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Estado-ONG y democracia

Carlos F. Chamorro

A  raíz de la crisis asiática ocurrida a finales de la década pasada  y los modestos resultados del ajuste estructural en América  Latina, terminó de validarse un profundo replanteamiento en torno a los paradigmas internacionales de la economía política del desarrollo.

Si bien no todos están de acuerdo en que el ciclo neoliberal ha llegado a su fin, la visión ideologizada del mercado absoluto como correctivo de todos los males anteriores, ha cedido ante nuevos conceptos como capital social, desarrollo de las instituciones democráticas, transparencia de la función pública, relación Estado-sociedad civil, relanzando un nuevo cuerpo de planteamientos.

La nueva visión se sintetiza en un postulado básico: sin un Estado fuerte y capaz y sin una sociedad civil igualmente fuerte y dinámica, no hay desarrollo sostenible. 

Los viejos maniqueísmos: Estado vs. mercado, sociedad civil vs. Estado, que la ideología neoliberal presentó como polos opuestos en la ecuación del desarrollo han quedado, al menos de forma teórica, ampliamente superados.

Un abanico de casos empíricamente estudiados en el mundo subdesarrollado y desarrollado —India, Austria, Taiwan, y algunas regiones de Brasil, entre otras—  demuestra que ahí donde ha existido una convergencia entre un Estado basado en normas, instituciones y una burocracia socialmente motivada y eficaz, y un pujante movimiento social, las posibilidades de superar los obstáculos del subdesarrollo se incrementan de manera considerable.

Hay dos razones básicas para abogar por esta relación sinérgica entre el Estado y la sociedad civil. 

La primera es económica y práctica: las ONG no sólo son receptoras  netas de recursos externos (en el caso de Nicaragua administran más de 100 millones de dólares en diversos proyectos), sino que por su naturaleza descentralizada y flexible, cuentan con redes que les permiten llevar recursos a localidades en las que no existe presencia del Estado. Adicionalmente, en países donde existe una estrategia de desarrollo nacional, o al menos regional o local, la inserción de las ONG —el caso de las microfinancieras es sólo uno de los ejemplos más visibles— arroja resultados ejemplares en términos de eficiencia social para incorporar nuevos actores a la vida productiva.

La segunda razón a favor de una visión compartida del desarrollo, Estado-sociedad civil, es eminentemente política y, a largo plazo, más importante aún que la primera. Una sociedad civil fuerte es la base del ejercicio de los derechos de ciudadanía, que a su vez representan la esencia de la democracia. Ahí donde existen movimientos sociales que desde abajo empujan la transformación del Estado, y la sustitución del clientelismo político por un régimen de gestión de derechos, no sólo los partidos políticos son más vigorosos y democráticos, sino que las posibilidades de que la democracia eche raíces permanentes son mayores. Precisamente, mucho de esto es lo que hace falta en Nicaragua, donde las instituciones democráticas se desarrollan al ritmo del financiamiento y las condicionalidades de la comunidad internacional, y tienen poca relación con la débil dinámica de la masa mayoritaria y excluida. 

Para desgracia nuestra, aquí estamos aislados y de espaldas al debate internacional, y para remate, la estrechísima visión política del gobierno liberal está empeñada en enterrar toda posibilidad de conformar una visión compartida de desarrollo y democracia. 

Las recientes declaraciones del presidente Alemán, quien acusó a las ONG de ser "contratistas de puestos burocráticos", y su consecuente orden terminante para que el Ministro de Gobernación traduzca sus amenazas en acciones contra las ONG, incluyendo la revisión del proceso de nacionalización de Ana Quiroz, enlace de la Coordinadora Civil de ONG, resumen esta irresponsable mentalidad autoritaria.

Porque no es sólo el derecho individual de Quiroz, como nicaragüense, lo que está en juego, sino el derecho a la autonomía de las ONG, y su derecho a promover la participación ciudadana, incluso al margen del Estado, cuando éste cierra los espacios democráticos. Al abrir el expediente Quiroz, Alemán ha reducido estúpidamente el concepto de ciudadanía a la concesión de un pasaporte —cuya cancelación está en sus manos—, ignorando que el caso simboliza los derechos ciudadanos de toda una aspiración nacional que anhela la democracia.

Por fortuna, el ataque de Alemán contra las ONG sólo viene a confirmar, nacional e internacionalmente, la urgencia de fortalecer estos espacios de desarrollo con más recursos externos y proyectos, para que no sean aplastadas por el pacto libero-sandinista.

Ayer fue contra la comunidad internacional, hoy el blanco son las ONG, y mañana lo serán los medios de comunicación. ¿Quién será el próximo en esta loca carrera de Alemán por construir una nueva candidatura?