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Incierta privatización
del sector eléctrico
En medio de dos recursos de inconstitucionalidad introducidos ante la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el atraso de un mes de una delegación mixta que a nivel internacional "mercadea" la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), el cumplimiento del plazo
previsto para la privatización de esta compañía estatal —a inicios de julio— es incierto.El proceso de privatización de este sector es uno de los requisitos del
Programa de Ajuste Estructural (ESAF), de cuyo cumplimiento depende el ingreso de Nicaragua en la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
El primer recurso fue introducido el siete de febrero pasado por la bancada sandinista, que alega la falta de una legislación especial para regular el proceso de privatización.
Pero el gobierno mantiene que basta con un Decreto Ejecutivo recientemente publicado. "Se busca que el gobierno se ajuste a la Ley para ofrecer garantías a los inversionistas
interesados, ya que podrían comprar algo que no está sujeto a la Ley", afirmó el diputado Dámaso Vargas, y aseguró que esperarán la resolución de la Corte por "los 60
días que demanda la Ley". "Si en ese tiempo no tenemos respuesta, entonces se caería en una ilegalidad por parte de la Corte" dijo. Un recurso de inconstitucionalidad se introduce en la Secretaría de la CSJ, luego pasa a
la Presidencia de esa institución y después llega a la Sala de lo Constitucional. La presidenta de esta Sala, doctora Josefina Ramos, obvió comentar si para pronunciarse los magistrados se basarán en la Ley de Amparo
, que según su artículo 17 estipula 60 días para dictar sentencia, o si lo harán basados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece 180 días para pronunciarse. "Todavía no hemos leído el
texto del recurso, así que no puedo dar una opinión al respecto", dijo. "Primero examinamos si el recurso es procedente o no. Si se admite hay 15 días para
pronunciarse y cinco días más para que el recurrente llene los requisitos si existe alguna omisión", explicó Ramos. Según el magistrado Fernando Zelaya Rojas —también miembro de esa Sala— resolver
un recurso de inconstitucionalidad puede llevar de dos a tres meses. "No podemos negar aspectos políticos que a veces obligan a la CSJ a dedicar un estudio rápido a este tipo de recursos", admitió.
Advirtió que "mientras no se resuelva el recurso, el proceso se debe llevar de la manera más prudente posible", y dijo que en el caso de que la CSJ declare inconstitucional la
privatización "se puede parar" o de lo contrario "seguir adelante". Gobierno no descarta retraso El mismo gobierno no pone sus manos al fuego en cuanto al cumplimiento del actual calendario. Según el ingeniero Edgar Quintana, presidente ejecutivo de ENEL, "siempre
hay en el camino algún tropiezo"."Por eso creemos que un mes o 45 días no sería un desplome para esperar que la privatización de la distribución pase a manos de los privados en este año. A menos que
las ofertas que presenten los inversionistas no sean atractivas para los intereses de Nicaragua", explicó. Quintana reiteró que el decreto ejecutivo le da potestad al Ejecutivo para privatizar y
vender este bien del Estado. "Siempre he dicho y sostengo que los abogados redactan las cosas para confundirlas. Redactan las leyes para verse obligados después a hacer
una interpretación. La CSJ es la que tiene que decir la última palabra", aseveró. Y aceptó que si la CSJ falla a favor de los recursos introducidos, se abrirá otro proceso
de privatización. "O consultamos con el FMI, BID, Banco Mundial, a ver si lo único que hacemos es guardar esas ofertas esperando que se resuelva en la Asamblea, y llamar al
que ganó y decirle: ¿todavía mantiene la oferta? Si no, pues iniciamos de nuevo el proceso. Mientras tanto, llegamos hasta el momento de presentación de las ofertas", añadió.
En caso de que se atrase el proceso de privatización, el gobierno confía en la inversión extranjera para que no falle la energía en el país. En este sentido, la planta
hidroeléctrica Copalar está interesada en invertir 600 millones de dólares, según el funcionario. En esta compañía hay inversionistas europeos, norteamericanos y brasileños.
"Vamos a estar atentos para firmar nuevos contratos de compra-venta de energía. Ahorita hay en fila varios inversionistas que quisieran instalar nuevas plantas de
generación. Entre ellos están Monte Galán, de capital norteamericano, que son aproximadamente 80-100 megavatios. Están esperando que les demos el visto bueno", dijo Quintana.
"Está también en espera la firma del contrato de las plantas eólicas. Está la ENRON y una firma española, que serían 40 megavatios adicionales. Ellos presentaron sus ofertas,
determinamos la orden de prioridad y estamos negociando quién es el oferente más atractivo. Nos pareció un poquito alto el precio ofertado y estamos sentados a la mesa
para ver el precio más atractivo. En dos, tres semanas más podríamos tener algún resultado", agregó. "En el momento en que observemos que va a haber un tropiezo en la privatización,
inmediatamente seguimos negociando con esta gente para que sigan instalando más plantas y nosotros seguir ampliando el sistema de distribución y reforzando la transmisión", insistió.
Quintana adelantó que el gobierno firmó contrato con empresarios israelitas para mejorar y ampliar la capacidad de generación de Momotombo. La firma Coastal, por su lado, solicitó ampliar su capacidad en 20 megavatios.
"Firmamos un contrato con AMFELS para ampliar en 36 megavatios más su capacidad instalada. Corinto tiene 20 megavatios más adicionales, y firmamos con San Jacinto
Tizate para 135 megavatios. En nuestros cálculos tenemos garantizada energía hasta el año 2,003", señaló. Y con el Ingenio San Antonio, el Ejecutivo también firmó un convenio para la
producción de biogás a través de una planta de 15 megavatios, con el desecho de la caña y el eucalipto. "Ellos están sembrando cerca de 20 mil manzanas de eucalipto. Lo
que queremos es garantizar el suministro de energía a la población y a los inversionistas que vienen a Nicaragua", manifestó. Los atrasos
Parte de los "tropiezos" del proceso de privatización es el atraso de una misión mixta
que debió partir en enero a realizar un recorrido internacional para ofertar la empresa estatal, pero que salió hasta principios de febrero, lo cual ha provocado un atraso de 30
días, admitió el funcionario. Actualmente hay 24 compañías interesadas en la convocatoria, y entre 12 y 14 han comprado documentos de precalificación, los cuales entregarán a mediados de abril.
La salida tardía de la misión ocurrió, según Quintana, porque no se habían aclarado temas como porcentajes de venta, legalización de propiedades, determinación del área
geográfica de la distribución, forma en que se pretende vender las plantas de generación, entre otros. Sindicato firme Contrario a la versión oficial, el sector sindical mantiene su posición. El once de febrero pasado introdujo un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de
Justicia (CSJ)."El proceso se ha atrasado y el recurso de inconstitucionalidad introducido por la bancada sandinista y el sindicato podría paralizar la privatización", señaló a Confidencial
Rosa Argentina Hernández, secretaria de organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de Managua. "El gobierno está presionado por los organismos financieros internacionales, y en vista
que se le cayó la privatización de ENITEL y quedaron muy mal parados, no se pueden dar el lujo de que se les retrase o paralice el proceso de privatización de ENEL.
Entonces, decidieron, con base en ello, que la mejor opción era un decreto que viene a violentar la legislación y la Constitución", aseguró. Y enumeró tres razones que, a su juicio, ha retrasado el proceso de privatización de la
empresa eléctrica: los compromisos legales (relacionados con los contratos de compra y venta de energía), la finalización del inventario de los activos de la empresa y las
deudas con México y Venezuela en concepto de hidrocarburos, "deuda que podría asumir el Instituto Nicaragüense de Energía (INE)".
URE rebelde con Contraloría En septiembre de 1999, la Contraloría envió una carta al ingeniero Salvador Quintanilla,
director de la Unidad de Reestructuración de ENEL (URE) —encargada de privatizar dicha compañía—, en la cual le indicó la necesidad de una ley especial para privatizar
la firma estatal. Sin embargo, según el sindicato, "no están haciendo caso y están omitiendo este señalamiento de la CGR". "Para abril debían estar vendidas las empresas de distribución. Incluso, la segmentación
de ENEL se iba a dar en enero, y ya estamos en febrero y no ha pasado nada". "Emitieron un decreto para obviar a la Asamblea Nacional y así sacarlo más rápido,
además, para que no se establezca de qué manera se van a utilizar los fondos de la privatización. El gobierno queda con las manos sueltas para utilizarlos como mejor le
convenga, ese es otro de los intereses para no pasarlo por la Asamblea". (Colaboración de Valeria Imhof) |
