Columnista Invitado

La corrupción
de la palabra

Andrés Pérez B.

En una entrevista reciente, el padre Ariel Ortega Gasteazoro, Secretario Ejecutivo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, señalaba que la Iglesia Católica emite sus comunicados oficiales “cuando los obispos piensan que hay que iluminar” (El Nuevo Diario, 25 de mayo, 2000). El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal del 24 de mayo del año en curso, sin embargo, levanta una cortina de humo que oscurece la naturaleza del problema de la corrupción en nuestro país. El uso por parte de la Conferencia Episcopal de artificios retóricos que disfrazan la verdad sobre este grave problema, constituye una burla contra el pueblo nicaragüense y una violación del Octavo Mandamiento.

El Catecismo de la Iglesia Católica en referencia a este mandamiento, señala: “La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana, tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía” (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2468). Son tres los recursos retóricos que utiliza la Conferencia Episcopal en su pronunciamiento: la autoneutralización, los mensajes en clave, y lo que podríamos identificar como “la socialización de la culpa.”

La Conferencia Episcopal intenta neutralizar la tímida crítica al gobierno del Dr. Alemán que contiene el primer punto de su comunicado, atacando a los medios de comunicación que precisamente funcionan como los principales instrumentos de lucha con que cuenta el pueblo nicaragüense para combatir los abusos de poder de sus gobernantes. En el cuarto punto de su comunicado, la Iglesia cuestiona la credibilidad de “algunos medios de comunicación social” y los acusa de anteponer los intereses políticos y económicos de sus propietarios a la verdad. Esta infundada acusación debilita la lucha contra la corrupción que la Iglesia, supuestamente, deplora. El mismo presidente Alemán encontró en el documento de los obispos una oportunidad para continuar sus ataques contra los medios de comunicación que critican la actuación de su gobierno.

Es importante observar que la posición de la Iglesia Católica Nicaragüense en relación con la labor de la prensa hablada y escrita de nuestro país, contrasta con la del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) que en su Declaración Ética contra la Corrupción, exhortó “a los constructores de la sociedad, en especial a los responsables de los medios de comunicación social, a unirse a nuestro compromiso para sembrar los auténticos valores cristianos y desterrar la corrupción de la vida de nuestros pueblos” (Santiago de Chile, 22 de mayo de 1997).

Otro de los recursos que utiliza la Conferencia Episcopal en su comunicado es la presentación de verdades obvias que sirven de preámbulo al lanzamiento de mensajes en clave. En vez de iluminar el sentido de la crisis actual, este recurso retórico genera confusión e incertidumbre. El segundo punto del pronunciamiento de los obispos, por ejemplo, expresa: “La violencia que existe tanto en el campo como en las ciudades es sumamente grave y pone en riesgo la seguridad personal y la convivencia social entre los nicaragüenses. Agrava esta situación el que muchísimas veces esta violencia no es evitada ni controlada por quienes teniendo la capacidad, el deber y los medios no lo hacen.”

La misma estructura retórica —perogrullada seguida de un mensaje en clave— aparece en el sexto punto del mensaje de la Conferencia Episcopal: “Se va extendiendo peligrosamente en varios sectores de la sociedad nicaragüense un sentimiento de incertidumbre y desorientación ocasionado, entre otras causas, por la situación de pobreza y desempleo. Esto podría conducir a una desesperanza, lo que permitiría que se cometieran errores del pasado.”



La socialización de la culpa

El artificio retórico más peligroso e irresponsable que utiliza la Conferencia Episcopal en su pronunciamiento es el que podríamos identificar como “la socialización de la culpa.” En el primer punto de su comunicado, los obispos destacan que “en muchos católicos, algunos de ellos ocupando altos cargos de responsabilidad en el país, hay incoherencia entre su fe y su vida, en cuanto a que sus obras se manifiestan opuestas a los Mandamientos de Dios y de la Iglesia.” Este justo señalamiento de la especial responsabilidad que tienen los gobernantes y funcionarios públicos ante la ley y el Evangelio, sin embargo, se diluye a lo largo del pronunciamiento de la Iglesia y desaparece completamente en la conclusión a la que llegan los obispos cuando señalan: “Estamos en presencia de una sociedad moralmente enferma que necesita ser curada mediante la conversión, es decir, el retorno al Señor Jesucristo.”

El propio cardenal Obando y Bravo reafirmó el principio de la socialización del crimen de la corrupción cuando declaró que para combatirlo “tenemos que revisar e invitar a la conversión, al cambio de la sociedad entera” (El Nuevo Diario, 25 de mayo, 2000). El padre Ariel Ortega Gasteazoro, por su parte, contribuyó a socializar el pecado de la corrupción, cuando argumentó: “Algunas veces se olvida que es corrupto el estudiante que se copia en clase, o el que se hace pasar por enfermo, es corrupto el profesor cuando no enseña lo que tiene que enseñar, el que altera los precios de la pulpería...” (El Nuevo Diario, 25 de mayo, 2000).

El principio de la socialización de la corrupción que utiliza la Conferencia Episcopal en su pronunciamiento contribuye a la impunidad de los poderosos, ya que tiende a equiparar la responsabilidad de un Ministro o de un Presidente corrupto, por ejemplo, con la de un estudiante que se copia o con la de un pulpero que le sube el precio a los tomates.

Amparado bajo esta lógica, el ingeniero Enrique Bolaños, Vicepresidente de la República y responsable del inoperante Comité Nacional de Integridad, se apresuró a señalar que “todos estamos enfermos”, y que la corrupción que corroe nuestro Estado es el resultado de un mal social de carácter general. Por lo tanto, puntualizó Bolaños con sospechosa seriedad, la solución al problema de la corrupción es la “cura y moralización de toda la sociedad” (El Nuevo Diario, 27 de mayo, 2000).

Cristo ofreció a la humanidad la libertad basada sobre la verdad: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” La Iglesia Católica Nicaragüense, en el momento histórico y crítico que vive nuestro país, está obligada a pronunciar y defender la verdad sin duplicidades y sin simulaciones. De la verdad depende nuestra fe cristiana, la dignidad de nuestro pueblo y el futuro de nuestra democracia.