Ojo de Mujer
¿Quién le rinde cuenta a las mujeres?

MARIA TERESA BLANDON

La década de los noventa se caracterizó no sólo por la aceleración de los procesos de globalización neoliberal, sino por ser la década de las Conferencias Internacionales organizadas por el Sistema de Naciones Unidas, dentro de las cuales está la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing, China, en septiembre de 1995.

Esto nos pone en la década que  comienza frente a nuevas reuniones y conferencias para evaluar la implementación de los acuerdos adoptados tras el primer quinquenio. Así, en Lima, Perú, el Consejo Económico para América Latina y el Caribe (CEPAL) reunió del 8 al 10 de este mes a representantes de los gobiernos de la región, para evaluar el cumplimiento de la Plataforma de Acción Mundial (PAM) aprobada durante la Conferencia de Beijing.

Representantes del movimiento feminista de la región nos reunimos también tres días antes de la reunión de gobiernos, para compartir nuestras propias evaluaciones y articular nuestras demandas.

Si bien la reunión convocada por CEPAL fue de avance en términos de reconocimiento de los derechos de las mujeres y a pesar de que algunas cosas han cambiado después de Beijing, la situación actual de las mujeres centroamericanas es bien distante de los compromisos y obligaciones asumidos por los gobiernos. Como muestras, estos botones:

— La mayoría de los gobiernos centroamericanos no elaboraron planes nacionales para la implementación de la Plataforma de Acción, limitándose al impulso de acciones aisladas, de poco impacto y no sostenibles; no han definido presupuestos (con excepción de Panamá y Costa Rica) y en ningún país existen planes de  combate a la pobreza que reconozca a las mujeres como sujetos de derechos.

— La mayoría de los Institutos de la Mujer como entes rectores de las políticas de género (tal era el acuerdo consignado en la PAM) se han debilitado, y, en muchos casos, se han convertido en meros ejecutores de proyectos de poco impacto. Un ejemplo típico es el caso de Nicaragua, en donde el Instituto de la Mujer se supeditó al Ministerio de la Familia, despojándolo de la función para la cual fue creado.

Esta realidad  muy poco tiene que ver con la retórica de los gobiernos. En esta  reunión de la CEPAL tuvimos que presenciar posiciones extremas, como la expresada por la delegación de Nicaragua, compuesta por las señoras Auxiliadora Cuadra y Elida de Solórzano —ambas funcionarias del Ministerio de la Familia—, que se atrevieron a presentar un informe inconsistente y mentiroso sobre supuestas acciones desarrolladas por el gobierno para promover el adelanto de las mujeres.

Más aún, la delegación de Nicaragua se atrevió a circular un documento llamado "Glosario de Género" con el sello oficial del gobierno de Nicaragua, donde a manera de ejemplo, señalan que Género es un concepto relacionado con las diferencias biológicas de hombres y mujeres, negando con ello el peso de la cultura en la construcción de relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Ante el resto de delegaciones quedó en evidencia el nivel de atraso, incompetencia e insensibilidad de la clase política dominante en nuestro país.

Todas las delegaciones, excepto Nicaragua, reconocieron las limitaciones de tipo estructural que impiden mayores avances en el impulso de la PAM. Sólo doña Elida cree firmemente que las mujeres pobres, en su mayoría, no buscan un empleo fijo porque trabajar en el mercado informal les permite estar más tiempo con sus hijos y disfrutar de la paz de su hogar.

Todas las delegaciones ratificaron los acuerdos asumidos para implementar la Plataforma de Acción Regional e hicieron renovados compromisos por retomar los acuerdos durante los próximos cinco años. El único problema es que a estas conferencias no asisten los presidentes de la república, ni los ministros de hacienda y crédito público, ni los directores de los bancos centrales, ni los jefes de los parlamentos, ni los funcionarios del Banco Mundial y del FMI.

Y cuando son estos señores los que se sientan a negociar, no hablan de los derechos de las mujeres, de violencia sexual, de muertes maternas, ni de los dramáticos procesos de feminización de la pobreza.

¿Qué hacemos con los acuerdos de Beijing? ¿Quiénes son los responsables de su implementación? ¿A quién sancionamos en caso de incumplimiento? La desigualdad y subordinación de las mujeres no se modificará en tanto la sociedad en su conjunto, no asuma la  responsabilidad que le compete en la deconstrucción de este poder lesivo a nuestros derechos. En tal sentido invitamos a los diversos actores a que se respondan a sí mismos y den cuenta  a las mujeres sobre los siguientes aspectos:

— ¿Qué están haciendo los partidos políticos para promover la igualdad de oportunidades dentro de su organización, más allá de establecer cuotas que luego regatean dependiendo de la importancia de los cargos?

— ¿Qué hacen las concertaciones de la sociedad civil para democratizar sus agendas, más allá de poner a competir los derechos de las mujeres con los de otros grupos excluidos?

— ¿Qué hacen los medios de comunicación para no interpretar la situación de las mujeres desde enfoques anacrónicos y aportar a la construcción de nuevos paradigmas de relación humana?

— ¿Qué hacen los empresarios privados de Centroamérica para aportar a la justicia económica para las mujeres, más allá de explotar la fuerza de trabajo femenina tanto en lo doméstico como en lo público?

— ¿Qué hacen las jerarquías de la Iglesia Católica, más allá de reprimir los derechos sexuales de las personas y oponerse rotundamente a la autonomía de los cuerpos de las  mujeres?

Sólo en la medida que cada actor social se conteste a sí mismo con honradez, sobre su responsabilidad con los Derechos Humanos de las mujeres, habremos avanzado en la construcción de sociedades democráticas y desarrolladas, mientras tanto, seguimos en la barbarie.