es ahora dirigida por un grupo de cinco hombres, dos escogidos por los sandidnistas y tres por los liberales.

El mismo señor Jarquín fue detenido a finales del año pasado, bajo cargos de fraude, que funcionarios de la comunidad internacional en Managua sospechan fueron gravemente exagerados. Después de protestas, fue liberado y reinstituido como miembro de la Contraloría.

Desde entonces, sin embargo, la Contraloría cerró la investigación contra el señor Alemán, a pesar de la publicidad recibida por su adquisición de propiedades, alegando que la inmunidad presidencial previene cualquier detención y hacía una investigación fútil. A la vez, la Contraloría reaccionó muy lentamente a una serie de alegaciones de corrupción que implicaban a Byron Jerez, el titular de la Dirección General de Ingresos.

Otra investigación dirigida por el señor Jarquín, sobre la venta del banco más grande del Estado el año pasado, fue recientemente declarada fuera de orden por la Corte Suprema, porque no presentó su reporte en los 15 días después de la venta, como supuestamente lo requiere la ley.

En su oficina, el señor Jarquín le enseñó a The Economist una copia del dictamen de la Corte, que citaba una ley modificada, aprobada en 1984, que anulaba el límite de 15 días. Luis Durán, Secretario Técnico de la Presidencia, al ser cuestionado respondió indiferentemente: “Es difícil creer que hay una gran trama para hacer que la Corte Suprema se pronuncie en contra de la ley. Eso me parece como algún tipo de novela.”

Quizás. Pero no sería el primer caso en que la vida se parece a la ficción. El 18 de enero, Pedro Solórzano se levantó para darse cuenta que ya no vivía en Managua. La autoridad encargada de las demarcaciones territoriales, INETER, había rediseñado los bordes de la capital, dejando su casa 100 metros afuera de ésta. Por una muy curiosa casualidad, el señor Solórzano —quien no es ni liberal ni sandinista—, era el favorito en las elecciones para alcalde este noviembre. Y aquellos que quieren ser alcaldes tienen que haber vivido en la capital por lo menos dos años.

Una funcionaria de INETER renunció en protesta, alegando que el cambio fue sin duda parte de una gran trama contra el señor Solórzano, pero el caso continúa sin resolverse. Y, ahora, muy a propósito, el pacto liberal-sandinista firmado en marzo, abolió el sistema de candidaturas por suscripción popular, por el cual un nicaragüense podía competir por un cargo público sin el respaldo de un partido oficial, si quien se postulaba para tal cargo recogía suficientes firmas, como el señor Solórzano lo había hecho.

Otros países, aparte de Estados Unidos, o agencias de ayuda internacional, generalmente tratan de no intervenir en conflictos internos de este tipo. Pero la ayuda prometida para Centroamérica después del Huracán Mitch fue dirigida no sólo para reconstrucción sino también para una “transformación”. Eso les da alguna razón.

Nicaragua tiene graves déficits fiscales y cuentas-actuales, además de una enorme deuda internacional, la cual tiene que pagar en los próximos dos años, y espera poder ingresar en diciembre a la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados y recibir alivio sobre su deuda de $ 6.3 billones. Dentro de las condiciones se encuentra no sólo el desarrollo económico, pero también mejorías en las estructuras del gobierno y más apertura hacia el resto de la sociedad.

Publicado en la revista The Economist, 1 de junio de 2000